(ZENIT Noticias – Humanitas / Santiago, 22.03.2023).- Conocer y enfrentar los abusos sexuales ocurridos por décadas dentro de la Iglesia, especialmente contra menores y personas vulnerables, es quizás una de las realidades más duras y dolorosas a las que nos hemos enfrentado como institución en este siglo.
Gracias a la valentía de muchas víctimas hemos podido constatar, horrorizados, el daño causado y el hecho de que no lo supimos ver y que muchas veces fuimos nosotros mismos agentes de silenciamiento, pues, cuando vimos, no supimos actuar a tiempo ni adecuadamente. Nos pareció inverosímil la existencia de abuso en los espacios de la Iglesia, porque la mayoría de quienes pertenecemos a la institución hemos tenido en ella la experiencia del bien y de la apertura desinteresada al amor fraterno. No estuvimos atentos y estos hechos se hicieron invisibles, dejando a muchas víctimas en soledad. Hoy los abusos son una sombra en la vida de nuestras iglesias y comunidades y los hallazgos de disciplinas como la psicología y la criminología hacen inaceptable la pasividad. Todos debemos dejarnos interpelar y transformar por esta dolorosa realidad.
El Papa Francisco ha insistido en una política de tolerancia cero en la Iglesia y ha animado a las distintas iglesias particulares a no esconder esta realidad. Sin embargo, no todas las iglesias han avanzado al mismo ritmo ni han logrado darle la atención debida. Algunas iglesias particulares han avanzado con más determinación, dando pasos importantes para la comprensión, reconocimiento, prevención y reparación de tales crímenes, mientras que para otras iglesias el proceso ha sido más lento, lleno de desaciertos y cegueras, dejándolas incapacitadas para implementar políticas de prevención, atención a las víctimas y para saber enfrentar a tiempo los casos cuando aparecen. Este ha sido un proceso difícil y en constante desarrollo que va incorporando nuevos conocimientos y experiencias y donde las distintas iglesias van nutriéndose mutuamente.
La realidad de los abusos en la Iglesia latinoamericana y el caso de los institutos religiosos
Desde principios de siglo comenzaron a aparecer en algunos países latinoamericanos los primeros casos aislados de abuso sexual en contexto eclesial. Sin embargo, en ningún país se experimentó una ola de denuncias como la que tuvo lugar en Estados Unidos y Canadá en la década de 1980 o en Irlanda a fines de los 90. Recién en el año 2018 en Chile se podría decir que se dio por primera vez en la región una ola de denuncias con características similares a las experimentadas en otras latitudes.
En todas las iglesias católicas del mundo en las que se ha estudiado de manera seria y sistemática el problema, se ha llegado a cifras relativamente similares de sacerdotes ofensores, donde las diferencias encontradas obedecen tanto al ritmo de develamiento como a la capacidad de respuesta que ofrece la institución eclesiástica (1).
Esta cifra es de alrededor de un 4% del clero involucrado en tales crímenes (2). En Latinoamérica, en cambio, son solo tres países –Chile, México y Colombia– los que contabilizan más de cien denuncias de abuso sexual en contexto eclesial, y solo en uno de ellos, Chile, se ha llegado a una proporción similar a la estimada. Esto nos lleva a suponer que en la región existe aún una realidad no develada respecto de la real magnitud y alcance del problema.
La ONG británica Child Rights International Network (CRIN) hizo un estudio en 2019 sobre los abusos en la Iglesia latinoamericana describiendo la realidad de cada país (3). A través de una revisión y actualización de estos datos es posible constatar un ritmo de develamiento dispar entre los distintos países. Así, en Sudamérica, con excepción de Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde prácticamente no existen casos de abusos sexuales en contexto eclesial, se han dado diversas denuncias, con algunos casos de gran connotación pública. Destacados son los casos de Argentina, que a la fecha contabiliza alrededor de 85 sacerdotes acusados de abuso; de Chile, que suma casi 200 casos, y de Colombia, con poco más de 100 sacerdotes con denuncias. En cuanto a Centroamérica y el Caribe, se tiene por una parte a México, cuyas cifras de clérigos acusados de abuso sexual llegan a 271 (4) y con un episcopado fuertemente involucrado, pues 12 obispos son investigados por encubrimiento (5). En el otro extremo se tiene a países como Honduras (6) y Nicaragua (7), donde prácticamente se desconocen denuncias a sacerdotes y en los que la Iglesia, especialmente en el caso de Nicaragua, se encuentra en medio de un contexto de hostigamiento constante y crisis humanitaria que vuelven difícil emprender cualquier iniciativa.
