Eugenio Capozzi
(ZENIT Noticias – La Bussola Quotidiana / Roma, 29.08.2024).- La carta enviada por Mark Zuckerberg al Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que admite oficialmente haber sucumbido a las peticiones de censura de contenidos publicados en Facebook por parte de agencias federales y, posteriormente, por la administración Biden entre 2020 y 2021, representa un punto de inflexión trascendental en el debate sobre la libertad de expresión en Occidente, en relación con las redes sociales y más allá. Más aún en relación con la detención del fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, en Francia hace unos días.
Es bien conocido el hecho de que las redes sociales han estado durante muchos años en el centro de acusaciones, campañas de denigración, intentos de control y presiones de censura incluso en países democráticos liberales. Desde su aparición, han introducido ciertos elementos deflagradores en la dialéctica social y política. Como canales extremadamente poderosos y omnipresentes de un flujo potencialmente inagotable de mensajes y relaciones, han socavado literalmente el sistema organizado de los medios de comunicación oficiales, creando las condiciones, por un lado, para la aparición y organización de corrientes de opinión espontáneas no controladas desde arriba y, por otro, para operaciones capilares de comunicación propagandística desde arriba y la acumulación de datos personales privados por parte de los fundadores y gestores de las plataformas, que se han visto investidos de un poder enorme, inusitado e imprevisto.
En particular, las redes sociales se convirtieron en el blanco de fuertes acusaciones y polémicas cuando se hizo evidente que constituían el principal canal de difusión de las ideas de los nuevos movimientos de la derecha occidental «populista» y «soberanista» nacidos tras la gran crisis de 2008, radicalmente críticos con muchos aspectos de la globalización y en gran medida ajenos al establishment político, económico-financiero e intelectual hegemonizado por el globalismo progresista «políticamente correcto».
De ahí la creciente presión de ese establishment para volver a poner bajo su control estos nuevos y poderosos polos de comunicación o, en caso contrario, la creciente tendencia a deslegitimarlos y criminalizarlos, argumentando que eran medios de difusión del odio, la violencia, el racismo, y de transmisión estructural de desinformación y «desinformación» a través de peligrosas «fake news» que contaminaban el debate civil.
El punto de inflexión decisivo a través del cual se consolidó esta visión fue 2016, con la victoria del Brexit y la sorprendente elección de Donald Trump a la Casa Blanca frente a Hillary Clinton. Ante estos dos signos inequívocos de resquebrajamiento del consenso por parte del «bloque» de élites formado tras el final de la Guerra Fría, y ante el auge de la derecha soberanista, dichas élites decretaron al unísono que tales fenómenos políticos no representaban uno de los resultados fisiológicos del debate democrático, sino, por el contrario, el resultado de que los medios de comunicación social habían dado cabida a noticias falsas y a manipulaciones lanzadas por hordas de conspiradores subversivos, tal vez al servicio de potencias hostiles como la Rusia de Putin; que, tras la primera crisis ucraniana de 2014, se había transformado rápidamente, para la «narrativa» dominante, en el «villano» perfecto al que culpar de toda oscura conspiración desestabilizadora.
Precisamente la victoria de Trump fue señalada por los demócratas estadounidenses como el resultado de un pactum sceleris entre el magnate y Putin, y esta acusación dio lugar incluso a una investigación judicial y del FBI, que más tarde resultaría (como atestiguó definitivamente el informe del fiscal John Durham en 2023) ser un montaje motivado por la voluntad de los aparatos de golpear al entonces presidente.
Desde entonces, la presión para que las redes sociales vuelvan a estar bajo el control del poder político y, en particular, para impedir que equilibren el debilitamiento estructural de las fuerzas políticas de derechas por parte de los grandes medios de comunicación, ha ido creciendo y haciéndose cada vez más explícita y amenazadora.
En la citada carta, Zuckerberg admitía sin ambages que en octubre de 2020, durante la campaña de las elecciones presidenciales en las que se enfrentaban Trump y Joe Biden, el FBI pidió censurar la difusión de un artículo del New York Post en el que se detallaba la implicación de Biden en los turbios negocios de su hijo Hunter con la empresa ucraniana Burisma porque, según la agencia, se trataba de una operación rusa de desinformación, y Facebook accedió, ejerciendo así una enorme contaminación sobre el debate electoral.
Del mismo modo, en 2021, ante la insistencia de la administración Biden, que había tomado posesión entretanto, la plataforma censuró un enorme número de contenidos que expresaban críticas, dudas e incluso sátiras sobre la versión oficial del gobierno acerca de la epidemia de Covid-19 y las medidas de emergencia relacionadas.
Desde luego, no se trataba de noticias desconocidas o sorprendentes, sino sólo de la confirmación de hechos que ya se conocían de diversas formas. Por otra parte, similares presiones censoras del aparato gubernamental estadounidense contra Twitter, entonces propiedad de Jack Dorsey, y prontamente ejecutadas, ya habían sido reveladas, con toda la documentación, por Elon Musk en 2022 tras adquirir la plataforma, en los famosos Twitter Files editados por Matt Taibbi. Pero es importante que Zuckerberg admita hoy que ceder a esa presión fue un error, y una traición a la función neutral que la plataforma debería haber asumido en la dialéctica civil y política. Igual que, en el lado opuesto, es importante, en el negativo, que la administración Biden siga reivindicando su comportamiento en aquel contexto, justificándolo en la necesidad de promover, en una situación de grave emergencia, «acciones responsables para proteger la salud y la seguridad públicas».
Y es precisamente el concepto de emergencia -utilizado incesantemente en los últimos años para el Covid, luego para la supuesta «crisis climática», después para la guerra ruso-ucraniana, pero aplicable prácticamente a cualquier ámbito sobre el que se promuevan campañas alarmistas- el que representa la principal palanca que el bloque de poder occidental, predominantemente de izquierdas, invoca para invocar un sometimiento de todos los medios de comunicación, y especialmente de los medios sociales, al papel de repetidores pasivos de una narrativa esencialmente única impuesta desde arriba. Una lógica que informa la Digital Service Act, una reglamentación de los servicios digitales aprobada por la Unión Europea en 2022 y que entró en vigor este año, que impone a las mismas plataformas la «moderación» (es decir, la censura) de los contenidos sobre todos los temas «sensibles». Y que ahora está siendo utilizada por Francia para acusar, con una lógica surrealista, al CEO de Telegram, Pavel Durov, de complicidad directa con acciones criminales llevadas a cabo a través de su plataforma (terrorismo, pornografía infantil, tráfico de drogas) en un intento de socavar definitivamente las garantías de privacidad que ofrece la plataforma (también probablemente con fines militares y de política exterior).
Hemos llegado, en definitiva, a una encrucijada decisiva en la historia de las redes sociales, pero más en general del pluralismo occidental. A falta de una movilización civil y política transversal consciente y decidida sobre la cuestión, incluso en las democracias liberales los medios de comunicación se encaminarán inevitablemente hacia una deriva «china», siguiendo la transformación de los sistemas pluralistas en regímenes de vigilancia de emergencia.
Traducción del original en lengua italiana realizada por el director editorial de ZENIT.
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