(ZENIT Noticias / Roma, 17.01.2024).- ADF International ha presentado hoy una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nombre del líder de la sociedad civil y ex diputado mexicano Rodrigo Iván Cortés. En agosto 2023, Cortés fue condenado por «violencia política de género», incluida la violencia digital, por publicaciones en las redes sociales X y Facebook en las que se refería a la diputada mexicana de identidad transgénero Salma Luévano como «hombre que se autodenomina mujer».
Luévano presentó una denuncia contra Cortés, argumentando que 9 publicaciones en redes sociales en X y Facebook vulneraban el supuesto derecho a ser «reconocida como mujer» y una «negación de identidad». Cortés fue acusado de «violencia política de género» por el mero hecho de que Luévano es diputada en el Congreso mexicano.
Tras un recurso fallido ante la Sala Superior Electoral de México, se han agotado todas las vías de justicia en México, lo que obliga a Cortés a buscar justicia a nivel internacional. Tras su condena, la Sala Superior le impuso una multa de $19,244.00 MXN, además de ordenar a Cortés publicar diariamente en sus cuentas de redes sociales, durante 30 días, la sentencia del tribunal y una disculpa obligada escrita por el tribunal e impuesta textualmente a Cortés. También se ordenó a Cortés tomar un curso sobre «violencia política de género» y se le inscribió en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia Política contra las Mujeres.
«Como lo demuestra la condena de Rodrigo Iván Cortés por expresión pacífica, y decenas de casos como el suyo, la libertad de expresión está muy amenazada en México en este momento. Es nuestra súplica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admita este caso y obligue a México a cumplir con su deber de respetar el derecho fundamental a la libertad de expresión», declaró Kristina Hjelkrem, abogada de ADF International en el caso.
«El desacuerdo no es discriminación, y la disidencia pacífica no es violencia. Cortés habló, pacíficamente, en apoyo de la verdad evidente, y por eso, ha sido condenado como delincuente violento y sometido a penas onerosas. La continua censura del gobierno mexicano a sus ciudadanos viola sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de defender la libertad de expresión», continuó.
En respuesta a la presentación de hoy ante la Comisión, Cortés declaró: «Me comprometo a garantizar mi derecho y el de todos los ciudadanos mexicanos a la libertad de expresión, y espero obtener justicia de una resolución decisiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Expresar pacíficamente la verdad de la realidad biológica nunca puede ser un delito, y no se debe permitir que el gobierno de México castigue a las personas por compartir sus convicciones. Tengo la esperanza de que llegue el día en que todos los mexicanos puedan hablar libremente sin miedo a ser silenciados.»
Violación del debido proceso y de la imparcialidad judicial
Cortés, director del grupo de defensa Frente Nacional por la Familia (FNF), fue condenado por un tribunal inferior por utilizar referencias masculinas en Twitter y Facebook en relación con Luévano. La sentencia del tribunal superior estaba prevista inicialmente para junio de 2023, pero se retrasó tras conocerse una reunión a puerta cerrada entre el juez principal del caso y Luévano.
Luévano, quien presentó las quejas contra Cortés, se reunió en privado con el magistrado Felipe Barrera, y publicó una foto, con el magistrado del brazo, junto con un pie de foto señalando que la reunión fue «para hablar sobre la importancia de las Acciones Afirmativas para la población #LGBTTTIQ+» y que «¡Las #CuotasArcoiris llegaron para quedarse!». El consejo de Cortes descubrió y aportó pruebas de que dos de los cinco magistrados habían incurrido en reuniones y comunicaciones extraoficiales inapropiadas con el denunciante, Luévano, lo que ponía en duda su imparcialidad. El juez De la Mata fue descubierto enviando mensajes improcedentes a Luevano, proclamando su «condición de aliado» a la causa de Luevano, su apoyo a «la lucha» y su «agradecimiento» por formar parte de la defensa de Luevano. Los magistrados desestimaron la solicitud de recusación y se sentaron a juzgar el caso, violando el derecho de Cortés a ser juzgado por jueces imparciales.
La Sala Superior Electoral de México emitió su decisión en agosto de 2023, confirmando el veredicto de culpabilidad del tribunal inferior. Se han agotado todas las vías de justicia en México tras la decisión de la Sala Superior Electoral.
Condena por «violencia» en los tuits
A partir de septiembre de 2022, el grupo de defensa FNF expresó su preocupación en Twitter de que un proyecto de ley presentado por Luévano violaba la libertad de expresión y la libertad religiosa. El proyecto de ley pretendía penalizar
las enseñanzas cristianas sobre sexualidad como «incitación al odio». Llamó poderosamente la atención cuando Luévano la presentó en el Congreso vistiendo los ornamentos de un obispo católico.
Luévano presentó una denuncia contra Cortés, argumentando que 9 publicaciones en las redes sociales Twitter y Facebook vulneraban el derecho a ser reconocida como mujer y una «negación de identidad». Cortés fue acusado de «violencia política de género».
Luévano, junto con la diputada de identificación transexual María Clemente, ha adquirido notoriedad por fomentar disturbios en el Congreso de México, incluido un incidente en el que Clemente, apoyada por Luévano, forcejeó físicamente con el presidente de la cámara para obligarle a ceder el control de una reunión del Congreso en un intento de expulsar al diputado Gabriel Quadri. Clemente también provocó indignación al tuitear vídeos explícitos del propio «trabajo sexual» de Clemente, alegando el derecho a compartir libremente este tipo de contenidos en plataformas digitales.
Luévano y Clemente son miembros del partido MORENA, que ha promovido enmiendas constitucionales para consagrar los «derechos sexuales», sin distinciones de edad (incluidos los menores); una propuesta que la FNF criticó en una de las publicaciones en las redes sociales.
El caso de Cortés es similar al del diputado mexicano Gabriel Quadri, que fue acusado y condenado por «violencia política de género» por publicaciones en Twitter, a raíz de una denuncia presentada también por Salma Luévano. Quadri reclama justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y está a la espera de que se decida allí sobre su admisibilidad.
