(ZENIT Noticias / Managua, 20.12.2023).- El Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua nunca +” presentó el 5 de diciembre el informe “Violaciones a la libertad religiosa. Etapas de represión contra la Iglesia en Nicaragua”. Muestra datos sobre las acciones del régimen de Daniel Ortega para ahogar financieramente a la Iglesia católica orientadas a destruirla y forzando el exilio a sacerdotes y religiosas de Nicaragua.
El abogado nicaragüense Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo, presentó el informe en San José de Costa Rica y comentó que Daniel Ortega ve a la Iglesia como una barrera en su proyecto de completo control sobre el país.
Informó que han sido expulsados de Nicaragua 151 sacerdotes y 76 religiosas en 2023 con el exilio, la expulsión o la prohibición de regreso al país. El destierro se aplica a los miembros de la Iglesia católica y de la sociedad civil que ve como opositores políticos. Así “atenta contra la libertad de movimiento en Nicaragua y afecta el ejercicio sacerdotal en las diócesis a cargo de los sacerdotes que han sido confinados fuera del país”.
Además de señalar las acciones del régimen para ahogar financieramente a la Iglesia católica para destruirla y expatriar a los religiosos, la activista Yader Valdivia denunció las acciones del gobierno para usurpar las actividades religiosas, “reemplazando a la Iglesia católica en la organización de eventos como procesiones y festividades”. Su objetivo es crear una Iglesia a la medida de sus miras políticas.
El régimen sandinista prohibió las grandes celebraciones religiosas en las calles durante la Semana Santa y organiza celebraciones religiosas con fiestas populares y propaganda política en las alcaldías, bajo la dirección del Instituto Nicaragüense de Turismo. “Promueven la fe como una religión popular, que tratan de maquillar como que sí se siguen realizando actividades religiosas, y no son más que actividades propagandísticas”, manifestó Valdivia.
Es lamentable que la Iglesia nicaragüense fue mediadora durante el fallido diálogo nacional de 2018, ocasionado por las protestas contra una reforma al sistema de seguridad social, y hoy vive la persecución como represalia por no plegarse a los intereses del gobierno.
Juan Carlos Arce expresó el grave ataque que recibe el pueblo nicaragüense contra la fe, la libertad de expresión y la libertad de organización. Pidió a las organizaciones internacionales de derechos humanos “mantener un escrutinio constante sobre la situación en Nicaragua y tomar medidas efectivas para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas en el país”.
