(ZENIT Noticias – ONU Noticias / Nueva York, 06.09.2024).- Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua han estado ocurriendo desde 2018, cuando estudiantes universitarios y otros activistas de la sociedad civil comenzaron a protestar contra una nueva Ley de Seguridad Social y a pedir la renuncia del presidente.
La violenta represión de las fuerzas de seguridad dirigidas por el Gobierno de Daniel Ortega resultó en numerosos muertos y heridos, y severas restricciones a las libertades de expresión, religión y otros derechos, bajo un sistema de justicia “utilizado como arma”, según expertos independientes en derechos humanos.
El nuevo informe del ACNUDH , que abarcó un período de 12 meses a partir del 15 de junio de 2023, se basa en 120 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, y en reuniones de la sociedad civil y otros organismos.
El informe señala que “la persecución de los opositores al Gobierno o de aquellos percibidos como voces disidentes se ha extendido e intensificado progresivamente”.
Resultados del informe
El informe del ACNUDH concluyó que los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes y otras organizaciones que abogan por un cambio político sin ningún reconocimiento gubernamental han sido perseguidos por las autoridades, tras el cierre de cientos de grupos de la sociedad civil.
“Las autoridades siguen persiguiendo no sólo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier individuo u organización que actúe independientemente o no esté directamente bajo su control”, señala el informe.
La última semana de agosto, las autoridades nicaragüenses propusieron un proyecto de ley que permitiría procesar a personas en el exterior que presuntamente hayan cometido delitos como lavado de dinero o terrorismo, según el informe.
Esto genera preocupación pública de que la ley podría ser utilizada para “presionar e intimidar a ciudadanos exiliados y extranjeros por el legítimo ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y otros derechos”.
Aumento de la violencia
El informe detalla una docena de casos en los que los detenidos fueron torturados mediante diversas formas de abuso sexual y descargas eléctricas.
Los pueblos indígenas y afrodescendientes también han experimentado formas de violencia y se han reportado al menos dos asesinatos cometidos por quienes intentan expropiar tierras.
“Los asesinatos y otros ataques violentos, incluida la violencia de género, la quema deliberada de viviendas y la apropiación ilegal de tierras y propiedades indígenas se llevaron a cabo en un contexto de impunidad generalizada”, señala el informe.
Los grupos religiosos también se han enfrentado a más “restricciones indebidas”, incluidos 27 sacerdotes y seminaristas católicos arrestados injustamente entre octubre de 2023 y enero de 2024, cita el informe. Además, a muchos grupos religiosos se les ha revocado su estatus legal de organización no gubernamental.
Una crisis multifacética
El jefe del ACNUDH, Volker Türk, dijo que la crisis que afecta a Nicaragua desde 2018 es multifacética y que es necesario un “cambio urgente de rumbo por parte del Gobierno”.
“Es preocupante ver cómo el espacio cívico continúa siendo severamente erosionado en Nicaragua, y cómo el ejercicio de los derechos civiles y políticos fundamentales se está volviendo cada vez más difícil”, dijo el Sr. Türk.
“Las elecciones de 2026 ofrecen una nueva oportunidad”, continuó. “Es crucial que se respete plenamente el derecho a la participación política para que los nicaragüenses puedan decidir con seguridad y libertad el futuro de su país”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta al Gobierno a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas arbitrariamente, garantizar juicios justos, poner fin a la tortura y los malos tratos y restablecer el estatus jurídico de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de la oposición.
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