Por: Rebecca Oas
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 11.01.2023).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado la eliminación de cualquier norma jurídica o política que pueda impedir el acceso al aborto, en cualquier fase del embarazo y por cualquier motivo.
Basándose en su directriz técnica sobre «aborto seguro» publicada a principios del año pasado, la OMS ha publicado un documento de orientación sobre el establecimiento de un «entorno jurídico y político propicio» para el aborto.
La primera recomendación es la despenalización total del aborto. En muchos países, el aborto se considera un delito penal, con excepciones en circunstancias concretas, como violación, amenazas para la salud o la vida de la madre, o complicaciones fetales. La OMS hace un llamamiento a los países para que eliminen completamente el aborto del derecho penal, incluso asegurándose de que las leyes contra el homicidio o la puesta en peligro del feto no se utilicen en casos de aborto.
La OMS también desaconseja los «enfoques basados en motivos», en los que el aborto es legal en circunstancias específicas, y recomienda en cambio que el aborto «esté disponible a petición de la mujer, niña u otra persona embarazada». También se desaconsejan los límites de edad gestacional, así como la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios, ya que «suponen barreras al acceso al aborto y tienen efectos negativos en el ejercicio de los derechos humanos.»
La OMS también desaconseja los periodos de espera obligatorios y la autorización de terceros, o el requisito de la aprobación de un panel de médicos o de un juez, padre o cónyuge antes de abortar.
Se insta a los países a que no restrinjan «quién puede proporcionar y gestionar el aborto» de forma «incompatible con las orientaciones de la OMS». Las orientaciones de la agencia sanitaria de la ONU sobre quién puede practicar un aborto se han ampliado continuamente, abarcando a médicos, enfermeras, comadronas, farmacéuticos que recetan píldoras abortivas e incluso a las propias mujeres embarazadas bajo el nombre de «autocuidado».
La OMS no sólo considera que un amplio abanico de profesionales sanitarios son capaces de practicar abortos, sino que pueden encontrarse con la prohibición de negarse; la guía recomienda que «la atención integral del aborto esté protegida frente a las barreras creadas por la objeción de conciencia».
Afirmando aún más su compromiso de garantizar que no escaseen los abortistas, la OMS publicó un conjunto de herramientas en dos partes sobre planificación familiar y formación en «atención integral del aborto» en la educación del personal sanitario. Además de velar por que adquieran conocimientos médicos, el conjunto de herramientas se centra en garantizar que tengan las actitudes «correctas». Uno de sus aspectos es la «clarificación de valores y transformación de actitudes», un término promovido por la organización abortista Ipas, que elabora conjuntos de herramientas para acabar con las objeciones de los trabajadores sanitarios a practicar abortos.
La OMS también pretende integrar firmemente el aborto en sistemas sanitarios más amplios. La guía señala que un posible obstáculo para acceder al aborto es «la falta de financiación suficiente para la prestación de servicios de aborto a través de los sistemas de salud pública», así como «una política más restrictiva que la ley en los centros de salud». Esto podría aplicarse tanto a hospitales y clínicas laicos como religiosos, en particular los gestionados por instituciones religiosas que se oponen al aborto, como los proveedores católicos que operan en todo el mundo y proporcionan la atención necesaria a muchas de las personas más pobres del mundo.
En su anterior directriz sobre el aborto, publicada en marzo del año pasado, la OMS recomendaba «prohibir totalmente las reivindicaciones institucionales de conciencia».
En todo esto, la OMS sigue ignorando el consenso mundial de 1994, en el que las naciones acordaron que el aborto no es un derecho humano, y que el estatus legal del aborto corresponde exclusivamente a los gobiernos nacionales determinarlo.
Traducción del original en lengua inglesa realizada por el director editorial de ZENIT