Debe constatarse, lamentablemente, que los hechos más salientes de abuso dentro de la región han sido cometidos por fundadores o líderes de institutos religiosos. Tal es el caso, por ejemplo, del mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien falleció en 2008 después de haber sido condenado en 2005 por la Congregación para la Doctrina de la Fe por abuso sexual de al menos 60 seminaristas. Según un informe actualizado en marzo de 2021, los Legionarios reconocerían actualmente a 170 menores víctimas de abusos sexuales cometidos por 27 sacerdotes de la congregación entre 1941 y 2019 (8).
Algo similar sucedió con Luis Fernando Figari, fundador y líder de los Sodalicios de Vida Cristiana, sociedad de vida apostólica nacida en Perú, quien fue condenado en 2018. Según un informe elaborado en 2017 por la comisión Elliott-McChesneyApplewhite, con expertos internacionales convocados por el mismo Sodalicio, se tendrían al menos 36 presuntas víctimas de abusos sexuales entre 1975 y 2002 por parte de los líderes de la sociedad, 19 de ellas menores.
En Argentina se tiene el caso del Instituto del Verbo Encarnado, donde la Santa Sede formuló cargos en 2016 contra su fundador, Carlos Buela, quien a la fecha acumula 12 acusaciones de abuso sexual.
Asimismo, en Brasil la asociación de los Heraldos del Evangelio se mantiene en la mira, habiendo sido investigada por el Vaticano entre 2017 y 2019 constatándose “deficiencias en el estilo de gobierno, en la vida de los miembros del consejo, la pastoral vocacional, la formación de vocaciones, la administración, la gestión de obras y la recaudación de donaciones”, por lo que se nombró a un comisario bajo cuya autoridad ha quedado la orden.
En Chile ocurrió algo similar con la sociedad pía conformada en torno a la parroquia de El Bosque, cuyo líder, el sacerdote Luis Fernando Karadima, fue declarado culpable de abuso sexual y psicológico de menores en el año 2011.
En todos estos casos el patrón se repite, constatándose problemas de carisma, de gobierno y de abusos, tanto sexuales como de poder y de conciencia. Todas ellas son instituciones nacidas después del Concilio Vaticano II, que se conformaron como grupos cerrados y exclusivos, con liderazgos absorbentes, con métodos de reclutamiento y selección a muy temprana edad e involucrando ruptura de vínculos familiares, además de contar con reglas de disciplina enormemente exigentes y en muchos casos inaceptables.
En poco tiempo estos grupos lograron adquirir gran popularidad y las vocaciones se multiplicaron en su interior. Todos ellos son ejemplos prototípicos del riesgo de deriva sectaria de la que da cuenta Dom Dysmas de Lassus, prior de la Gran Cartuja, en una reciente publicación sobre los riesgos de la vida religiosa (9), entre ellos el espíritu sectario. Consciente de estos riesgos, el Papa Francisco ha decretado una serie de disposiciones para regular estas realidades eclesiales, destacándose la publicación de la carta Apostólica en forma de motu proprio Authenticum charismatis, en noviembre de 2020, donde recordó que un criterio esencial para el reconocimiento de estos grupos es su capacidad “de integrarse en la vida del pueblo santo de Dios para el bien de todos” y establece que todo Instituto de Vida Consagrada o Sociedad de Vida Apostólica debe ser reconocido oficialmente por la Sede Apostólica y no solo por su propia iglesia particular.
Muchas veces han sido las redes de sobrevivientes las que han tenido mayor éxito a la hora de exigir justicia y darle visibilidad al drama de los abusos sexuales, a la vez que han presionado a las autoridades a ejercer sanciones, mejorar el acceso a la justicia y elaborar planes de prevención y reparación.
En Chile, por ejemplo, el primer caso sonado de abusos por parte del clero fue en 2010; sin embargo, este no generó una oleada de denuncias, hasta que en 2018 aparecieron las primeras denuncias de abusos sexuales de parte de miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas, punto de inflexión que motivó la creación de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. La organización de víctimas ayudó a desencadenar una oleada de denuncias de abusos por parte de miembros de otras congregaciones, a lo que también contribuyeron la cobertura del tema por parte de medios de comunicación internacionales y la visibilidad que obtuvo debido a la Visita Apostólica de Francisco. El viaje pontificio estuvo marcado por la polémica presencia en los actos oficiales de un obispo acusado de encubrimiento.
