Por: Ermes Dovico
(ZENIT Noticias – Brújula Cotidiana / Washington, 16.03.2022).- El comercio de líneas celulares, tejidos y órganos de niños abortados voluntariamente con fines de “investigación científica” es una realidad bien conocida, aunque se informa poco de su carácter trágico. Pero la verdad que está saliendo cada vez más a la luz en Estados Unidos a partir de documentos oficiales y de las opiniones de diversos expertos es la posibilidad de que los órganos se obtengan habitualmente de niños que aún están vivos en el momento de la extracción. Estamos hablando, atentos, de investigación financiada con dinero público.
El tema preocupa a los grupos próvida desde hace muchos años, pero desde agosto de 2021 se han añadido las 252 páginas de nuevos documentos del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS), que el Center for Medical Progress -representado legalmente por Judicial Watch– obtuvo tras una demanda presentada contra el HHS después de que no respondiera a una solicitud anterior de la Ley de Libertad de Información.
A través de su análisis de las citadas 252 páginas, el Centro para el Progreso Médico (CMP) descubrió que en 2015 la Universidad de Pittsburgh presentó un proyecto al HHS solicitando más de 3,2 millones de dólares en fondos federales durante un periodo de cinco años (hasta agosto de 2021 había recibido al menos 2,7 millones), con el objetivo de ampliar su colección de tejido fetal de hace décadas y convertirse así en un verdadero centro de tejidos y otras partes de bebés abortados de entre 6 y 42 semanas de edad gestacional. En particular, el proyecto de la Universidad de Pittsburgh hizo hincapié en el registro del “tiempo de isquemia caliente en nuestras muestras y en la adopción de medidas para reducirlo al mínimo a fin de garantizar la máxima calidad de las muestras biológicas”.
Esto sugiere, como señala el CMP, que el tiempo que transcurre entre el aborto y la extracción de los órganos es mínimo. Una opinión confirmada por muchos profesionales, entre ellos la doctora Ronna Jurow, ginecóloga que se define como proabortista y con un pasado en Planned Parenthood. Jurow, basándose en las declaraciones del proyecto de la Universidad de Pittsburgh y en las posteriores declaraciones de uno de sus portavoces (David Seldin), declaró a Fox News que “no hay duda” de que el bebé está vivo durante la extracción. Para Kathi Aultman, antigua abortista y ahora ginecóloga provida, según las palabras sobre el tiempo isquémico, “el bebé tendrá que nacer vivo o ser asesinado inmediatamente antes de nacer”. Otra doctora, Christina Francis, presidenta de la Asociación Americana de Ginecólogos Pro-Vida, argumenta: “Si se dice que el tiempo de isquemia comienza después de la extracción del tejido, significa que el bebé sigue vivo en el momento en que se extrae el tejido”. Una barbaridad que la doctora Francis compara con las prácticas del infame Kermit Gosnell.
Más de 90 diputados republicanos firmaron una carta fechada el 21 de septiembre de 2021, en la que pedían a las autoridades competentes que investigaran los procedimientos de aborto utilizados en la investigación de la Universidad de Pittsburgh, en particular la posibilidad de que se extrajeran órganos de bebés nacidos vivos -tras un aborto inducido- y que esta extracción fuera “la causa de la muerte”.
Los experimentos de este tipo en la Universidad de Pittsburgh tienen casi un siglo de antigüedad, como recordó David Daleiden, fundador del CMP, sobre el trabajo del doctor Davenport Hooker, que “filmó sus experimentos en los años 30 y 50 probando los reflejos de los bebés abortados vivos hasta que morían. Las imágenes están disponibles en YouTube”.
La Universidad de Pittsburgh ha tratado de desmarcarse encargando una revisión legal de sus prácticas a la firma Hyman, Phelps y McNamara, que por un lado concluye que las actividades de la universidad sobre “investigación con tejidos fetales humanos” se ajustan a la ley, pero por otro lado advierte que su revisión legal se limita a las áreas en las que la propia universidad tiene responsabilidad directa y, por tanto, no cubre “la toma de decisiones clínicas o la prestación de atención médica como el aborto, por parte de personas que actúan como empleados del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC)”, una entidad privada que no depende de la universidad pública de la que deriva su nombre.
Por lo tanto, es evidente que la cuestión sigue abierta. Sin embargo, existe una turbia conexión: “Los proveedores de abortos de Planned Parenthood forman parte del personal de la Universidad de Pittsburgh y realizan abortos en el UPMC para obtener fetos para los experimentos de la universidad”, explica Daleiden, que es conocido por haber documentado una compraventa sistemática de partes de bebés abortados en los últimos años. Además, el cumplimiento formal de la ley no es sinónimo de moralidad: el hecho de que el aborto inducido esté permitido por la ley no elimina el pecado, ni la problemática ética -aunque con diferentes niveles de responsabilidad- de sus “frutos”.
En este sentido, hay que recordar que con la presidencia de Biden se ha producido una reversión de las políticas adoptadas por Trump. En abril de 2021, el HHS revocó la decisión que se había tomado dos años antes de someter la concesión de fondos a proyectos sobre tejido fetal a la evaluación de un comité ético.
Además, según reconstruyó a principios de febrero White Coat Waste, un grupo que se opone a la experimentación con animales, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) tienen previsto gastar este año 88 millones de dólares en la investigación con tejidos humanos fetales. De esta cantidad, ya se han asignado 27 millones de dólares a la investigación en curso, de los cuales el 80% (21,6 millones de dólares) proceden del departamento dirigido por Anthony Fauci, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Entre los experimentos está el trasplante de órganos de bebés abortados a ratones. En concreto, en uno de los experimentos financiados por el NIAID de Fauci en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, “se implantaron en ratones trozos de médula ósea, hígado y timo fetales para que sus cuerpos imitaran el sistema inmunitario humano”. También es tristemente célebre el experimento de la Universidad de Pittsburgh con cabelleras de bebés abortados trasplantadas a ratones.
Esta investigación no sólo es inmoral, sino que ni siquiera es necesaria. El vicepresidente del Instituto Charlotte Lozier, David Prentice, doctor en bioquímica, declaró al National Catholic Register que tales experimentos son “ciencia anticuada”, cuando “hoy en día existen técnicas mejores y ciertamente éticas, como el uso de células madre adultas”. Prentice cree que el problema de estas multimillonarias subvenciones de los NIH es que están acostumbrados a este tipo de investigaciones, al menos cuando el Partido Demócrata está en el poder, y que “piensan que el aborto está bien, así que no ven el problema”. A esto se añade la “comodidad”, como señala Daleiden, “de tener una ‘cadena de montaje’ de ‘material’ biológico humano fresco y vivo para uso comercial y experimental”.
Esto sirve para recordar que si se utiliza cualquier producto farmacéutico, cosmético o alimentario -diseñado, fabricado y/o probado con líneas celulares derivadas de bebés abortados-, siempre existe una cooperación, al menos remota, con la maldad y también con la comercialización (véase, por ejemplo, el documento de la Pontificia Academia para la Vida de 2005). Si incluso una gran parte de los católicos ha dejado de oponerse a este tipo de sistema, está claro que es poco probable que las instituciones, la industria del aborto y las empresas que la alimentan cambien de línea.
