(ZENIT Noticias / Montreal, 21.05.2024).- Desde la aprobación de la eutanasia en Canadá en 2016, originalmente limitada a pacientes terminales con muerte «razonablemente previsible», el país ha visto una expansión constante de esta práctica, ahora disponible para personas con discapacidad y, próximamente, posiblemente para aquellos con enfermedades mentales. Además, un comité parlamentario recomendó el año pasado que los menores podrían solicitar la eutanasia sin el consentimiento de sus padres.
La liberalización de las leyes de eutanasia en Canadá ha generado preocupaciones tanto nacionales como internacionales. La comparación histórica con el programa Aktion T4 de la Alemania nazi, que implementó la eutanasia como una política de eliminación de personas discapacitadas y enfermos incurables, sigue resonando en las críticas globales. En lugar de ser vista como una opción liberadora, la eutanasia en Canadá ha sido criticada por desviar recursos de los cuidados paliativos y restringir las opciones para los pacientes terminales.
El arzobispo Christian Lépine de Montreal se ha enfrentado al fiscal general de Quebec en un esfuerzo por defender los derechos religiosos y de conciencia en relación con la eutanasia. Lépine presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Quebec buscando detener la aplicación de una enmienda de 2023 a la Ley sobre cuidados al final de la vida. Esta enmienda prohíbe a los hospicios de cuidados paliativos excluir la asistencia médica para morir (MAiD) de los servicios que ofrecen.
El arzobispo Lépine argumenta que la enmienda no solo interfiere con el ejercicio de la libertad religiosa y de conciencia, sino que también representa una apropiación estatal de propiedades eclesiásticas para fines de eutanasia. La residencia de cuidados paliativos y centro de día St Raphael, gestionada por la Iglesia Católica en Montreal, está en el centro de este debate, intentando evitar convertirse en una clínica más de eutanasia.
Los abogados de la arquidiócesis advierten que, si su apelación fracasa, la Iglesia podría verse obligada a retirarse de la provisión de cuidados paliativos, ya que la eutanasia contradice directamente la enseñanza católica sobre la moralidad de la vida. Esta situación no es única: en países con leyes de eutanasia más antiguas, como los Países Bajos y Bélgica, se ha observado una disminución en los servicios de cuidados paliativos a medida que la práctica de la eutanasia se ha extendido.
La experiencia canadiense refleja un patrón visto en otras jurisdicciones donde la eutanasia ha sido legalizada. En Oregón, EE.UU., la implementación de la eutanasia llevó a una estagnación en la financiación y provisión de cuidados paliativos. Similarmente, en los Países Bajos y Bélgica, la eutanasia ha eclipsado a los cuidados paliativos, reduciendo significativamente la inversión y la oferta de estos servicios.
El año pasado, aproximadamente 14,000 canadienses murieron a través de eutanasia, representando el 4.1% de todas las muertes en el país. En Quebec, esta cifra alcanza el 6.1%, situando a las inyecciones letales como la tercera causa de muerte más común. Este contexto ha generado un clima donde la eutanasia no solo es fácil de obtener, sino que en algunos casos, parece ser impulsada activamente, incluso a pacientes que se sienten una carga para el Estado.
A medida que Canadá avanza en la expansión de sus leyes de eutanasia, el conflicto entre los derechos religiosos y la legislación estatal se intensifica. La iniciativa del arzobispo Lépine no solo busca proteger los principios católicos, sino también abrir un debate esencial sobre la libertad de conciencia en una sociedad cada vez más inclinada hacia la medicalización de la muerte.
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