Gays demandan a una mujer por no abortar a bebé: la rentaron para tener un hijo

(ZENIT Noticias / Toronto, 14.07.2026).- Una batalla legal que se desarrolla en Canadá está poniendo al descubierto algunas de las cuestiones éticas más complejas en torno a la gestación subrogada, el diagnóstico prenatal y los límites de la paternidad contractual. En el centro de la disputa no se encuentra únicamente un desacuerdo económico, sino un conflicto mucho más fundamental: quién tiene la última palabra cuando los padres intencionados y la madre subrogada llegan a conclusiones opuestas sobre la vida del feto.

El caso, que actualmente se encuentra ante el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, se inició después de que una pareja del mismo sexo presentara una demanda civil solicitando aproximadamente 600.000 dólares canadienses en concepto de daños y perjuicios a la mujer que gestó a su hijo. Acusan a la madre subrogada de negligencia, incumplimiento de contrato, invasión de la privacidad y de no haberles informado adecuadamente sobre las decisiones que afectaban al embarazo, alegando que la disputa les causó un importante sufrimiento emocional.

El conflicto se remonta a junio de 2024, cuando la madre subrogada tenía 22 semanas de embarazo de un bebé concebido mediante fertilización in vitro con un óvulo donado y esperma de cada uno de los padres intencionados. Una ecografía de rutina sugirió que el feto podría tener labio hendido, posible paladar hendido y una cardiopatía leve.

Invocando una cláusula de su contrato de gestación subrogada, los padres intencionados solicitaron formalmente la interrupción del embarazo. En una comunicación escrita, argumentaron que la evidencia médica indicaba que el bebé probablemente tenía anomalías congénitas y afirmaron que, aunque difícil, creían que el aborto era la decisión apropiada.

La madre subrogada se negó.

La madre soltera, que trabaja como funcionaria penitenciaria, explicó posteriormente que solo habría considerado interrumpir el embarazo si los médicos hubieran concluido que el niño no tenía ninguna posibilidad real de sobrevivir al nacer. Sin embargo, exámenes posteriores en el Hospital Mount Sinai de Toronto revelaron que el bebé gozaba de buena salud en general, siendo el labio hendido la única afección médica significativa. Tras estas evaluaciones, los padres intencionados acordaron continuar con el embarazo. Sin embargo, el desacuerdo alteró la relación de forma permanente.

Según Sally Rhoads-Heinrich, fundadora de Surrogacy in Canada Online, la disputa marcó un punto de inflexión. Afirmó que las partes habían mantenido una relación positiva hasta entonces, pero todo cambió cuando la madre subrogada se negó a someterse a un aborto.

Las tensiones resurgieron al acercarse el parto. Los futuros padres querían que el nacimiento tuviera lugar en un hospital debido a las preocupaciones médicas previas, mientras que la madre subrogada insistía en seguir el plan de parto original estipulado en el acuerdo: un parto en casa atendido por parteras tituladas.

Poco después del nacimiento, el recién nacido presentó dificultades respiratorias temporales, pero respondió rápidamente al oxígeno administrado por las parteras antes de ser trasladado en ambulancia al hospital. Finalmente, el niño quedó al cuidado de los futuros padres.

Sin embargo, la batalla legal apenas comenzaba.

Posteriormente, la madre subrogada solicitó el reembolso de aproximadamente 10.000 dólares canadienses por gastos documentados relacionados con el embarazo, incluyendo salarios perdidos y cotizaciones a la pensión no percibidas. Ella sostiene que, tras obtener la custodia del bebé, los padres intencionados interrumpieron la comunicación y se negaron a cubrir esos gastos.

La pareja respondió con una demanda mucho mayor, alegando que la madre subrogada ignoró sus instrucciones sobre decisiones que afectaban la atención médica del feto y expuso al niño por nacer a riesgos innecesarios. También afirman que el impacto emocional de la disputa fue tan grave que uno de ellos no pudo trabajar durante más de un año.

Por su parte, la madre subrogada afirma que se sintió valorada solo mientras cumpliera con las expectativas.

«Simplemente me siento utilizada», declaró en entrevistas con los medios. «No consiguieron el hijo perfecto que querían y me abandonaron».

El caso también pone de relieve una característica importante de la legislación canadiense que muchos fuera del país quizás desconozcan. Si bien la gestación subrogada está permitida, el pago comercial a las madres subrogadas está prohibido. Las mujeres solo pueden recibir un reembolso por los gastos documentados relacionados con el embarazo. Este marco legal, según sus defensores, tiene como objetivo prevenir la comercialización, pero los críticos afirman que puede dejar a las madres subrogadas en una situación de vulnerabilidad financiera si la relación con los padres intencionados se deteriora.

La bioeticista Juliet Guichon ha señalado otra realidad legal que subyace en la disputa: independientemente de las cláusulas contractuales, la ley canadiense reconoce en última instancia a la mujer embarazada como la persona que decide si continuar o interrumpir el embarazo. Este principio implica que las expectativas contractuales pueden entrar en conflicto directo con la autonomía corporal cuando surgen circunstancias médicas imprevistas.

Más allá de los tribunales, la demanda ha reavivado debates éticos más amplios que se extienden mucho más allá de Canadá. Los avances en las pruebas prenatales permiten ahora a los médicos detectar muchas afecciones antes del nacimiento, pero también plantean interrogantes complejos sobre cómo la sociedad valora la discapacidad, la imperfección y la dignidad humana. Afecciones como el labio hendido, si bien requieren tratamiento médico, suelen ser corregibles mediante cirugía, lo que permite a los niños afectados llevar una vida sana y plena.

El litigio también ilustra cómo los acuerdos de gestación subrogada pueden volverse cada vez más complejos cuando las expectativas sobre el futuro hijo difieren de la realidad médica. Lo que comienza como un acuerdo contractual entre adultos puede convertirse en un profundo desacuerdo sobre el valor de una vida por nacer y las responsabilidades que se le deben al niño.

Mientras el tribunal de Ontario sopesa las demandas contrapuestas relacionadas con el derecho contractual, la toma de decisiones médicas y la autonomía personal, el resultado podría influir en futuras disputas sobre gestación subrogada. Independientemente del fallo judicial, el caso ya se ha convertido en un poderoso recordatorio de que, cuando la paternidad se rige por acuerdos detallados y técnicas de reproducción asistida, las preguntas más difíciles suelen surgir no antes de la concepción, sino después de que se manifiestan realidades humanas inesperadas.

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