(ZENIT Noticias / León, Nicaragua, 23.01.2026).- Un nuevo episodio de presión sobre la Iglesia Católica se ha desatado en Nicaragua, donde el régimen ha ordenado al clero de la Diócesis de León permanecer en sus parroquias y abstenerse de predicar fuera de los templos. La directiva, emitida días antes de una oleada de misiones pastorales, subraya la drástica restricción que sigue sufriendo la vida religiosa en el país bajo el gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La prohibición afectó la labor pastoral programada para el 24 de enero, en el marco del Año Eclesiológico proclamado por el obispo Sócrates René Sándigo, quien gobierna las diócesis de León y la vecina Chinandega. La iniciativa pretendía renovar la presencia misionera de la Iglesia, incluyendo las tradicionales visitas puerta a puerta y la proclamación pública del Evangelio. En cambio, los sacerdotes, según se informa, recibieron una instrucción contundente de las autoridades: «Hagan su trabajo dentro».
La orden fue denunciada inicialmente por la abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina, cuya documentación sobre la persecución religiosa en el país se ha convertido en una referencia clave para los observadores internacionales. Según Molina, y como informó el medio independiente Despacho 505, el mensaje fue transmitido directamente por agentes policiales que actuaban en nombre del régimen. Se ordenó explícitamente al clero que no abandonara sus parroquias para realizar actividades pastorales, neutralizando así la dimensión misionera del programa diocesano.
Fuentes cercanas a la Iglesia confirmaron que la prohibición se aplicó mediante la presencia policial y la intimidación, una táctica habitual en un país donde las fuerzas del orden han asumido cada vez más el papel de guardianes ideológicos. Si bien no se publicó ningún decreto formal, la orden verbal tuvo suficiente peso para garantizar su cumplimiento, lo que refleja el clima de temor que se ha instalado en las comunidades religiosas.
El caso de León es particularmente revelador. El obispo Sándigo ha sido percibido a menudo como uno de los prelados menos confrontativos con el gobierno, y en el pasado sus diócesis gozaron de concesiones limitadas que no se otorgaban en otros lugares. En algunas ocasiones, incluso se permitieron procesiones en zonas universitarias, una excepción en un país donde las expresiones religiosas públicas han sido sistemáticamente prohibidas o desmanteladas. La última intervención sugiere que incluso la aparente moderación no ofrece una protección duradera.
Para los lectores que no estén familiarizados con la historia reciente de Nicaragua, estas restricciones marcan un cambio drástico con respecto a la práctica católica tradicional. En Latinoamérica, las misiones parroquiales y las visitas casa por casa no son actividades marginales, sino una expresión central de la atención pastoral, especialmente en las comunidades más pobres y rurales. Impedir que los sacerdotes abandonen los recintos eclesiásticos equivale a redefinir la religión como un acto puramente privado, despojado de su dimensión social y comunitaria.
La prohibición en León se inscribe en un patrón más amplio. En los últimos años, el régimen de Ortega y Murillo ha expulsado órdenes religiosas, confiscado bienes de la Iglesia, encarcelado o exiliado al clero y prohibido las procesiones públicas en todo el país. Lo que distingue a este episodio es su precisión: en lugar de cerrar las iglesias por completo, el Estado ahora dicta cómo se puede ejercer el ministerio, incluso dentro de los límites de la parroquia.
Para los fieles de León y Chinandega, el mensaje es inequívoco. La Iglesia puede existir, pero solo dentro de los límites impuestos por el Estado. La orden de «quedarse en casa» no es meramente logística; Es un símbolo de un régimen decidido a confinar la vida religiosa al silencio y a los muros, incluso cuando están involucrados obispos que antes se consideraban relativamente aceptables.
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