Fue un grupo de laicos organizados de la diócesis del obispo los que presionaron por su salida y para que se realizara una investigación. Así, tras su visita, el Papa confió una investigación al arzobispo de Malta Charles Scicluna y a Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo resultado fue un informe de 2.300 páginas escrito luego de escuchar 64 testimonios. La investigación daba cuenta de una reiterada omisión y falta de respuesta de la Iglesia chilena ante denuncias de abusos sexuales. A través de una carta enviada el 8 de abril a los obispos de Chile (10), el Papa asegura sentir “dolor y vergüenza” y reconoce haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada”. Tras la carta, convocó a Roma a los obispos de Chile para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita. Antes del encuentro, el Papa recibió en la Santa Sede a algunas de las víctimas de abuso. La fuerte movilización de laicos y sobrevivientes en Chile ha sido un factor clave para aumentar la visibilidad y concretar acciones.
Voces de víctimas también han logrado sacar a la luz algunos casos que se mantenían desconocidos y han dejado evidencia de culturas tóxicas al interior de algunos grupos eclesiales a través de libros e investigaciones. Uno de los primeros libros escritos por una víctima de abuso en la Iglesia latinoamericana fue el libro “El Legionario” (11) de Alejandro Espinosa, publicado en 2003 y donde relata los años de abuso de parte del fundador de la orden, el padre Marcial Maciel; este libro ayudó a que muchas víctimas rompieran su silencio. Espinosa no ha sido la única víctima de Maciel que ha relatado su experiencia; también lo han hecho otras, como Francisco González, en el libro “Yo acuso al padre Maciel y a la Legión de Cristo” (12). En Chile, en el año 2019, tres víctimas de Fernando Karadima relataron su largo camino de lucha en el libro “Abuso y poder”(13), y en el año 2022 se publicó el libro “Vidas robadas en el nombre de Dios” (14), donde se recopilan 19 testimonios de abuso de poder y de conciencia al interior de 12 organizaciones religiosas, entre movimientos, congregaciones, parroquias e institutos seculares.
A esta lista se suman muchos otros libros, como el de Camila Bustamante, que en 2022 publica “Siervas” (15), una investigación a las religiosas Siervas del Plan de Dios, rama femenina del grupo Sodalicio, que contiene acusaciones de abuso de poder, maltrato físico y psicológico de las que fueron víctimas diversas mujeres ligadas al grupo, incluyéndose ella misma.
El Papa Francisco, en su “Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”, mencionó que gracias al esfuerzo y perseverancia de las víctimas y de quienes les creyeron y acompañaron ha sido posible el proceso de revisión y purificación de la Iglesia (16). Luego, en la exhortación postsinodal Christus vivit, el Papa reiteró sus agradecimientos a quienes han denunciado abusos, indicando que han ayudado a la Iglesia a “tomar conciencia de lo sucedido” y de la “necesidad de reaccionar con decisión” (17). Él mismo prologó en el año 2017 el libro “Le perdono, Padre”, de Daniel Pittet, víctima de abuso sexual de parte de un sacerdote.
Clericalismo al estilo latinoamericano y otros factores que han favorecido el abuso
Con toda la belleza que tiene la Iglesia peregrinante en Latinoamérica, su vida eclesial no está exenta de problemas; su maravillosa presencia ocupa un lugar central en la vida de las sociedades, pero el poder que reviste ha estado a lo largo de su existencia prácticamente libre de contrapesos, lo que la ha hecho presa fácil del surgimiento de personas que han abusado de su estima social, tornándose peligrosos agentes de daño.
