(ZENIT Noticias / Ciudad del vaticano, 22.12.2025).- El Papa León XIV ha dado un paso trascendental en la configuración de la vida interna de la Santa Sede. Al aprobar un estatuto revisado para la Oficina del Trabajo de la Sede Apostólica (ULSA), el Papa ha redefinido discretamente el funcionamiento de las relaciones laborales, la protección de los empleados y la gobernanza laboral dentro del complejo ecosistema institucional del Vaticano.
La reforma se promulgó mediante un Rescriptum ex audientia Sanctissimi, firmado el 25 de noviembre de 2025, poco después de una audiencia con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, y tan solo un día después de la publicación del nuevo Reglamento General de la Curia Romana. La coincidencia no es casual: ambos textos describen un esfuerzo coordinado para modernizar la gobernanza, a la vez que la fundamentan explícitamente en la doctrina social de la Iglesia.
En el centro de la reforma se encuentra una importante ampliación del consejo directivo de la ULSA, el órgano responsable de la consulta y la elaboración de propuestas en materia de legislación laboral. Por primera vez desde la creación de la oficina en 1988, bajo el reinado de San Juan Pablo II, la Secretaría de Estado tendrá un lugar formal en la mesa. Junto a él, vienen representantes del Vicariato de Roma, el Fondo de Pensiones del Vaticano y el Fondo de Asistencia Sanitaria (FAS), sumándose a instituciones ya presentes como el Dicasterio para la Evangelización, la Secretaría de Economía, la APSA y la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esta composición más amplia va más allá de un simple ajuste administrativo. Refleja la insistencia de León XIV en la responsabilidad compartida y el diálogo institucional, garantizando que las decisiones que afectan a los empleados del Vaticano se basen simultáneamente en perspectivas pastorales, financieras, médicas y legales. El objetivo declarado es una mayor coordinación interna, pero el efecto más profundo es cultural: las cuestiones laborales ya no se tratan como asuntos técnicos marginales, sino como una preocupación común que afecta a la credibilidad moral de la Iglesia.
El estatuto revisado también modifica el funcionamiento del consejo. Anteriormente, los miembros individuales tenían una capacidad limitada para definir la agenda a menos que contaran con el apoyo de varios colegas. Según las nuevas reglas, cada consejero puede proponer de forma independiente temas de debate, sujeto a la discreción del presidente. Este cambio, modesto en teoría, encarna un estilo de trabajo más participativo y «sinodal», que fomenta la iniciativa tanto de los administradores como de los representantes del personal.
La misión principal de la ULSA se mantiene intacta. La oficina continúa supervisando la legislación laboral, promoviendo condiciones laborales justas, apoyando el desarrollo profesional y mejorando las disposiciones de seguridad social y bienestar para los empleados del Vaticano. También mantiene su función de asesor técnico de los dicasterios y otras entidades, ayudándolos en la elaboración de reglamentos internos donde las normas generales dejan margen de interpretación. Tras treinta y cinco años de experiencia acumulada, la ULSA se posiciona no solo como regulador, sino como depositario de la memoria institucional y las mejores prácticas.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma se refiere a los conflictos laborales. El estatuto reafirma que cualquier empleado o exempleado que considere haber sido perjudicado por una decisión administrativa laboral puede interponer un recurso, ya sea a través de la ULSA o ante las autoridades judiciales del Vaticano, a menos que la medida haya sido aprobada personalmente por el Papa. La conciliación obligatoria ante el director de la ULSA sigue siendo un requisito previo antes de que los casos procedan a arbitraje o a los tribunales.
En este caso, sin embargo, León XIV introdujo un claro umbral profesional. Los abogados que participan en procesos de conciliación deben demostrar ahora una probada experiencia en derecho laboral, mientras que los abogados civiles que deseen ser admitidos en el registro de la ULSA deben demostrar un sólido conocimiento del derecho vaticano. El objetivo es doble: mejorar la calidad técnica de los procedimientos y reforzar el sentido de responsabilidad eclesial entre quienes litigan en la Santa Sede.
La reforma se basa en propuestas aprobadas por unanimidad por el propio consejo de la ULSA, pero también lleva la inconfundible huella de las prioridades del Papa. Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha enfatizado la dignidad del trabajo y el deber de la Iglesia de encarnar su doctrina social no solo en la defensa externa, sino también dentro de sus propias instituciones.
En ese sentido, el nuevo estatuto se centra menos en la burocracia que en la coherencia. Al fortalecer la representación, alentar el discernimiento compartido y exigir rigor profesional, el Papa está enviando un mensaje de que el sistema laboral del Vaticano debe reflejar los valores que proclama (justicia, participación y cuidado de la persona humana), comenzando por casa.
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