Por: Stefano Gennarini
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 05.11.2022).- La Asamblea General está debatiendo un tratado sobre crímenes contra la humanidad que podría utilizarse para multar y encarcelar a los conservadores religiosos y a cualquiera que se oponga a la agenda homosexual y trans.
El nuevo proyecto de tratado, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional, descarta una antigua definición de género en el derecho internacional como «los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad». Esta definición, que siempre ha disgustado a los progresistas, ha sido un obstáculo para los activistas homosexuales y transexuales durante más de veinte años.
La eliminación de esa definición de género en el nuevo tratado sobre crímenes contra la humanidad podría abrir la puerta a la persecución de cualquiera que se oponga a las ideas, el comportamiento o las prácticas homosexuales y transgénero.
La estrecha definición de género aparecía originalmente en el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Ese tratado, adoptado en 1999, incluía la «persecución» por motivos de género como crimen de lesa humanidad. La definición de género se adoptó para evitar el mal uso del término para promover agendas sociales controvertidas.
El proyecto inicial del nuevo tratado sobre crímenes de lesa humanidad se presentó de forma controvertida a la sexta comisión de la Asamblea General hace tres años sin la definición de género. Los defensores más poderosos del tratado, la Unión Europea y Estados Unidos, están presionando ahora a la Asamblea General para que apruebe el nuevo tratado. Sigue siendo controvertido, ya que otros países están preocupados por las implicaciones de este hecho.
Un representante de Marruecos, que habló en nombre de los 54 países del Grupo Africano, dijo que «no deben ignorarse las legítimas preocupaciones de todos los Estados miembros» y advirtió contra «cualquier intento de imponer las opiniones de cualquier parte o teorías o definiciones jurídicas» que no estén aceptadas internacionalmente. Varias delegaciones, entre ellas Egipto, la Federación Rusa y Pakistán, se hicieron eco de esta declaración.
Un representante de la Santa Sede fue más explícito al instar a los Estados miembros a rechazar cualquier intento de redefinir el género:
«Mi Delegación lamenta la decisión de la CDI (Comisión de Derecho Internacional) de no incluir en el proyecto de artículos la definición de género contenida en el párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que forma parte integral de la definición de los crímenes acordada durante la Conferencia de Roma de 1998».
Esto lo dijo el representante de la Santa Sede quién también rechazó la razón aportada por la Comisión de Derecho Internacional para abandonar la definición de género.
Según un informe de la comisión de 2019, la definición de género se abandonó para dar cabida a una comprensión «evolutiva» del término «género como concepto socialmente construido (y no biológico)». La comisión citó el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para añadir la orientación sexual y la identidad de género como parte de los crímenes «basados en el género», así como las opiniones no vinculantes emitidas a través del sistema de derechos humanos de la ONU.
El tratado pretende complementar la labor de la Corte Penal Internacional de La Haya en virtud del Estatuto de Roma, exigiendo a los gobiernos que tipifiquen y enjuicien de forma independiente los crímenes contra la humanidad en sus propios tribunales nacionales. Si se aprueba, es probable que el nuevo tratado se promueva en todo el mundo mediante la ayuda financiera y la orientación técnica sobre cómo debe aplicarse por parte de los organismos de la ONU y los gobiernos donantes, entre ellos la Unión Europea y Estados Unidos.
Las delegaciones están negociando actualmente una resolución para decidir el destino del tratado. Se espera una decisión sobre el camino a seguir antes de Día de Acción de Gracias.
