(ZENIT Noticias / Burlington, 17.08.2026).- La bancarrota de la Diócesis Católica de Vermont ha entrado en una fase potencialmente decisiva: un tribunal federal ha abierto la puerta para que las víctimas de abuso clerical impugnen si hasta 500 millones de dólares en bienes parroquiales pueden destinarse a financiar acuerdos extrajudiciales.
El fallo no transfiere ni un solo edificio parroquial ni cuenta bancaria a las víctimas. En cambio, la jueza de bancarrota Heather Cooper las ha autorizado a iniciar un procedimiento contencioso para determinar si los acreedores pueden acceder legalmente a los bienes pertenecientes a casi 70 parroquias.
Esta distinción es crucial. La batalla inmediata no gira en torno a la propiedad de las iglesias, casas parroquiales y demás bienes parroquiales, sino a si dichos bienes son legalmente independientes de la diócesis a efectos de su reorganización bajo el Capítulo 11.
La orden de Cooper del 28 de julio busca resolver esta cuestión antes de que se convierta en una disputa aún más costosa. Sin una resolución, advirtió, años de litigio podrían consumir millones de dólares en honorarios legales que, de otro modo, podrían destinarse a compensar las reclamaciones legítimas por abuso.
Lo que está en juego es de suma importancia para una diócesis cuyos recursos financieros ya se encuentran gravemente mermados.
Vermont solicitó la protección del Capítulo 11 en otoño de 2024 tras llegar a un acuerdo en una serie de casos de mala conducta clerical. Según los registros judiciales citados, la diócesis ha pagado 34,5 millones de dólares para resolver 67 demandas en las últimas dos décadas, mientras que otras 119 demandas que datan de 1950 siguen pendientes.
Estos acuerdos contribuyeron a reducir sus activos financieros más valiosos a la mitad, dejando aproximadamente 35 millones de dólares.
El comité de sobrevivientes argumenta que esta cifra no representa la totalidad de los recursos económicos de la organización católica. Estima el valor colectivo de las propiedades pertenecientes a 66 parroquias en hasta 500 millones de dólares y sostiene que estos activos también deberían estar disponibles para negociaciones.
La diócesis discrepa rotundamente.
Sus abogados presentaron una objeción de 18 páginas el 21 de julio, advirtiendo sobre los riesgos de permitir que los activos parroquiales formen parte del patrimonio en quiebra. La diócesis ya ha gastado aproximadamente 2 millones de dólares en honorarios legales durante los últimos dos años y argumenta que un litigio prolongado podría dejarla sin recursos suficientes para continuar su defensa o, lo que es más importante, para indemnizar a las víctimas.
El conflicto se complica por un intento realizado en 2006 de proteger las propiedades parroquiales locales mediante su colocación en fideicomisos. Si estos acuerdos impiden legalmente que los activos sean embargados en la actual bancarrota es ahora una de las cuestiones centrales que se debaten ante el tribunal.
Para el comité de víctimas, la cuestión radica en la rendición de cuentas. Sus abogados representan a más de 100 denunciantes de abuso y han solicitado al tribunal que declare que todos los bienes de la iglesia están potencialmente disponibles para los acreedores. Sin tal resolución, argumentan, la diócesis podría seguir eludiendo lo que describen como su responsabilidad moral, financiera y legal hacia las víctimas.
Mientras tanto, la diócesis se enfrenta a una difícil situación financiera. Según la ley federal de bancarrota, un plan de reorganización del Capítulo 11 requiere la aprobación tanto del tribunal como de los acreedores. Cada dólar gastado en establecer la situación legal de una propiedad en disputa es un dólar que, en última instancia, no puede destinarse a acuerdos ni al funcionamiento de la diócesis.
La geografía de la disputa hace que el asunto sea particularmente delicado.
