(ZENIT Noticias / Madrid, 23.11.2023).- Fue el 27 de octubre de 2023 cuando el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó a la presidente del Congreso de los Diputados de España el “Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”. Se concluían así meses de presión por parte de medios como El País (quien venía ejerciéndola desde 2018) y también de la izquierda política del país.
Las 777 páginas del informe se basan en una encuesta encargada a un grupo demoscópico, GAD3, e incluyen unas 20 recomendaciones. Al hacer la presentación, Ángel Gabilondo, un ex religioso de la congregación de los hermanos del Sagrado Corazón, señaló a la Iglesia de negar o minimizar el problema. A eso se añadió una extrapolación que hicieron la mayoría de los medios de comunicación apenas darse a conocer el informe: el supuesto hecho de que 440 mil personas habrían sufrido abuso sexual en la Iglesia: un 1,13% de la población.
Sin embargo, como de hecho muestra el informe, éste sólo recogió “información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres”. La extrapolación respondía, según medios como El País, a una proyección. Es decir, que de las 8,000 personas encuestadas por GAD3, de las cuales casi 500 habrían asegurado un abuso, se infló la cifra. Eso les hacía justificar sus titulares extravagantes como el del 27 de octubre: “La investigación del Defensor del Pueblo estima en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española”.
El presidente de la Conferencia Episcopal fue muy claro un día después. El sábado 28 de octubre escribió en Twitter: “El informe del Defensor del Pueblo no hace ninguna extrapolación, la hacen intencionadamente algunos medios de comunicación. Se refiere a 487 casos documentados por el Defensor. Y constan en el referido informe los datos aportados por la Iglesia de aproximadamente 1.125 casos. Cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos. Pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Seguimos trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad”. O, en otras palabras, que la Iglesia había transparentado más casos que los que logró obtener el Defensor del Pueblo. En otro tuit el cardenal Omella añadiría: “Las cifras extrapoladas por algunos medios son mentira y tienen intención de engañar”.
Abordando este mismo tema, tres semanas después, el mismo cardenal Omella, en calidad de presidente de los obispos católicos de España, diría:
Recientemente, hemos conocido un Informe detallado, elaborado por el Defensor del Pueblo, sobre casos de abusos a menores en nuestra Iglesia que nos ha llenado de tristeza. De ninguna manera, pretendemos buscar excusas o justificaciones para eludir cualquier responsabilidad que pueda correspondernos como Institución. Con franqueza y sin rodeos, manifestamos que entendemos y valoramos completamente el daño causado. Como en otras ocasiones, queremos expresar sin ambages la vergüenza y la pesadumbre que causa en nosotros esta realidad que traiciona el mensaje del Evangelio. Estos actos son incompatibles con los valores fundamentales de nuestra fe en Cristo, pues contradicen el amor, la compasión y el respeto que él nos enseñó.
Y abordando el tema de las cifras extrapoladas dijo:
Para la elaboración del citado informe del Defensor del Pueblo, la Iglesia ha colaborado aportando toda la información de la que disponía. En la reunión extraordinaria de la Asamblea Plenaria del pasado 30 de octubre, los obispos valoramos de manera especial el doloroso testimonio recogido de las víctimas. También consideramos valiosas las recomendaciones propuestas.
Pero, al mismo tiempo, nos sentimos obligados a manifestar el dolor y el malestar que hemos sufrido ante la difamación publica causada por una intencionada y errónea extrapolación, realizada por algunos medios de comunicación, a partir de un dato de una encuesta llevada a cabo por la firma GAD3 y publicada en el Informe del Defensor del Pueblo. Expresamos nuestra intensa decepción por la citada extrapolación y por la dudosa fiabilidad de los resultados presentados de dicha encuesta. Dicha infundada e intencionada extrapolación condujo a algunos medios de comunicación a la exorbitante afirmación de que en España hay casi medio millón de abusados por ministros ordenados y consagrados de la Iglesia; cuando lo único cierto y contrastado es que el Defensor del Pueblo ha recogido 373 testimonios que se refieren a 487 víctimas. Una extrapolación que el Defensor del Pueblo en reiteradas ocasiones afirmó que no se podía hacer y que muchos técnicos así lo han confirmado durante las últimas semanas.
¿Qué finalidad hay detrás de este disparate? Es especialmente preocupante para nosotros que esto haya generado una imagen perjudicial de nuestra misión en general. Es injusto que se les atribuya el mal causado por una minoría. Dicha situación es inaceptable y exige una revisión exhaustiva e imparcial de los datos, para corregir cualquier sesgo que pueda haber sido extrapolado de manera maliciosa.
Hemos revisado la información sobre la referida encuesta que aporta el Defensor del Pueblo en su informe y, francamente, nos resulta imposible confiar en la veracidad y fiabilidad de tales resultados.
Llama la atención que el director de la encuestadora GAD3 haya declarado en los micrófonos de la estación de radio COPE (minuto 9,54) que la extrapolación es un delirio estadístico: “No aparece ninguna cifra en números absolutos (en el informe) ni puede salir en la encuesta de GAD3 para el Defensor del Pueblo (…) La cifra que se ha acuñado periodísticamente realmente es un delirio estadístico”. Y agrega: “No puede salir de una encuesta, porque era un sondeo para poder conocer una realidad que ha sucedido y darle voz a las víctimas, escucharlas en su relato». Y puntualiza: “No está hecha para sacar números absolutos. No encaja con la realidad social”.
El jueves 23 de noviembre el diario ABC publicaba una investigación sobre un caso que ponía en jaque el informe del Defensor del Pueblo y también los casos recogidos, acríticamente, por El País. Se trataba de un caso falso de pederastia que un grupo de laicos católicos inventó para evidenciar lo poco profesional de la recogida de datos. El caso está “documentado” por El País y recogido en la página 247 del informe del Defensor del Pueblo.
Pero quizá el informe más esperado por la Iglesia católica en España no era el del gobierno sino el que ella misma encargo en febrero de 2022 al bufete de abogados Cremades &Calvo-Sotelo. Se trataría de un informe de 2,300 hojas que sobrepasó el tiempo para el cual fue prometido y que ha hecho que la Conferencia Episcopal Española declare el trabajo como incumplido.
A la espera de la publicación de ese informe, que se entrega como trabajo incumplido, vale la pena recordar que una víctima de abuso sexual ya es demasiado. Una víctima de abuso por parte de criminales (sea con alzacuellos o sin ellos) merece todo el reconocimiento. Y también vale la pena recordar que no es justo instrumentalizar situaciones tan dolorosas para impulsar una agenda mediática o política oportunista. En su discurso del lunes 20 de noviembre decía el presidente del episcopado español:
Una vez más, reiteramos que nuestra lucha contra toda clase de abusos debe continuar sin cesar. Pero, al mismo tiempo, afirmamos que permanecen intactas nuestra estima y consideración hacia los sacerdotes y religiosos de nuestra Iglesia. Los obispos queremos ofrecer nuestro apoyo a todos ellos. Y aprovechamos esta ocasión para hacer un llamamiento a los fieles católicos animándolos a que les muestren su aprecio y confianza. Seamos justos y no juzguemos precipitadamente. Recordemos el mandato de nuestro Señor a no juzgar con ligereza.
