ONU avanza hacia normalización de asesinato de ancianos bajo máscara de eutanasia: Vaticano contesta la medida

Diana L. Banister

(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 13.11.2026).- La Santa Sede instó al grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las personas mayores a rechazar los intentos de validar la eutanasia y el suicidio asistido en un nuevo tratado jurídicamente vinculante que se está redactando durante los próximos dos años.

La segunda sesión del recién creado Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores se celebró la última semana de octubre de 2026 en Ginebra, Suiza, y enfrentó al Vaticano con numerosos Estados miembros y organizaciones no gubernamentales que abogan por la eutanasia y otras políticas sociales radicales.

«El instrumento debe reafirmar el derecho a la vida de las personas mayores hasta su muerte natural y su protección contra la violencia, el abuso, la explotación, el abandono y la negligencia», declaró Mons. Riyyan Chaves Mendoza, Primer Secretario de la Misión Permanente de Observación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. «Ninguna disposición relativa a la autonomía debe interpretarse como un reconocimiento del llamado derecho a la eutanasia o al suicidio asistido».

“Autonomía” y “muerte digna” han sido los eufemismos utilizados en campañas para aprobar medidas de suicidio asistido dirigidas a las personas mayores, defendiendo el quitarse la vida como una opción digna y una forma de no sobrecargar a las familias con decisiones y costos difíciles relacionados con los cuidados. Estas campañas han sido impulsadas con fuerza por países europeos progresistas, así como por la Organización Mundial de la Salud y organizaciones no gubernamentales (ONG) en la ONU.

“Existe el derecho a morir en paz y a afrontar la muerte de forma autónoma. Existe el derecho a morir con dignidad”, declaró el representante del Centro para la No Violencia Global en la reunión del 29 de octubre.

Once países, principalmente europeos, han aprobado leyes de suicidio asistido para ahorrar dinero y recursos destinados al cuidado de las personas mayores. Francia legalizó la eutanasia este  año, pero no adoptó las salvaguardias suficientes para las personas con discapacidad, los ancianos o las personas con problemas mentales. El proyecto de ley del Reino Unido fracasó en septiembre.

Canadá aprobó originalmente su ley de «Ayuda Médica para Morir» (MAID, por sus siglas en inglés) en 2016, y en 2024 representó el 5,1% de todas las muertes en Canadá, y la mitad de esos casos correspondieron a «muertes naturales que no eran razonablemente previsibles».

Mientras que el Vaticano abogaba por los cuidados paliativos, el respeto a las personas mayores y el apoyo a las familias que las cuidan, otros defendían intervenciones radicales para las personas mayores, como la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), la orientación sexual y la identidad de género (OSIG).

« Las personas mayores deben tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con pleno respeto a su autonomía», declaró el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La ONG Justicia para el Desarrollo de las Personas Mayores insistió en que el tratado incluyera la definición de los derechos de las personas transgénero y los derechos a la salud sexual.

México sugirió que el tratado incluyera la “salud reproductiva” entre los derechos de las personas mayores. España abogó por la “igualdad de trato y el respeto a la orientación sexual y la identidad de género”. Pakistán impulsó la “protección de las mujeres mayores contra la violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género”.

«El fundamento de nuestras deliberaciones debe ser la dignidad inherente e igual de toda persona humana», declaró el representante de la Santa Sede. «A nuestro juicio, los principios extraídos de otros documentos solo deben recordarse cuando reflejen un consenso genuino y sostenido entre los Estados».

La dicotomía de opiniones expresadas durante los cuatro días de deliberaciones sugiere que la búsqueda de consenso sobre temas clave formará parte de la próxima sesión, que se celebrará en julio de 2027.

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