Las propiedades en juego no son meros activos financieros abstractos. Incluyen comunidades parroquiales locales repartidas por todo Vermont, desde San Eduardo el Confesor en Derby Line, una comunidad de 687 habitantes cerca de la frontera con Canadá, hasta San Joaquín en Readsboro, con una población de 702 habitantes.
Para los feligreses, un edificio de iglesia es a la vez una propiedad, un lugar de culto y un centro de la vida comunitaria. Para los acreedores en un proceso de quiebra, sin embargo, la cuestión es si dicha propiedad constituye un activo que pueda contribuir legalmente a la resolución de las reclamaciones pendientes.
Esa tensión es el meollo del caso.
La diócesis ya ha vendido propiedades importantes para recaudar fondos. Su antigua sede en South Burlington se vendió por 3,13 millones de dólares, mientras que la antigua residencia para personas mayores Loretto Home en Rutland se vendió por 1 millón de dólares. También busca la aprobación judicial para transferir el campus de la escuela secundaria Rice Memorial en South Burlington a una nueva organización sin fines de lucro por 4,3 millones de dólares.
Estas transacciones ilustran la precaria situación financiera en la que se desarrollan las negociaciones de bancarrota. La diócesis intenta reorganizarse preservando los recursos suficientes para continuar con su misión y atender las reclamaciones derivadas de décadas de presuntos abusos.
El comité de sobrevivientes ha solicitado al tribunal que resuelva la cuestión de la propiedad en lugar de permitir que las partes se enfrasquen en una disputa fragmentaria durante años. Su abogada, Brittany Michael, declaró ante el juez Cooper que determinar la situación legal real de los bienes en disputa es necesario para que las partes lleguen a una resolución.
El tribunal aún no ha anunciado los próximos pasos ni un calendario.
Por ahora, las partes tienen dos opciones principales: buscar una solución negociada mediante mediación, con reuniones privadas programadas para esta semana, o continuar litigando sobre la propiedad y disponibilidad de los bienes parroquiales.
Ninguna de las dos opciones es sencilla.
Las víctimas buscan una compensación justa por abusos que se extienden por generaciones. La diócesis argumenta que agotar sus recursos restantes en litigios podría, en última instancia, perjudicar a esas mismas víctimas al reducir el dinero disponible para acuerdos.
Esa es la paradoja que enfrenta ahora la Iglesia Católica de Vermont: cuanto mayor sea el conjunto de bienes potencialmente disponibles para los acreedores, mayor será la exposición financiera de la institución que debe seguir funcionando; pero cuanto menor sea ese conjunto, más difícil será brindar una compensación adecuada a quienes sufrieron abusos.
Por lo tanto, se le ha pedido al tribunal de quiebras que resuelva algo más que una cuestión técnica de derecho de propiedad.
Debe determinar dónde se encuentra el límite financiero entre una diócesis y las parroquias que conforman su presencia visible en Vermont y, una vez establecido dicho límite, qué parte del patrimonio restante de la Iglesia puede destinarse legítimamente a la resolución de las reclamaciones de los sobrevivientes.
Las cifras evidencian el dilema: aproximadamente 35 millones de dólares en activos diocesanos importantes, hasta 500 millones de dólares en propiedades parroquiales en disputa, 34,5 millones de dólares ya pagados para resolver 67 casos y 119 reclamaciones adicionales aún pendientes.
Detrás de estas cifras se encuentran las víctimas que buscan justicia y las comunidades parroquiales que se preguntan qué quedará de sus iglesias.
Las próximas decisiones del tribunal determinarán si estas dos realidades pueden conciliarse.
Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.
Publicaciones relacionadas:
Arquidiócesis de Nueva York, su compañía de seguros y cómo ésta trabajaba en su contra
Iglesia colombiana actualiza protocolos de prevención y tratamiento de casos de abusos
Gobierno alemán reconoce a la Iglesia católica como un modelo en la lucha contra el abuso sexual infantil
Iglesia católica en USA y Europa refuerza instrumentos legales para actuar contra denuncias fraudulentas por abuso
