(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 11.05.2023).- Rodrigo Iván Cortés, líder de una organización de la sociedad civil y ex diputado mexicano, ha sido condenado por «violencia política de género», y de violencia digital y sexual, por unas publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook en las que se refería a Salma Luévano, como un “hombre que se auto adscribe mujer”.
El grupo de la sociedad civil Frente Nacional por la Familia (FNF), encabezado por Cortés, expresó su preocupación tanto en Twitter como en Facebook después de que Luévano presentara en el Congreso mexicano un proyecto de ley para penalizar las enseñanzas cristianas sobre sexualidad humana como una forma de «incitación al odio». Como respuesta a las publicaciones en las redes sociales, Luévano alegó una violación de los «derechos de identidad», lo que llevó a Cortés a ser acusado y condenado como perpetrador de violencia política de género, lo cual constituye una clara violación de su derecho fundamental a la libertad de expresión.
Cortés fue condenado por el más alto tribunal de México que trata cuestiones electorales, agotando todas las vías de justicia en México. Cortés tiene previsto apelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alliance Defending Freedom International está proporcionando apoyo legal para la defensa de Cortés.
Resumen del caso
Rodrigo Iván Cortés es un ex miembro del Congreso mexicano y líder de la organización de la sociedad civil Frente Nacional por la Familia (FNF).
A partir de septiembre de 2022, el FNF expresó en Twitter su preocupación por que un proyecto de ley presentado por Salma Luévano, congresista de la Cámara de Diputados de Méxicoque se identifica como mujer transgénero, constituyera una grave violación de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad religiosa en México. El proyecto de ley pretendía penalizar la enseñanza cristiana sobre sexualidad humana como una forma de «incitación al odio». Llamó poderosamente la atención cuando Luévano presentó el proyecto de ley vistiendo los ornamentos de un obispo católico.
Luévano presentó una denuncia contra Cortés, argumentando que una serie de 9 publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook constituían una violación del derecho a ser reconocida como mujer y una «negación de identidad».
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las publicaciones constituían violencia política de género, así como violencia digital, simbólica, psicológica y sexual contra Luévano. La Sala sostuvo que criticar a una mujer transgénero constituye «menoscabar los derechos político-electorales de las mujeres y el ejercicio libre de su cargo público». Esta sentencia de primera instancia fue recurrida ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (el más alto tribunal constitucional del país para asuntos electorales), que es el tribunal de última instancia en México para el caso de Cortés.
Luévano, junto con María Clemente, también congresista de la Cámara de Diputados de México que se identifica transgénero, ha adquirido notoriedad por fomentar disturbios en el Congreso de México, incluido un incidente en el que Clemente, con el apoyo de Luévano, forcejeó físicamente con el presidente de la cámara para obligarle a ceder el control de una reunión del Congreso en un intento de forzar la expulsión de otro legislador. Clemente también provocó la indignación internacional al tuitear vídeos explícitos del propio «trabajo sexual» de Clemente, alegando el derecho a compartir libremente este tipo de contenidos en plataformas digitales.
Luévano y Clemente son miembros del partido MORENA, que ha promovido enmiendas constitucionales para consagrar los «derechos sexuales», sin distinciones de edad, lo que incluiría a los menores; una propuesta que el FNF criticó en uno de los mensajes en las redes sociales.
Al igual que Cortés, Gabriel Quadri, diputado federal en México, fue acusado de «violencia política de género» por sus tweets sobre la ideología transgénero y la equidad para las mujeres. Quadri expresó su preocupación por el hecho de que hombres que se identifican como mujeres reclamen puestos reservados a las mujeres en el Congreso de México. Ha sido denunciado penalmente por ello tras una acusación de Salma Luévano.
La Sala Superior del Tribunal Federal Electoral rechazó el recurso de Quadri y confirmó la sanción impuesta por el tribunal inferior, obligándole a borrar los tweets, pagar una multa, pedir disculpas públicas y registrarlo como «delincuente político por razones de género». ADF International presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se reconociera el derecho de Quadri a la libertad de expresión. Quadri está a la espera de que la Comisión declare admisible el caso.
«La discrepancia no es discriminación, y la disidencia pacífica nunca debe penalizarse como violencia. Es profundamente preocupante que Cortés, que ejerce su derecho a compartir pacíficamente sus puntos de vista sobre un asunto de importante debate actual, haya sido condenado por “violencia política” cuando, de hecho, son sus oponentes los que tienen un historial de perpetuar el malestar dentro de las instituciones políticas de México», declaró Kristina Hjelkrem, asesora jurídica de ADF International, que está prestando apoyo técnico a la defensa de Cortés.
«La libertad de expresión está muy amenazada en México en este momento, y ha llegado a un punto de crisis con tribunales que imponen severas sanciones de censura por la expresión pacífica de opiniones, como lo demuestra este atroz caso. Por desgracia, el caso de Cortés dista mucho de ser un incidente aislado», ha declarado Hjelkrem.
«Cada vez más, vemos cómo el gobierno mexicano viola el derecho fundamental y constitucional de sus ciudadanos a la libertad de expresión. Cortés se manifestó, pacíficamente, respecto de una verdad evidente, y por ello ha sido condenado por “violencia política” y sometido a penas onerosas. La censura no es compatible con una sociedad libre», añadió Hjelkrem.
Por su parte, Rodrigo Iván Cortés ha dicho: «Sigo comprometido con la búsqueda de la justicia y con garantizar mi derecho y el de todos los ciudadanos mexicanos a la libertad de expresión. Ninguna ley debe utilizarse para silenciar o castigar a las personas por compartir sus convicciones, especialmente en temas de gran importancia. Espero que llegue el día en que cada mexicano pueda compartir sus opiniones sin temor a ser perseguido».
