(ZENIT Noticias / San Francisco, 22.08.2023).- El Arzobispado de San Francisco («RCASF») anunció el lunes 21 de agosto la presentación de una petición voluntaria de quiebra bajo el capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. La presentación es necesaria para gestionar y resolver las más de 500 demandas por abusos sexuales a menores interpuestas contra RCASF en virtud de la Ley 218 de la Asamblea de California, que permitía presentar antes del 31 de diciembre de 2022 reclamaciones de décadas de antigüedad que, de otro modo, habrían prescrito.
El Capítulo 11 es un proceso supervisado por el tribunal que permite que cada demanda sea evaluada en función de sus méritos, proporciona transparencia en los procedimientos y en las finanzas de RCASF, y da voz a los demandantes en el resultado. La presentación del Capítulo 11 detendrá todas las acciones legales contra RCASF mientras la Archidiócesis desarrolla un plan de reorganización que se basa en los activos y la cobertura de seguros disponibles para ser utilizados para resolver las reclamaciones con los supervivientes de abusos.
Esta es la segunda vez que California permite que presuntos supervivientes presenten demandas por abusos sexuales a menores que hayan prescrito o caducado. En 2003, California creó una ventanilla similar. Desde entonces, RCASF ha pagado más de 70 millones de dólares a los supervivientes en acuerdos legales utilizando fondos de seguros y vendiendo propiedades excedentes.
Las 88 parroquias de la archidiócesis se gestionan de forma independiente y autofinanciada y, junto con sus escuelas parroquiales, no están incluidas en el expediente. La Real Property Support Corporation, la Capital Asset Support Corporation, los institutos de enseñanza secundaria, los cementerios católicos, el Seminario y Universidad de San Patricio y las Caridades Católicas asociadas a RCASF tampoco se incluyen en el expediente y seguirán funcionando como de costumbre.
Los empleados de la archidiócesis recibirán su salario habitual y sus programas de prestaciones continuarán sin interrupción. Se pagará a los proveedores por todos los bienes y servicios entregados después de la declaración.
RCASF continuará sirviendo a los 442.000 católicos de los condados de San Francisco, San Mateo y Marin, y sus sacerdotes y diáconos seguirán llevando a cabo sus misiones y ministerios dentro de la Archidiócesis de San Francisco.
La inmensa mayoría de las más de 500 demandas se derivan de acusaciones de abusos sexuales ocurridos hace 30 años o más, en las que están implicados sacerdotes que ya no ejercen su ministerio o han fallecido.
Mons. Salvatore Cordileone. Foto: Hispanidad.com
«La desafortunada realidad es que la Arquidiócesis no tiene ni los medios financieros ni la capacidad práctica para litigar todas estas demandas de abuso individualmente, y por lo tanto, después de mucha consideración, llegó a la conclusión de que el proceso de quiebra era la mejor solución para proporcionar una compensación justa y equitativa a los sobrevivientes inocentes que han sido perjudicados», dijo Mons. Salvatore J. Cordileone, Arzobispo de San Francisco. «Es la mejor manera de ofrecer a los supervivientes la solución que tanto necesitan, al tiempo que se permite a la archidiócesis continuar su sagrada misión con los fieles y los necesitados. Debemos buscar la purificación y la redención para sanar, especialmente los sobrevivientes que han llevado las cargas de estos pecados contra ellos durante décadas”.
La Arquidiócesis de San Francisco se ha comprometido a proporcionar los recursos disponibles, como asesoramiento y asistencia pastoral, a los supervivientes de abusos y había establecido políticas y protocolos para proteger a los niños y abordar y denunciar los incidentes de abusos sexuales a menores, incluso antes de que los obispos de Estados Unidos adoptaran la Carta para la Protección de Niños y Jóvenes en 2002. La Archidiócesis ha tomado medidas exhaustivas para cumplir la Carta apartando inmediatamente del ministerio activo a cualquier persona con una acusación de abusos sexuales a menores, exigiendo la comprobación de los antecedentes penales del clero, los empleados y los voluntarios que trabajan con jóvenes, y poniendo en marcha programas educativos tanto para niños como para adultos con el fin de prevenir los abusos.
La Arquidiócesis mantiene una Junta de Revisión Independiente (IRB) como un paso esencial en sus procedimientos internos para manejar las acusaciones de abuso sexual. Un investigador cualificado investiga las denuncias y presenta un informe a la IRB, entre cuyos miembros se encuentran un superviviente de abusos, un psicólogo, dos médicos y un agente de policía retirado, entre otros. Ellos juzgan si hay pruebas suficientes para justificar un juicio canónico o si una acusación es manifiestamente infundada. Las recomendaciones que se hacen al Arzobispo son indispensables, ya que este asesoramiento independiente y experto orienta sobre si un sacerdote acusado debe estar fuera del ministerio público mientras están pendientes los procedimientos canónicos o cuándo, en justicia, el Arzobispo debe reparar el daño a la reputación de un sacerdote que ha sido acusado injustamente. En la página web de la Archidiócesis se puede encontrar una lista de sacerdotes y diáconos que gozan de buena reputación y tienen facultades para ejercer su ministerio. Los sacerdotes o diáconos que están siendo investigados por presuntos abusos sexuales a menores tienen prohibido ejercer el ministerio público y son retirados de la lista y sólo pueden volver al ministerio o a la lista si se determina que las acusaciones no se sostienen.
La Archidiócesis también ha creado una Oficina de Protección de la Infancia y la Juventud para mantener los más altos estándares de su Programa de Entorno Seguro preventivo y abordar las denuncias de abusos pasados y presentes por parte de cualquier clérigo, empleado o voluntario, y cuenta con dos Coordinadores de Entorno Seguro para supervisar el cumplimiento de la Carta. Un Coordinador de Asistencia a las Víctimas mantiene una línea telefónica directa para denunciar abusos, proporciona asesoramiento y ofrece otros servicios de apoyo. La Oficina también es responsable de coordinar la toma de huellas dactilares de los empleados, voluntarios y clérigos que interactúan con niños, así como de facilitar las auditorías anuales de cumplimiento realizadas por auditores independientes para revisar la aplicación de las políticas y procedimientos de protección de menores.
«Hoy en día, los casos de abusos en el seno de la Iglesia católica son muy raros», afirmó el arzobispo Cordileone. «Dadas las medidas educativas y preventivas ahora en vigor, creo que la Iglesia ha establecido el estándar para otras organizaciones, mostrando lo que puede y debe hacerse para proteger a nuestros niños».
El caso del Capítulo 11 del Arzobispado Católico Romano de San Francisco ha sido presentado ante el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Se puede encontrar información general adicional en el sitio web de la Archidiócesis.
