USA: Un acuerdo de 200.000 dólares por un bebé abortado plantea una seria cuestión sobre la personalidad jurídica

(ZENIT Noticias / Nuevo México, 05.10.2026).- Un caso inusual de homicidio culposo en Nuevo México ha generado una sorprendente paradoja legal: un bebé abortado a las 26 semanas de gestación fue tratado como una «persona» a efectos de la ley estatal de homicidio culposo, lo que permitió a sus herederos recibir 200.000 dólares en un acuerdo, a pesar de que la ley de Nuevo México sigue permitiendo el aborto.

El caso, Wabbington contra Boyd, no concluyó con una sentencia judicial que declarara al feto como persona jurídica en términos generales. El litigio se resolvió mediante un acuerdo con los demandados y el caso se cerró formalmente el 14 de septiembre de 2026. No hubo condena por homicidio ni determinación de responsabilidad penal. Sin embargo, el tratamiento legal del «Bebé Wabbington» como titular de derechos en una demanda por homicidio culposo ha llamado la atención por lo que podría revelar sobre la situación incierta del feto en el derecho estadounidense.

La demanda fue interpuesta por la madre de la niña, tanto a título individual como en representación legal del patrimonio de la bebé Wabbington, contra Southwestern Women’s Options, una clínica de abortos de Albuquerque dirigida por los médicos Curtis Wayne Boyd, Emily Cohen y Carmen Landau.

Los hechos subyacentes se remontan a 2020. Según las alegaciones de la demanda, la mujer se sometió al aborto bajo los efectos de la metanfetamina y no estaba en condiciones de dar un consentimiento válido y plenamente informado. Sus abogados, Mike Seibel y Justin Hall, argumentaron que la clínica conocía su consumo de sustancias y, por lo tanto, debería haber actuado con mayor diligencia para determinar si realmente comprendía y deseaba el procedimiento.

Según los informes, la madre se arrepintió del aborto al día siguiente.

La demanda también alega que la clínica no le proporcionó información adecuada sobre programas que podrían haberla ayudado con su adicción a las drogas ni sobre alternativas razonables disponibles según la ley de Nuevo México. Otra alegación se refiere a lo que sucedió con el cuerpo de la niña después del procedimiento. Según los informes, la clínica se había comprometido a trasladar el cuerpo a una funeraria, pero la demanda alega que esto no ocurrió y que, en cambio, el cuerpo fue depositado en un contenedor de residuos médicos y destruido.

Estas alegaciones situaron el consentimiento informado en el centro de la disputa. El argumento no se limitaba a que se hubiera practicado un aborto, sino a que una mujer en una situación de extrema vulnerabilidad no había sido informada ni protegida adecuadamente antes de someterse al procedimiento.

Según Seibel, el caso también representa un hecho singular en los litigios sobre aborto, ya que el daño alegado no se limitaba a la madre. Lo describió como el primer caso en el que un médico que practicó un aborto fue demandado por la muerte del bebé por negligencia médica, con reclamaciones presentadas tanto por la madre como por los herederos del menor. Los casos anteriores, señaló, habían involucrado lesiones a mujeres, no una demanda por homicidio culposo relacionada con el bebé abortado en sí.

Por lo tanto, el acuerdo de 200.000 dólares es significativo, aunque no siente un precedente judicial de gran alcance. Según el marco legal estatal sobre muerte por negligencia, el feto podría ser considerado persona a efectos de la demanda, con un patrimonio que podría recibir una indemnización.

Esto genera la contradicción central que destaca Seibel: el mismo sistema legal puede reconocer a un feto como persona para un fin, mientras que permite la interrupción deliberada de su vida para otro.

Para el movimiento provida estadounidense, esta distinción es fundamental para un argumento de larga data: si el bebé puede poseer intereses legalmente reconocibles, heredar derechos y tener un patrimonio, ¿qué principio separa en última instancia a esa persona jurídica del niño cuya vida puede ser interrumpida legalmente antes del nacimiento?

El caso no responde a esta pregunta. Dado que concluyó con un acuerdo extrajudicial en lugar de una sentencia definitiva sobre el fondo, sería excesivo afirmar que establece el reconocimiento general de la personalidad jurídica del feto en Nuevo México. Sin embargo, el mecanismo legal utilizado en el caso tiene una considerable fuerza simbólica. Demuestra que la ley puede, dentro de una misma disputa, reconocer al feto como suficientemente real como para ser la parte perjudicada en una demanda por homicidio culposo.

La controversia también pone de manifiesto otra cuestión a menudo oculta en el debate sobre el aborto: la diferencia entre lo que la ley permite y lo que la ley considera moral o humanamente valioso. El permiso legal no necesariamente resuelve las cuestiones de dignidad humana, del mismo modo que el reconocimiento legal en un ámbito no crea automáticamente una personalidad jurídica integral.

Esa distinción ya la hacía hincapié el Papa León XIV por aquel entonces, aunque desde un marco jurídico y moral fundamentalmente diferente.

Durante su visita apostólica a Francia en septiembre de 2026, que incluyó su visita a Lourdes, el Papa les dijo a los trabajadores y a las personas asistidas en el Accueil Notre-Dame que la dignidad humana no depende de la condición, la salud o la utilidad de una persona. Un ser humano, afirmó, es valioso simplemente por existir y por tener un destino eterno. A quienes padecían enfermedades graves o sufrimiento, les advirtió contra la posibilidad de que la ley convirtiera la vulnerabilidad en una justificación para acabar con la vida.

«Lo que es legal no es necesariamente moral», dijo León XIV, situando la cuestión de la vida humana más allá de los límites de la legislación.

Para la madre protagonista del caso Wabbington contra Boyd, la disputa comenzó con una cuestión profundamente personal de consentimiento y vulnerabilidad. Para el sistema jurídico en general, ha generado una cuestión mucho más amplia. Si un feto puede tener patrimonio, herederos y derecho a reclamar una indemnización por muerte injusta, la ley ya ha dado un paso importante hacia el reconocimiento de ese niño como algo más que una mera abstracción legal.

Por lo tanto, la indemnización de 200.000 dólares podría resultar menos importante por su cuantía que por la pregunta que plantea: ¿cómo puede una sociedad compensar la muerte injusta de un bebé y, al mismo tiempo, autorizar la interrupción intencionada de la vida de un feto?

Es improbable que esta contradicción desaparezca con la resolución de un solo caso.

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