Las víctimas han encontrado una enorme dificultad de ser escuchadas y reconocidas como tales en iglesias fuertemente poderosas, con altos niveles de confianza social y con un ambiente de fuerte clericalismo. Latinoamérica es el continente más católico del mundo, con un 64% de su población católica y con una Iglesia que es la única institución que puede mostrar niveles superiores al 50% de confianza entre la población (18). Respecto del clericalismo, muchos de los informes internacionales que han estudiado los abusos han mencionado al clericalismo como uno de los factores principales que explican esta realidad (19), coincidiendo con ello el Santo Padre, quien califica al clericalismo como “terreno fértil para todas estas abominaciones” (20). Por una serie de factores históricos y culturales, el peligro del clericalismo se encuentra fuertemente presente en América Latina; así lo ha mencionado el Papa en reiteradas ocasiones, como en su Discurso a la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en julio 2013:
El clericalismo es también una tentación muy actual en Latinoamérica. Curiosamente, en la mayoría de los casos, se trata de una complicidad pecadora: el cura clericaliza y el laico le pide por favor que lo clericalice, porque en el fondo le resulta más cómodo. El fenómeno del clericalismo explica, en gran parte, la falta de adultez y de cristiana libertad en parte del laicado latinoamericano. O no crece (la mayoría), o se acurruca en cobertizos de ideologizaciones como las ya vistas, o en pertenencias parciales y limitadas.
O en su carta al cardenal Marc Ouellet, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, en marzo de 2016:
No podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar –y a las que les pido una especial atención–: el clericalismo. Esta actitud no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente.
Tal como se menciona en el “Documento para el camino” de la Asamblea Eclesial para Latinoamérica y El Caribe (marzo de 2021), este clericalismo representa para Latinoamérica un obstáculo para la sinodalidad en la vida de la Iglesia y favorece el fenómeno de los abusos de menores y su posterior encubrimiento. Es por esta razón que el Papa ha destacado constantemente la experiencia de la pastoral popular latinoamericana como espacio donde el Pueblo de Dios se encuentra libre de la influencia del clericalismo. “En mi experiencia como pastor aprendí a descubrir que la pastoral popular es uno de los pocos espacios donde el Pueblo de Dios es soberano de la influencia de ese clericalismo que busca siempre controlar y frenar la unción de Dios sobre su pueblo” (21).
Por otra parte, en el informe de la ONG Child Rights International Network se da cuenta de algunas acciones llevadas a cabo por la Iglesia de la región, aunque no únicamente ahí, que la sitúan en un contexto de encubrimiento activo de los abusos sexuales cometidos en su interior. Entre estas acciones se menciona que América Latina ha sido una de las principales regiones a las que eran enviados sacerdotes acusados de agresiones en Norteamérica y Europa.
Estos traslados fueron revelados en 2015 por una serie de reportajes de Global Post llamados “Fugitive Fathers” (22) y en 2018 por una publicación de El País (23). A su vez se mencionan otras acciones habituales que lograron acallar la realidad, tales como culpar a las víctimas o manipularlas psicológicamente, cuestionar su credibilidad, realizar pagos secretos para acallarlas o censurar a los medios de comunicación. Estas acciones se han repetido en distintas iglesias particulares en el mundo y dan cuenta de una falta de comprensión de la gravedad del daño y una equivocada comprensión del bien para la Iglesia, que privilegió la buena reputación social por sobre el bien de las personas.
A estos factores se suma otro, muy propio de la Iglesia latinoamericana: la distancia, el aislamiento y la incomunicación en que viven muchas comunidades dentro del continente, especialmente en la Amazonía, lo que genera nulos mecanismos de control y rendición de cuentas, así como también dificulta la coordinación y correcta aplicación de protocolos y normas en todas las comunidades.
El combate a los abusos desde el Vaticano
En 2001 el Papa Juan Pablo II publicó el Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, donde se promulgaron las normas sobre los delitos más graves reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, se añadió el abuso sexual a menores cometido por clérigos al elenco de delitos más graves. Estas normas se actualizaron nuevamente bajo Benedicto XVI, en 2010, y se incluyó también la pornografía infantil entre los delitos más graves. En 2013 Francisco instituyó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con la misión de estudiar y proponer modos y soluciones que sean eficaces medios de proteger a los menores en los distintos ámbitos de la Iglesia y en 2016 se publica la Carta apostólica en forma de Motu Proprio titulada “Como una madre amorosa”, donde precisa que entre las “razones graves” para la destitución de un obispo, también se considere la “negligencia”, en particular en relación con los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables.
