(ZENIT Noticias / Seúl, 04.12.2024).- La declaración de ley marcial por parte del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ha desatado una ola de indignación entre diversos sectores de la sociedad, especialmente los líderes religiosos, quienes han denunciado el acto como un atentado contra los principios democráticos que sustentan el país. Aunque la medida fue revocada rápidamente tras la presión del parlamento, las repercusiones políticas y sociales siguen siendo intensas.
Un llamado contundente a la responsabilidad presidencial
La Conferencia de Obispos Católicos de Corea (CBCK) ha sido clara en su postura. El obispo Mathias Ri Iong-hoon de Suwon pidió al presidente Yoon que ofrezca una explicación pública y una disculpa sincera al pueblo coreano. “La democracia de Corea del Sur es el fruto de sacrificios profundos”, destacó Mathias, recordando el papel de la Iglesia Católica en la defensa de las libertades fundamentales a lo largo de la historia reciente del país.
El pronunciamiento de los obispos se suma al de otros grupos religiosos que ven en las acciones de Yoon un intento de subvertir el sistema democrático. En palabras del obispo Kim Chung-suk, de la Iglesia Metodista de Corea, la declaración de ley marcial fue “una traición al contrato social entre el gobierno y el pueblo”.
La ley marcial: ¿un paso hacia la dictadura?
El anuncio del general Park An-soo, comandante de la ley marcial, incluyó restricciones draconianas, como la prohibición de toda actividad política y manifestaciones públicas. Esta decisión, según los críticos, refleja un enfoque autoritario que recuerda épocas de represión en Corea del Sur.
Grupos cristianos como Bible Korea y el centro de investigación Nehemiah han ido más allá, exigiendo directamente la dimisión de Yoon. Nehemiah calificó la medida como una “violación flagrante del orden constitucional” y subrayó que los actos del presidente han abierto la puerta a un posible juicio político.
Unidad interreligiosa en defensa de la democracia
La indignación no se ha limitado al ámbito cristiano. Comunidades budistas también se han pronunciado, acusando a Yoon de crear las condiciones para un colapso democrático. “Estas acciones son motivos legales suficientes para un impeachment”, advirtieron líderes budistas, según reportes de medios locales.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Iglesia Coreana, una organización influyente en la lucha por la justicia social, advirtió que los cristianos están preparados para movilizarse si el gobierno continúa ignorando las demandas populares.
Implicaciones políticas y el futuro de Yoon Suk Yeol
La reacción unificada de las comunidades religiosas y civiles ha generado un fuerte impulso para la moción de impeachment presentada por los partidos de oposición. Aunque Yoon revocó la ley marcial tras el voto parlamentario, la crisis ha debilitado su posición política y abierto un debate nacional sobre los límites del poder presidencial.
Este episodio subraya la fragilidad de las democracias contemporáneas y el papel fundamental de los líderes religiosos como guardianes de los valores éticos y sociales. En Corea del Sur, su mensaje ha sido claro: la democracia no se negocia, y cualquier intento de retroceso encontrará una resistencia unida y decidida.
Mientras la nación espera los próximos pasos en esta crisis, queda claro que las cicatrices de este incidente tardarán en sanar, pero también que la sociedad civil y religiosa ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.
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