Iulia Cazan
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 03.10.2023).- La Relatora Especial de la ONU para la Libertad de Expresión ha publicado un informe en el que recomienda a los gobiernos y a las empresas de redes sociales que silencien a quienes expresan opiniones tradicionales sobre el matrimonio, el aborto, la sexualidad y la identidad de género.
El informe pide a los gobiernos que pongan freno a la «desinformación sexista», argumentando que es una forma de «violencia de género». Además, el informe afirma que criticar la ideología de género es una estrategia para silenciar la libre expresión de las mujeres y las personas «no conformes con su género».
El esfuerzo se enmarca en garantizar un amplio acceso a la información que promueva la salud y los derechos sexuales y reproductivos y las diversas identidades de género. Sin embargo, en nombre de la libertad de expresión, el informe aboga por silenciar los contenidos pro-vida y pro-familia tradicional.
Por ejemplo, un padre de mentalidad tradicional que se opone abiertamente a los anuncios en las redes sociales que animan a su hijo adolescente a explorar las variaciones de la sexualidad incurriría, según los criterios de este informe, en desinformación sexista.
El informe insta a combatir la violencia de género. Las agencias de la ONU y los gobiernos occidentales consideran que «misgendering» o referirse a alguien por su sexo correcto es un acto de violencia.
El informe sostiene que «todas las medidas para restringir la desinformación sexista, la incitación al odio o la violencia de género en línea deben cumplir plenamente las normas internacionales de derechos humanos», citando específicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, el Pacto no menciona el «género» en absoluto, y mucho menos la nueva y controvertida idea de género «asignado al nacer». Muchas empresas de redes sociales, entre ellas YouTube, desmonetizan y silencian a los usuarios que, en el ejercicio de su libertad de expresión y de conciencia, se refieren a otras personas por su sexo correcto.
La «desinformación sexista» también se utiliza para atacar a quienes se oponen al aborto, incluidos, por ejemplo, quienes debaten las correlaciones entre el aborto provocado y el deterioro de la salud mental. El informe afirma que «en Irlanda, en la época del referéndum sobre el aborto, se difundió información falsa que relacionaba el aborto con la depresión».
En un reciente acto organizado por The Universal Access Project, Plan C y Amnistía Internacional EE.UU., varias organizaciones proaborto compartieron sus esfuerzos para garantizar que las empresas de medios sociales permitan a los usuarios compartir contenidos y recursos favorables al aborto, incluso sobre cómo obtener abortos dentro del perímetro de un país donde el aborto está prohibido. También explicaron que se han reunido en privado con grandes empresas tecnológicas para garantizar que los contenidos favorables al aborto sean fácilmente accesibles.
El informe actual enmarca la oposición al aborto o a las diversas identidades sexuales por motivos religiosos o étnicos como una práctica nociva que merece ser condenada. Por ejemplo, menciona que «En África, la narrativa de la ‘protección de la familia’ emerge con fuerza… la narrativa del anticolonialismo también se utiliza en África para acusar a los activistas de los derechos de la mujer y a los defensores de los derechos de género de sucumbir a los valores occidentales».
Una de las recomendaciones finales del Informe sobre la Libertad de Expresión anima a los Estados a «redoblar sus esfuerzos y adoptar todas las medidas apropiadas, incluso mediante leyes, políticas sociales y programas, para… eliminar los estereotipos de género, las normas sociales negativas y las leyes, políticas, prácticas y actitudes discriminatorias».
La Relatora Especial presentará el informe a la Asamblea General el próximo mes de octubre y se espera que siga avanzando y promoviendo una perspectiva de «género» en la libertad de expresión.
La relatora especial es Irene Kahn, que fue destituida como secretaria general de Amnistía Internacional en 2008 y recibió un cuantioso pago para marcharse. Fue bajo su mandato cuando Amnistía provocó un escándalo entre algunos donantes al unirse a la causa proabortista. A Kahn se le pidió que se fuera al mismo tiempo que Kate Gilmore, que también se marchó a las Naciones Unidas y acabó convirtiéndose en Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Traducción del original en lengua inglesa realizada por el director editorial de ZENIT.