En su “Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile” (24) del 31 de mayo de 2018, Francisco expresa su dolor ante las “atrocidades”, afirmando que se debe cambiar el clericalismo, esa mentalidad cerrada que se encuentra en la raíz de los abusos de poder cometidos dentro de la Iglesia. Meses después el Papa se dirige a todo el Pueblo de Dios en una carta (25) fechada el 20 de agosto de 2018 y publicada “en respuesta a la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia”. Ahí advirtió sobre el daño causado por la omisión de la Iglesia y hace un llamado a una renovada actitud de solidaridad como modo de hacer historia. Ya no se habla solamente de abuso sexual, sino también de abuso de conciencia y de poder.
En febrero de 2019 se realizó en el Vaticano la cumbre de obispos sobre el tema de los abusos sexuales, un encuentro de carácter global, con representantes de todas las conferencias episcopales y de las congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Tras el encuentro, el Papa hizo públicas 21 propuestas para enfrentar los abusos sexuales en la Iglesia. Luego, en mayo de 2019 se publica Vos estis lux mundi, que establece nuevos procedimientos para denunciar el acoso y la violencia y garantizar que los obispos y los superiores religiosos rindan cuentas, y en diciembre de ese mismo año se suprime el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales. En julio de 2020 se concluyó y publicó de parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe el Vademécum que había sido solicitado como uno de los objetivos prioritarios de la Cumbre de 2019, el que luego fue actualizado en 2022 conforme a las nuevas normas canónicas. Finalmente, en 2022 se publica la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que deja a la Comisión para la Protección de Menores como parte del nuevo Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Acciones llevadas a cabo para prevenir y enfrentar los abusos
Líneas guía de actuación
La primera Conferencia Episcopal del mundo en publicar líneas guía y protocolos de actuación ante casos de abuso sexual fue la Conferencia Episcopal Católica de Canadá, la que se vio golpeada en 1984 por la publicación del Badgley Report, titulado Sexual Offense Against Children in Canada. Así, en 1987 hizo circular un borrador de líneas de actuación de aplicación en ámbito diocesano y en 1992 publica un completo informe elaborado por un comité ad hoc sobre abuso sexual infantil titulado From pain to hope (26). A la Iglesia de Canadá, en cuanto a elaboración de líneas guía, le siguieron otras iglesias particulares.
En Latinoamérica las primeras líneas guía fueron publicadas después de que en mayo de 2011 la Congregación para la Doctrina de la Fe envió un subsidio a las Conferencias Episcopales para la preparación de Líneas Guía para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte del clero. Así, en 2013 la Conferencia Episcopal de Uruguay publica el “Protocolo relativo a las acusaciones contra clérigos respecto al abuso sexual de menores”, y en 2015, Colombia (27), Chile (28), Argentina (29) y República Dominicana (30) publicaron sus propias líneas guía, seguidos por México (31), en 2016. Otros países les sucedieron.
El 1 de junio de 2020 se cumplía la fecha establecida por el Papa Francisco para la entrada en vigor, en toda la Iglesia católica, de los mecanismos y procesos, fácilmente accesibles al público, para presentar informes o denuncias fundadas sobre situaciones de abuso contra personas menores de edad o en estado de vulnerabilidad. Las iglesias de la mayoría de los países centroamericanos y caribeños, sin embargo, aún no cuentan con guías o protocolos de actuación y respuesta accesibles al público.
Comisiones de escucha para realizar el primer discernimiento
Contar con un vademécum o líneas guía de actuación detalladas es quizás el paso más elemental a la hora de enfrentar el problema con verdad, justicia y transparencia. Pero no es suficiente. Al concluir el encuentro de febrero el Papa enumeró una lista de 21 propuestas para enfrentar los abusos sexuales en la Iglesia y, dentro de ellas, menciona el establecimiento de “instalaciones de escucha, compuestas por personas preparadas y expertas, donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas”. Cuando no existe un canal definido para realizar las denuncias, estas o bien nunca se hacen, o bien su futuro depende del criterio de quien las recibió.
Desde el 1 de junio de 2020, de acuerdo con lo indicado en el Motu Proprio Vos estis lux mundi[32], todas las Diócesis o Eparquías deberían contar con “uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes”. Se trata de multiplicar las instancias donde las personas que han sufrido algún tipo de abuso puedan ser escuchadas y encontrar una ayuda eficaz. En otras regiones este tipo de instancias ya habían sido creadas antes de la publicación del Motu Proprio.
Así, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos publicó en 2002 “Norms for Diocesan/Eparchial Policies Dealing with Allegations of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons”.
