(ZENIT Noticias / Jerusalén, 03.01.2026).- Con la llegada del año 2026, una nueva fecha límite está transformando el panorama humanitario en Gaza y Cisjordania. Más allá de las líneas del frente y las declaraciones de alto el fuego, la decisión de Israel de no renovar las licencias de operación de decenas de organizaciones no gubernamentales internacionales se hace efectiva, con consecuencias que van mucho más allá del cumplimiento administrativo.
Según las autoridades israelíes, entre 25 y casi 40 ONG internacionales perdieron su autorización para operar a partir del 1 de enero, tras incumplir los nuevos requisitos de registro impuestos. El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que supervisa el proceso, ha calificado la medida como una necesidad de seguridad. Las autoridades argumentan que un escrutinio más estricto de las listas de personal, las fuentes de financiación y las estructuras internas es esencial para evitar que los marcos humanitarios sean explotados por grupos militantes que operan en Gaza o sus alrededores.
El nuevo sistema va mucho más allá de la simple supervisión burocrática. Se solicitó a las organizaciones que presentaran información detallada sobre sus empleados, tanto extranjeros como palestinos, revelaran sus fuentes de financiación y aceptaran condiciones que muchas agencias de ayuda consideran políticamente connotadas, incluyendo compromisos explícitos de no emprender acciones legales contra el personal militar israelí en tribunales internacionales. Para Israel, estas medidas se presentan como salvaguardias. Para los actores humanitarios, representan una línea roja.
La lista de organizaciones afectadas se lee como un directorio de la respuesta humanitaria global: Médicos Sin Fronteras (Médicos Sin Fronteras), Oxfam, CARE International, el Consejo Noruego para los Refugiados, ActionAid y varias agencias católicas, como Cáritas Jerusalén y Cáritas Internationalis. En conjunto, estos grupos brindan atención médica, asistencia alimentaria, distribución de agua, alojamiento y servicios sociales a cientos de miles de palestinos en un territorio cuya infraestructura ha sido devastada por meses de conflicto.
Médicos Sin Fronteras ha sido uno de los críticos más acérrimos. Funcionarios israelíes han alegado que individuos afiliados a la organización tenían vínculos con grupos armados palestinos como Hamás o la Yihad Islámica, acusaciones que MSF ha rechazado categóricamente. La organización insiste en que aplica rigurosos procedimientos de investigación y que difundir públicamente afirmaciones sin fundamento pone en peligro tanto al personal humanitario como a los pacientes. Para MSF, lo que está en juego es concreto: sin un registro válido, se vería obligada a suspender sus operaciones en cuestión de semanas, cortando el apoyo a hospitales, maternidades, unidades de traumatología e instalaciones de campo que actualmente atienden a una parte considerable de la población de Gaza.
Las instituciones católicas han respondido con una línea diferente, pero igualmente firme. El Patriarcado Latino de Jerusalén emitió una declaración formal en defensa de Cáritas Jerusalén, subrayando que no es una ONG convencional, sino una persona jurídica eclesiástica que opera bajo la autoridad de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Su personalidad jurídica, recuerda el Patriarcado, fue reconocida explícitamente por el Estado de Israel mediante acuerdos bilaterales firmados con la Santa Sede en 1993 y 1997. Sobre esta base, Cáritas Jerusalén no ha solicitado su reinscripción bajo el nuevo sistema israelí y mantiene que continuará su labor humanitaria y de desarrollo en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, de conformidad con su mandato.
Esta postura tiene un peso tanto legal como simbólico. Pone de relieve una tensión no resuelta entre el marco regulatorio interno de Israel y los acuerdos internacionales o bilaterales anteriores a la crisis actual. También coloca a la Iglesia Católica, a través de sus estructuras locales, en una posición delicada: reivindicar sus derechos y la continuidad de su misión sin intensificar una confrontación política en un contexto ya de por sí volátil.
Las reacciones internacionales han sido rápidas y contundentes. La Unión Europea ha cuestionado abiertamente la aplicabilidad de la nueva ley de registro en su forma actual, exigiendo la eliminación de todos los obstáculos al acceso humanitario. Las autoridades palestinas han denunciado la decisión como arbitraria y han instado a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general a considerar medidas punitivas o disuasorias. Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han ido más allá, describiendo la suspensión de licencias como un castigo colectivo que viola el derecho internacional humanitario.
Estas declaraciones diplomáticas contrastan con la cruda realidad sobre el terreno. La economía de Gaza está prácticamente paralizada, el desempleo es generalizado y el acceso a alimentos, agua potable y atención médica depende en gran medida de la ayuda internacional. Durante una reciente visita a la Franja, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa pintó un panorama desolador: sin ingresos y con los mercados apenas funcionando, la mayoría de las familias sobreviven gracias a que la ayuda humanitaria, tras largas demoras, ha comenzado a fluir de nuevo. Cualquier interrupción, advirtió, tendría consecuencias inmediatas y graves. Israel ha flexibilizado parcialmente algunas restricciones a la entrega de ayuda en las últimas semanas, pero las agencias humanitarias informan que el acceso sigue siendo inferior a los niveles necesarios para satisfacer las necesidades básicas y a los compromisos asumidos en el marco del alto el fuego de octubre. En este contexto, la retirada de organizaciones internacionales con experiencia corre el riesgo de socavar lo que queda de los ya destrozados servicios sociales y de salud de Gaza.
En esencia, la disputa no se limita a la verificación de antecedentes en materia de seguridad o la soberanía administrativa. Plantea una cuestión más fundamental: el equilibrio entre las legítimas preocupaciones de seguridad y la obligación de garantizar la supervivencia de una población civil en crisis. Al convertir los requisitos de registro en un factor de facto para la presencia humanitaria, Israel está redefiniendo las condiciones bajo las cuales se puede entregar la ayuda en una de las zonas de conflicto más vigiladas del mundo.
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