Por: Ariel Beramendi
(ZENIT Noticias / Roma, 07.03.2023).- En estas horas los analistas están resumiendo la década del pontificado del primer Papa jesuita y latinoamericano. Atan cabos, suman, restan y, en definitiva, hacen un balance desde que el Cardenal Jorge Bergoglio inició su servicio en la Sede de San Pedro con el nombre de Francisco.
En su último libro-entrevista con título «El Pastor: Desafíos, razones y reflexiones de Francisco sobre su pontificado», el Papa confirma que su misión ha sido ejecutar aquello que los cardenales pidieron en los encuentros preparatorios antes del Cónclave. Ellos pidieron al futuro Papa revitalizar el anuncio del Evangelio, disminuir el centralismo vaticano y desterrar la pedofilia. Al responder a esa pregunta, Francisco añade: «Y combatir la corrupción económica… Lamento si alguno no se dio cuenta de cómo iba a terminar esto».
De hecho, con estas convicciones sus reformas han tocado la esencia misma del organigrama vaticano y, en los últimos meses, continúan aceleradas. Permítanme la expresión popular, pero parece que Francisco está ajustando las últimas tuercas de su gran reforma.
Por ejemplo, el pasado 23 de febrero emitió un decreto personal (técnicamente llamado Motu Propio) reconfirmando que todos los bienes muebles e inmuebles comprados por la Curia o por sus entes vinculados, pertenecen al patrimonio público de la Santa Sede, y no pueden ser usados como propiedad privada sino, en nombre y bajo la autoridad del Pontífice, «para la consecución de sus fines institucionales, el bien común y al servicio de la Iglesia universal».
Ahora bien, en nuestra cultura occidental puede ser indecoroso hablar o escribir sobre el dinero, pero lo hacemos bajo el «deber de crónica». Lo hacemos en un contexto de hiperinflación, que se añade a las consecuencias de la pandemia y de la actual guerra en Ucrania, que han tenido una incidencia directa en las arcas individuales e institucionales.
Si bien, en marzo del 2021, Francisco había dispuesto la rebaja un 10% del salario de los cardenales, un 8% el de los jefes y secretarios de dicasterios, y un 3% el de los clérigos y religiosos. Recientemente la noticia sobre la abolición de la dotación de apartamentos gratuitos o a precios de favor, causó gran curiosidad.
Creemos que se debe contextualizar y explicar esta decisión para no quedarse en lo anecdótico o ideológico. Antes que nada, aclaremos que Italia y la Ciudad del Vaticano son dos estados distintos. El pequeño estado tiene un patrimonio inmobiliario que –en su gran mayoría– se encuentra en territorio italiano, los analistas indican que serían al menos 2.400 apartamentos, 600 oficinas, además de espacios que se alquilan para tiendas. Obviamente este patrimonio adquirido con los años ayuda a sostener los gastos de un estado: manutención, impuestos, salarios, sanidad, pensiones a jubilados, etc., etc.
Hasta ahora, un porcentaje de estos apartamentos han sido destinados a la residencia gratuita de los principales colaboradores del Papa. Es decir, la nominación de un cargo dirigencial (hasta hace poco solo cardenales) venía con la dotación de un lugar para vivir (los superiores con un cargo de segundo nivel como: vice, sub, adjunto, etc., pagaban la mitad del alquiler). Todos los demás trabajadores del estado, unos cuatro mil, podían solicitar el alquiler de un piso, a un preció ligeramente inferior al del mercado, pero las listas de espera eran incluso de décadas.
Pues bien, el pasado primero de marzo salió a la luz que el Papa realizó un acto legislativo cancelando ese privilegio. El texto no fue publicado por el sistema de comunicación del Vaticano, pero se lee claramente que el origen de esta decisión se debe al contexto económico de particular gravedad. De todas maneras, cualquier excepción podrá ser abrogada por el mismo Papa.
El autor de esta crónica, Ariel Beramendi, es sacerdote y comunicador. Vive en Roma.