En cuanto a Latinoamérica, en Chile hoy existe felizmente en casi todas las diócesis del país una oficina, correo o línea telefónica de recepción de denuncias claramente identificable en sus páginas web respectivas, que muchas veces se encuentra bajo la dirección de un Consejo Diocesano de Prevención que está integrado por abogados, psicólogos, además del promotor de justicia de la diócesis. En Uruguay y Costa Rica se tiene una realidad similar, con canales bien definidos y grupos de expertos conformados. En otras iglesias, en cambio, la existencia de canales es mucho más irregular entre una diócesis y otra, dependiendo principalmente de la iniciativa del propio obispo y del equipo de trabajo del episcopado; tal es el caso, por ejemplo, de Argentina y Perú. Asimismo, en otros países se cuenta con canales, pero son de difícil accesibilidad. Muchas de las diócesis que tienen canales de denuncia, cuentan también con oficinas de protección de menores, quienes no solo son los responsables de recibir a las víctimas, sino también de elaborar protocolos y realizar talleres enfocados en la prevención.
Políticas de prevención
Supervisar los espacios eclesiales, capacitar a quienes tienen menores y personas vulnerables bajo su cuidado, entregar herramientas de buenas prácticas y códigos de conducta, constituyen esfuerzos para la prevención de futuras agresiones. Varias iglesias han ido elaborando orientaciones para la prevención y creación de ambientes seguros. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha sido pionera en este aspecto al crear en 2002 un Estatuto para la protección de niños y jóvenes (revisado en 2005, 2011 y 2018); así también la Conferencia Episcopal de Canadá, que en 2007 difundió orientaciones para la creación de protocolos diocesanos de prevención de agresiones sexuales. Todos los miembros de la Iglesia, incluyendo los laicos, son fundamentales para la constitución de espacios seguros, siendo la prevención tarea no solo de las autoridades eclesiales, sino de todo el Pueblo de Dios.
En Latinoamérica pueden encontrarse esfuerzos semejantes, como el documento “Integridad en el Servicio Eclesial” (2020), encargado por la Conferencia Episcopal de Chile al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas. El documento contiene diversas orientaciones destinadas al Pueblo de Dios que sirve en la Iglesia, estableciendo parámetros de servicio pastoral para disponer de ambientes de respeto a la dignidad de cada persona. Otros casos son el documento “Protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños, adolescentes y personas vulnerables” de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (2020), el “Protocolo de prevención de abusos sexuales contra menores en instituciones católicas” de la Conferencia Episcopal Paraguaya (2018) y la “Guía para la protección de menores y prevención de abusos sexuales” de la Conferencia Episcopal del Uruguay (2019). En otras iglesias esto se ha realizado a nivel diocesano, como es el caso del documento “Nuestra Iglesia, un hogar seguro. Lineamientos para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables en ambientes eclesiales” de la Arquidiócesis de Bogotá (2021).
Comisiones de investigación
Comprender la magnitud de los casos de abuso, su contexto y los daños causados resulta indispensable para reconocer la realidad y enfrentarla con toda honestidad. Solo de aquello que se conoce somos capaces de hacernos responsables. En diferentes países se han conformado comisiones para investigar los abusos y su magnitud. En algunos casos la Iglesia ha mandatado estos estudios y ha puesto a disposición de los investigadores todos sus archivos pertinentes y ha permitido el acceso a los antecedentes de los clérigos con acusaciones de abuso (tal es el caso del estudio preparado para los obispos norteamericanos por académicos del John Jay College of Criminal Justice coordinados por la profesora Karen Terry). En otros casos es el Estado el que ordena por ley realizar las investigaciones, lo que se ha dado principalmente en torno a abusos institucionales de menores de edad donde se incluyen las instituciones religiosas; tal es el caso del informe irlandés de la Commission to Inquire into Child Abuse de 2009 o el informe australiano preparado por la Royal Commission into Institutional Response to Child Sexual Abuse (2014). Asimismo, existen casos donde las investigaciones son realizadas por grupos independientes, lo que asegura una mayor imparcialidad, pero también el acceso a la información muchas veces se vuelve dificultoso.
