Tribunal de Massachusetts bloquea la colocación de estatuas de santos católicos en el edificio de seguridad pública

(ZENIT Noticias / Boston, 24.08.2026).- Una disputa sobre dos estatuas de bronce en Quincy, Massachusetts, se ha convertido en una prueba crucial. El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts ratificó por unanimidad una orden judicial preliminar que impide a la ciudad colocar estatuas de tres metros de altura de San Miguel Arcángel y San Florián frente a su nuevo edificio de seguridad pública, al considerar que su destacada exhibición podría interpretarse como un respaldo gubernamental al catolicismo.

Las esculturas, con un costo aproximado de $850,000 y ya terminadas, fueron seleccionadas por las autoridades de Quincy para honrar a los policías y bomberos. San Miguel ha sido asociado durante mucho tiempo con el personal policial y militar, mientras que San Florián es tradicionalmente considerado el patrón de los bomberos. La ciudad argumenta que su propósito es, por lo tanto, cívico y no religioso: conmemorar el valor y el sacrificio de los socorristas.

Sin embargo, el tribunal se centró menos en esa intención y más en cómo los monumentos podrían percibirse razonablemente en su entorno. En su decisión de 34 páginas del 20 de agosto, los magistrados señalaron que las estatuas serían grandes, de reciente instalación y se encontrarían aisladas, en lugar de formar parte de una colección más amplia que incluyera figuras seculares o religiosas de diferentes tradiciones. En ese contexto, el tribunal concluyó que el público podría interpretarlas como una preferencia gubernamental implícita por una fe en particular.

El fallo no determina definitivamente el destino de las estatuas. El caso regresa ahora al Tribunal Superior de Norfolk, donde continuará el litigio subyacente, y la ciudad podría solicitar una revisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Para Quincy, sin embargo, la cuestión no es meramente arquitectónica.

El alcalde Thomas Koch y los funcionarios municipales sostienen que la ciudad buscaba reconocer a los servidores públicos, no promover la doctrina católica. El abogado de la ciudad, Joe Davis, de Becket, calificó el fallo de decepcionante, pero enfatizó que la orden judicial es preliminar. Koch también afirmó que la ciudad continuaría buscando una manera legal de honrar a quienes arriesgan sus vidas al servicio de la comunidad.

La parte contraria ve precisamente en ese entorno público el problema. Los residentes que impugnaron el proyecto, con el apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Massachusetts y otras organizaciones, argumentaron que colocar figuras explícitamente religiosas en la entrada de una instalación gubernamental podría comunicar que el catolicismo goza de un estatus privilegiado.

Ese argumento prevaleció en esta etapa, pero el caso plantea una cuestión más compleja: ¿exige la neutralidad religiosa que las instituciones gubernamentales eliminen el simbolismo religioso de la vida pública, o exige que el gobierno trate con imparcialidad la expresión religiosa y la no religiosa sin establecer una fe preferida?

Esta distinción es particularmente importante en Estados Unidos, donde la imaginería religiosa ha ocupado históricamente un lugar complejo en la cultura cívica. Los partidarios del proyecto de Quincy señalan que San Miguel y San Florián no son simplemente figuras presentes en espacios de devoción católica. Ambos tienen una larga tradición vinculada a los servicios de emergencia, y su iconografía se utiliza en tradiciones que van más allá del catolicismo romano, como la ortodoxia oriental, el anglicanismo y el luteranismo. El nombre de San Florián, por ejemplo, perdura en el área de Boston en el Florian Hall, un centro para bomberos en Dorchester.

Los críticos del fallo argumentan, por lo tanto, que el razonamiento del tribunal corre el riesgo de considerar el patrimonio religioso como inherentemente sectario cada vez que se manifiesta en un ámbito gubernamental. También señalan obras de arte de significado religioso que ya se exhiben en propiedades públicas en otras partes de Massachusetts, argumentando que la Mancomunidad históricamente ha tolerado referencias religiosas sin convertirlas necesariamente en actos oficiales de culto.

El caso podría tener implicaciones que van más allá de las dos estatuas en Quincy. Una sociedad verdaderamente pluralista debe proteger a los ciudadanos de la coerción religiosa, pero la libertad religiosa también incluye el derecho de los creyentes a ver sus tradiciones representadas en la vida pública. La neutralidad no debería significar automáticamente la desaparición de las referencias religiosas, ni el reconocimiento público debería convertirse en un mecanismo de preferencia gubernamental.

La siguiente etapa del litigio deberá abordar esta tensión con mayor profundidad. Por ahora, las estatuas de San Miguel y San Florián permanecen almacenadas en lugar de estar frente al edificio que se les encargó adornar.

Resulta irónico que las estatuas elegidas para simbolizar el coraje, la protección y el servicio se hayan convertido en objeto de una batalla constitucional sobre cómo debe manifestarse la libertad religiosa en el espacio público.

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