Por: Rafael Manuel Tovar
(ZENIT Noticias / Managua, 11.05.2023).- El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo persisten en la persecución a la Iglesia Católica y a las personas o instituciones contrarias: los procesos de dictadura y control ilegítimo crecen en el país centroamericano con perjuicio de la población.
El 10 de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la disolución de la Cruz roja de Nicaragua. El martes 9 de mayo, el poder judicial al servicio del gobierno anuló el ejercicio de las profesiones de la abogada y notario público Yonarqui Martínez, que ha denunciado la prisión de opositores con procesos exprés, ciudadanos acusados por los jueces sandinistas de delitos políticos como “menoscabo a la soberanía nacional” y “propagación de noticias falsas”.
Estos atropellos a opositores se suman al acoso constante contra la Iglesia Católica. Basta constatar que hay un obispo nicaragüense en prisión, 37 religiosos exiliados y 32 religiosas de diversas congregaciones expulsadas. Las agresiones suman 529 hostilidades a la Iglesia católica de Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega, según un estudio presentado el 10 de mayo.
Martha Patricia Molina, investigadora nicaragüense exiliada, ha presentado el estudio “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, donde detalla 529 ataques desde abril de 2018 a marzo de este 2023. Todo inició con las manifestaciones antigubernamentales en el país a raíz de unas leyes de seguridad promulgadas por el gobierno de Ortega que otorgaban poderes excesivos a la autoridad.
La autora del estudio explica: «Este informe perfila un estudio minucioso de cada hostilidad ejecutada y cada uno de los datos ha sido verificado y descrito de manera ascendente, para que el lector pueda acceder desde la primera agresión acontecida hasta la última registrada».
Molina está en exiliado forzado y es miembro del Consejo Editorial del diario nicaragüense La Prensa. Su estudio se ha fundado en documentos aportados por testigos presenciales y escritos sobre las agresiones a la Iglesia católica.
Entre los datos relatados aparecen las agresiones sistemáticas con fechas de «profanaciones, sacrilegios, atentados, robos y ataques contra la Iglesia» en templos, centros de servicio social, oficinas administrativas y casas habitacionales de ministros eclesiales o laicos comprometidos con la Iglesia
Otra expresión de hostilidad ha sido la prohibición de 3.176 procesiones durante la Semana Santa, por ejemplo. El Gobierno de Nicaragua prohibió y movilizó a la Policía Nacional para impedir que la Iglesia realizara las procesiones en las calles desde febrero, inicio de la Cuaresma, y prohibiendo también los viacrucis en Semana Santa.
Estos ataques iniciaron en 2018, cuando el Presidente Ortega vio que la Iglesia no respaldaba su posición. Se documentaron 84 hostilidades en aquel año contra la Iglesia, 80 en 2019, 59 en 2020, 55 en 2021, 161 en 2022 y 90 en el primer trimestre de 2023.
Obviamente el número de agresiones que el estudio reporta son únicamente las documentadas, por lo que no es extraño que hubo más, sobre todo porque «hay una escasa o nula denuncia por parte de las autoridades religiosas, así como creciente temor y prudencia de los laicos o miembros de grupos religiosos para documentar las hostilidades».
El pasado 19 de abril, el mandatario declaró que «ahora, en Semana Santa, para evitar manipulaciones, se les dijo que realizaran las actividades ahí, en las iglesias o cerca de las iglesias, y algunos de ellos empezaron a tronar. ¿Por qué? Porque querían sangre». También aseguró que los obispos y sacerdotes promovían las manifestaciones y daban armas al pueblo. Ortega no aporta pruebas cuando hace estas acusaciones.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Foto: BBC.
Hay casos, como la expropiación de universidades católicas o el caso de la Cruz Roja, donde se acomodan las acusaciones sin fundamento. Por ejemplo, argumenta que la Cruz Roja Nicaragüense se rige por los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad” y “actuó contra esos principios” en 2018, durante las masivas protestas contra la Presidencia de la República. En realidad, la Cruz Roja se dedicó a la atención de miles de heridos producto de la represión policial y paramilitar.
La actuación contra las universidades católicas e instituciones como la Cruz Roja conllevan la expropiación de sus edificios y bienes, que pasan a ser propiedades del Estado.
El Gobierno de Ortega ataca a la Iglesia católica con expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, prohibición de actividades públicas y amenazas a los laicos, cuando no los encarcela sin motivo legal. Es admirable la resistencia y fe del pueblo nicaragüense.