En cuanto a los institutos religiosos nacidos en Latinoamérica, como los Sodalicios de Vida Cristiana y los Legionarios de Cristo, fueron las mismas congregaciones las que mandataron la realización de informes. Los Legionarios conformaron una “Comisión de casos de abuso de menores del pasado y atención a las personas implicadas”. Se trata de una comisión de naturaleza interna de la Dirección General de los Legionarios de Cristo que concluyó sus funciones cuando inició el Capítulo General. Esta comisión ha contactado víctimas, se ha entrevistado con miembros de la Congregación y generó una página web informativa www.0abusos.org donde actualiza los datos estadísticos, las políticas de Ambientes Seguros y los comunicados de prensa de casos particulares de abuso. Cabe destacar la instalación de un canal independiente para atención y denuncias de víctimas a través del programa Eshmá.
Por su parte, los Sodalicios conformaron en 2017 la comisión Elliott-McChesney-Applewhite, con expertos internacionales, la que revisó documentos públicos, registros del Sodalicio y entrevistó a más de 245 personas, logrando dar cuenta no solo de los abusos sexuales cometidos, sino de una cultura de abuso de poder, psicológico y físico de parte de varios miembros superiores del grupo.
En Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile conformó la Comisión UC para el análisis de la crisis de la Iglesia, una comisión independiente conformada por académicos de distintas disciplinas, quienes investigaron la magnitud de los abusos, las respuestas de la Iglesia y las consecuencias que ha traído la crisis. Se trata del logro más relevante en una Iglesia de Latinoamérica. A este esfuerzo se suma el reciente informe “Dinámicas relacionales de abuso sexual en contexto eclesial en Chile: conocer para prevenir”, documento encargado por parte del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile al Centro UC Derecho y Religión. La investigación consistió en una fase cualitativa, donde se realizaron entrevistas a sobrevivientes y terapeutas, buscando comprender el tipo de vínculo que ha propiciado los abusos sexuales en contextos eclesiales, y una fase cuantitativa, que buscó dimensionar y caracterizar las situaciones donde emergen las relaciones de abuso a partir de cuestionarios completados con la información proveniente desde expedientes canónicos o estatales. La muestra analizada consiste en la información jurídica de 461 víctimas y 168 agresores en total.
En Ecuador y en Perú se han conformado comisiones investigadoras por parte del Estado. En Perú se le encargó al Congreso una investigación sobre abuso sexual infantil en organizaciones, presidida por el congresista Alberto de Belaúnde. Y en Ecuador se conformó la Comisión Ocasional “AAMPETRA” de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, sobre abusos sexuales a menores en instituciones educativas (2018).
En Uruguay, la Iglesia realizó en 2016 una investigación sobre las denuncias de abuso sexual recibidas y publicó el documento “Perdón y compromiso”. En México y Guatemala también ha sido la Iglesia la que ha publicado datos, aunque sin hacer pública la identidad de los agresores.
Esfuerzos semejantes están surgiendo en la región. En Argentina, en mayo del 2022, se creó una Comisión investigadora Independiente sobre abusos eclesiásticos en Argentina (CIAEA), dependiente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos; ellos buscarán recopilar y sistematizar testimonios de abusos eclesiásticos en todo el país. Finalmente, en Paraguay se anunció en 2019 la creación de un equipo técnico, que trabajaría en conjunto con la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar), para la elaboración de estadísticas de los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia. Sin embargo, aún no existen informes públicos sobre su funcionamiento y resultados.
Iniciativas destacables
Existen otras iniciativas institucionales en algunos países que vale la pena destacar. Tal es el caso del Centro de Protección de Menores (CEPROME) de la Universidad Pontificia de México, que posee múltiples iniciativas de educación y prevención y que ha vinculado a profesionales y universidades de toda Latinoamérica. Este centro ha creado la Comisión para la Tutela de los Menores que, teniendo al CELAM como unidad administrativa, vincula a obispos y diócesis para hacer operativas sus directrices. Muchas iglesias locales están enviando a profesionales y sacerdotes a capacitarse como primer esfuerzo para el combate de los abusos. Del 6 al 8 de noviembre de 2019 se desarrolló el Congreso Latinoamericano sobre la prevención de abuso de menores en la Universidad Pontificia de México, organizado por el CEPROME, el que reunió a más de 400 participantes entre obispos, consagrados y laicos provenientes de la región. Asimismo, desde la Pontificia Universidad Católica de Chile se conformó el Centro de investigación del abuso y la adversidad temprana CUIDA UC, desde donde se desarrolla y promueve investigación sobre abuso y eventos adversos con especial atención al contexto eclesial.
