Rafael Manuel Tovar
(ZENIT Noticias / Ciudad de México, 29.08.2023).- La Conferencia Episcopal Mexicana presentó una declaración sobre la polémica suscitada en el país por la publicación de los nuevos libros de texto gratuitos que se utilizarían en las escuelas oficiales de enseñanza básica en el ciclo escolar 2023-2024. Los obispos piden respetar la legalidad e involucrar a la sociedad para que esos libros sean buenos medios educativos y contribuyan a la cultura y a la unidad de los ciudadanos.
En su mensaje del 21 de agosto, la Conferencia Episcopal subraya la necesidad de que esos textos de estudio sean fruto de toda la sociedad, incluidos académicos, sindicatos y organizaciones de padres de familia, pues se detectó que la redacción de los mismos fue restringida a un grupo afín al Gobierno y con ideas asociadas a su agenda política e ideológica.
Los obispos recuerdan que «los libros de texto no son más que auxiliares de la educación; los materiales nunca sustituyen ni determinan lo que se construye en el acontecimiento educativo, que es siempre encuentro entre personas», mostrando que no entran en una polémica como opositores, sino como una voz con propuestas constructivas. Aunque indican que “el gran déficit es la formación y capacitación de los docentes y directivos”, para avisar que los textos con errores tendrán efectos negativos si los educadores carecen de criterio para contrarrestarlos.
La Secretaría de Educación Pública (ministerio de educación) distribuyó los libros a través de internet en formato PDF. Maestros, instituciones como la Unión Nacional de Padres de Familia de México (UNPF), y otros agentes educativos, descubrieron los errores y deficiencias pedagógicas en los contenidos y en la metodología educativa.
La Unión Nacional de Padres de Familia de México presentó a una jueza federal la petición de un amparo para frenar la distribución de los estos libros de texto en todo el país, con 112,594 firmas pidiendo el freno a la distribución de los libros. La resolución de la jueza del Tercer Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, ordenó a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades locales que el lunes 28 de agosto, inicio de clases para los estudiantes de educación básica, se usaran los planes aprobados y el material didáctico del ciclo escolar pasado.
La Secretaría de Educación Pública ha sido acusada de no consultar a tutores ni docentes en la preparación de los textos, tal y como lo establece la Ley General de Educación. El lunes 31 de julio, un juzgado federal otorgó un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para que se sometan los libros a consultas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila a petición del gobernador Miguel Riquelme, quien promovió una controversia constitucional para frenar la distribución el 11 de agosto. El ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar detalló en su resolución las reglas que fija la Ley General de Educación para la elaboración de los planes y programas de estudio, que no se han cumplido en los libros esta vez. Otros jueces han detenido la entrega de los textos en otros Estados de la República.
Muchas instituciones privadas y públicas han observado que los contenidos de educación sexual son inaceptables para los niños y menos para los cristianos por el adoctrinamiento en ideología de género, en tergiversación de la Historia de México, en exaltación de principios marxistas y en promoción de líneas ideológicas del partido en el poder, que contravienen el respeto a la mayoría de los ciudadanos.
Los libros también muestran deficiencias pedagógicas, según señalan expertos en educación. Alfonso Araujo da ejemplos muy claros de la deficiencia en sus “muchas imprecisiones, vaguedades y otros fallos (…), creados por gente inexperta, que no están pensados para enseñar en un aula”, que expresa en su artículo La pedagogía ausente.
La declaración de la Conferencia Episcopal Concluye: “Educar es tarea de todos, no solo de la escuela y no solo del Gobierno (…). Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de los hijos”.
