Por: Stefano Gennarini
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 18.08.2022).- La Unión Europea, junto con el gobierno de Biden, están intentando forzar a la Asamblea General a adoptar una resolución que reivindique el aborto como un derecho humano.
Los delegados están en las fases finales de la negociación de una resolución de la Asamblea General que declara el «acceso al aborto seguro» como una política que los gobiernos deben seguir para «garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y su salud sexual y reproductiva».
A pesar de las reiteradas objeciones de los países que protegen la vida de los niños en el vientre materno o que tienen leyes restrictivas sobre el aborto, la resolución se está considerando con el controvertido nuevo lenguaje para su adopción a finales de mes.
La resolución supondría una importante victoria para el derecho al aborto tras años de estancamiento en los debates de la ONU y daría un claro mandato a los organismos de la ONU de que el aborto debe promoverse como un derecho humano. El lenguaje sobre el «aborto seguro» en la resolución ha sido rechazado en múltiples negociaciones de otras resoluciones en la última década.
Forzar la inclusión de este lenguaje se convirtió en una gran prioridad para los países occidentales progresistas que apoyaron la resolución desde el principio, incluidas las principales potencias de la Unión Europea y la administración Biden. El diplomático japonés que dirigió las negociaciones se mostró inflexible al afirmar que las delegaciones no podían suprimir ni añadir nada al lenguaje sobre el aborto, lo que esencialmente cerró las negociaciones. A pesar de las repetidas objeciones durante el verano, el lenguaje se mantuvo sin cambios en el borrador.
Los delegados se mostraron confusos y decepcionados ante esta intransigencia, llegando a cuestionar la buena fe de las delegaciones patrocinadoras de la resolución. Personas cercanas a las negociaciones declararon a Friday Fax que no se acordó por consenso ni un solo párrafo de toda la resolución antes de que se presentara el proyecto esta semana, apartándose del procedimiento diplomático que se sigue desde hace tiempo en las negociaciones de la Asamblea General. Quince países intentaron bloquear la presentación de la resolución, sin éxito.
Los delegados estaban aún más confusos por el hecho de que la Unión Europea parecía manipular las negociaciones. Los Estados miembros de la UE, que se encuentran entre los principales defensores de la resolución, negociaron de forma agresiva. Este no es el protocolo normal en las negociaciones de la Asamblea General. En el curso ordinario de las cosas, los principales patrocinadores de una resolución no negocian la resolución. Sólo facilitan las negociaciones.
Las delegaciones no sólo se opusieron al lenguaje sobre el aborto en la resolución, sino que también expresaron su preocupación por el lenguaje y los términos que podrían utilizarse para apoyar las políticas que promueven la homosexualidad y la transexualidad bajo el pretexto de abordar la violencia sexual, de la que las mujeres son predominantemente víctimas.
El lenguaje sobre el aborto se acerca más a establecer el aborto como un derecho humano internacional, pero no llega a ser una declaración tan rotunda porque incluye la advertencia «cuando dichos servicios estén permitidos por la ley».
El término específico «aborto seguro» no ha sido ampliamente aceptado por los Estados miembros de la ONU. Y el lenguaje que vincula el aborto a los derechos humanos ha sido aún más controvertido en las negociaciones.
Egipto, Bahréin y Arabia Saudí propusieron una enmienda para eliminar el término «aborto seguro» de una resolución del Consejo de Derechos Humanos en junio. Fue apoyada por casi la mitad de los miembros del Consejo con derecho a voto.
En la Asamblea General, el término sólo se ha incluido de forma controvertida en una resolución bianual sobre la violencia contra las mujeres patrocinada por Francia y los Países Bajos. Ambas delegaciones son firmes partidarias de un derecho internacional al aborto.
Se entiende que promover el acceso al aborto como un derecho humano socava el consenso de la Asamblea General, definido en 1994 en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, de que el aborto es una cuestión que debe decidirse en la legislación nacional sin injerencias externas, que los gobiernos deben ayudar a las mujeres a evitar el aborto y velar por el bienestar de la madre y su hijo antes y después del nacimiento.
Los países occidentales progresistas llevan casi tres décadas intentando erosionar estas salvedades de la conferencia de El Cairo a través de la labor de las agencias de la ONU.
Las agencias de la ONU promueven habitualmente la noción de «aborto seguro» bajo la rúbrica de «salud y derechos reproductivos», especialmente la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de la ONU y la agencia de la ONU para la Mujer. Pero lo han hecho en gran medida por iniciativa propia, sin un mandato de la Asamblea General.