En algunos países se han dado importantes gestos de perdón, lo que constituye un paso fundamental a la hora de reconocer que como Iglesia no hemos estado a la altura de las circunstancias. En Uruguay, por ejemplo, a principios de 2017, el día en que comenzó la cuaresma se realizó una jornada penitencial en la que se pidió perdón por las víctimas de abuso sexual en la Iglesia, y en septiembre de 2018 la Arquidiócesis de Montevideo dedicó un número de su publicación Entre Todos al tema de los abusos en la Iglesia, con el título “Vergüenza, perdón y compromiso”. Por su parte, la Iglesia de Costa Rica ha realizado ya dos jornadas de oración por las víctimas de abuso, en 2021 y 2022, y la Iglesia de Chile tuvo un importante gesto de perdón durante la Tercera Asamblea Eclesial Nacional, celebrada en octubre del 2022.
Comentarios finales
Los abusos sexuales en contexto eclesial han obligado a la Iglesia universal y a cada Iglesia particular a emprender caminos de conversión. Se trata de una realidad dolorosa y disonante, donde se ha producido un daño irreparable a miles de víctimas y a la propia comunidad eclesial, lo que hace de la prevención y la actuación temprana un imperativo moral. Alentados por el Papa Francisco y su ideal de tolerancia cero, cada Iglesia ha emprendido caminos propios, algunas veces de manera vacilante y a la defensiva, pero otras veces dejándose transformar y convertir, puesto que saberse vulnerables es condición indispensable para saber ver lo que no se quiere ver y saber responder correctamente.
Las indicaciones de Vos estis lux mundi y de otros documentos pontificios resultan indispensables para romper con el círculo de silenciamiento y soledad en que han quedado diversas víctimas. Ellas son señales de avances que han dado las iglesias para que no vuelva a ocurrir que alguna denuncia no sea suficientemente acreditada y procesada como corresponde. Entre estas indicaciones destaca la necesidad de contar con líneas guía y protocolos de actuación, formar comisiones de escucha y recepción de denuncias con canales conocidos e integrados por expertos, no solamente por clérigos. Desde el punto de vista de la prevención, se destacan los avances en manuales de prevención y de integridad en el servicio eclesial y la integración de comisiones encargadas de implementar dichos planes y capacitar a toda persona que sirve en la Iglesia.
A pesar de los avances alcanzados por la Iglesia latinoamericana, aún existe una importante brecha respecto de lo que han hecho otras iglesias. América Latina no dispone de estudios sistemáticos sobre la magnitud y naturaleza del abuso clerical mandatados o reconocidos por la Iglesia, como sí sucedió en Norteamérica y en otras regiones, por lo que no existe en nuestras iglesias información certera sobre la realidad del abuso; nunca se ha construido una comisión de verdad y reparación a nivel interdiocesano que permita enfrentar el problema de manera integral, como sí sucedió en Francia con la creación de la comisión INIRR, presidida por una destacada jurista, la que se encargará de reconocer la calidad de víctimas de las personas que aparecen en las denuncias, y proponer las medidas de reparación e indemnización financiera que sean necesarias (33); tampoco se ha dialogado suficientemente con las víctimas para obtener reparaciones debidas, y la credibilidad pública de la Iglesia en esta materia no se ha restablecido y la Iglesia aún no ha reconocido ni ha pedido perdón por su responsabilidad como institución en el problema.
La experiencia internacional nos muestra que los casos que salen a la luz pública son generalmente la punta del iceberg del abuso eclesial, el que siempre está rodeado de tabúes, y las víctimas muchas veces viven en soledad y silencio. Generalmente, tras cada víctima de abuso sexual, hay muchas otras que sufrieron el mismo daño y no se atrevieron a denunciar, y cientos que, sin ser directamente abusadas en el plano sexual, sí fueron víctimas de manipulación, abuso de conciencia y abuso de poder de parte de los mismos ofensores, personas que vieron sus vidas manipuladas por un tercero, que las hizo dudar de sus propias capacidades para tomar decisiones. Son los abusos de poder los que reclaman un tipo de confianza renovada en las relaciones interpersonales dentro de la Iglesia, con una mayor madurez espiritual y compromiso de parte de todos sus miembros. En estos tiempos de discernimiento eclesial, la Iglesia está llamada a enfrentar la realidad con toda su crudeza, a responder oportunamente y así poder continuar dando anuncios de vida nueva.
