(ZENIT Noticias / Helsinski, 30.03.2022).- Un tribunal finlandés ha defendido el derecho a la libertad de expresión al desestimar todos los cargos contra la diputada finlandesa Päivi Räsänen y el obispo Juhana Pohjola. En una sentencia unánime, el tribunal concluyó que “no corresponde al tribunal de distrito interpretar los conceptos bíblicos”. La fiscalía ha sido condenada a pagar más de 60.000 euros en costas judiciales y tiene siete días para apelar la sentencia.
La exministra del Interior había sido acusada de “incitación al odio” por compartir sus opiniones religiosas sobre el matrimonio y la moral sexual en un tuit de 2019, en un debate radiofónico del mismo año y en un folleto de 2004. El obispo fue demandado por publicar el folleto de Räsänen para su congregación hace más de 17 años. Su caso ha acaparado la atención de los medios de comunicación a través del mundo entero este año después de que expertos en derechos humanos expresaron su preocupación por la amenaza que este caso suponía para la libertad de expresión en Finlandia.
“Estoy muy agradecida de que el tribunal haya reconocido la amenaza a la libertad de expresión y haya fallado a nuestro favor. Siento que me he quitado un peso de encima tras ser absuelta. Aunque estoy agradecida por haber tenido esta oportunidad de defender la libertad de expresión, espero que esta sentencia ayude a evitar que otros tengan que pasar por el mismo calvario”, dijo Päivi Räsänen tras su absolución.
Las enseñanzas cristianas, a prueba
El juicio, de gran repercusión, recibió una gran atención, sobre todo después de que la acusación arremetiera contra las principales enseñanzas cristianas e interrogase a Räsänen y al obispo sobre sus creencias en el tribunal. La fiscal comenzó el primer día del juicio dejando claro que el caso no era sobre las creencias o la Biblia.
A continuación, citó versículos del Antiguo Testamento y criticó la frase “ama al pecador, odia el pecado”. En su alegato final, la fiscalía alegó que el uso de la palabra “pecado” puede ser “perjudicial” y pidió cuantiosas multas en caso de fallo condenatorio.
La libertad de expresión se impone
La defensa de Räsänen, apoyada por la organización de defensa legal ADF International, argumentó que declararla culpable dañaría notablemente la libertad de expresión en Finlandia. Lo que dijo Räsänen, argumentaron, era una manifestación de las enseñanzas cristianas.
El Tribunal reconoció que, aunque algunos pueden objetar las declaraciones de Räsänen, “debe haber una razón social imperiosa para interferir y restringir la libertad de expresión”. El Tribunal concluyó que no existía tal justificación.
“Acogemos con satisfacción la sentencia del Tribunal de Distrito de Helsinki. Es una decisión importante, que defiende el derecho fundamental a la libertad de expresión en Finlandia. En una sociedad libre, todo el mundo debe poder compartir sus creencias sin miedo a la censura. Esta es la base de toda sociedad libre y democrática. Criminalizar el expresarse mediante las denominadas leyes de “discurso del odio” bloquea importantes debates públicos y supone una grave amenaza para nuestras democracias”, continuó Coleman, autor de “Censurado: Cómo las leyes europeas contra el odio amenazan la libertad de expresión”.
Apoyo internacional a la libertad de expresión
En los dos días del juicio (el 24 de enero y el 14 de febrero) se reunieron varias multitudes ante el tribunal de Helsinki para expresar su apoyo a la política y al obispo. En Hungría, más de 3.000 personas se reunieron frente a la embajada de Finlandia en Budapest para manifestarse contra las acusaciones antes de que se oyeran los argumentos finales.
Räsänen también ha recibido cartas de apoyo de muchas confesiones como el Consejo Luterano Internacional -con obispos y presidentes de sínodos de todo el mundo-, la Alianza Evangélica Europea, las iglesias católicas y pentecostales de Lituania, representantes de las iglesias evangélicas, católicas, baptistas, pentecostales, reformadas y unitarias de Rumanía, así como la Iglesia Evangélica de Macedonia, ONGs cristianas de Letonia y otros particulares.
Varios senadores estadounidenses escribieron una carta dirigida a Rashad Hussain, embajador de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, en la que expresaban su preocupación por el “alarmante” juicio contra Räsänen: “Nos preocupa enormemente que el uso de la ley finlandesa de incitación al odio equivalga a una ley de blasfemia laica. Podría abrir la puerta a la persecución de otros cristianos, musulmanes, judíos y fieles de otras confesiones por manifestar públicamente sus creencias religiosas”, se lee en la carta.
En enero, diputados británicos presentaron una moción urgente en el Parlamento en la que destacaban el controvertido procesamiento y planteaban su preocupación por “las posibles implicaciones de este caso para otros países”.
Juicio por un tuit
Las investigaciones policiales contra Räsänen comenzaron en junio de 2019. Como miembro activo de la iglesia luterana finlandesa se había dirigido a los dirigentes de su iglesia en Twitter y había cuestionado su patrocinio oficial del evento LGTB ‘Orgullo 2019’, acompañando el mensaje con una imagen de versículos del libro de Romanos del Nuevo Testamento. Tras este tuit se iniciaron nuevas investigaciones contra Räsänen, que se remontan a un folleto de la iglesia que Räsänen escribió hace casi 20 años.
En los últimos dos años, Räsänen fue interrogada varias veces sobre sus creencias cristianas y la policía le pidió con frecuencia que explicara su interpretación de la Biblia.
En abril del 2021, la fiscal general de Finlandia presentó tres cargos contra Räsänen. Dos de ellos habían llegado después de que la policía recomendara encarecidamente no continuar con el proceso. Las declaraciones de Räsänen tampoco infringían las políticas de Twitter o de la cadena nacional, por lo que seguían estando disponibles libremente en sus plataformas. El Tribunal de Distrito de Helsinki ha absuelto ahora a Räsänen de todos los cargos.
Räsänen es diputada finlandesa desde 1995. Del 2004 al 2015 fue presidenta de los democristianos y del 2011 al 2015 fue ministra del Interior. Durante este tiempo fue responsable de los asuntos eclesiásticos en Finlandia.