El papa Francisco aseguró que el robo y publicación de documentos reservados sobre la reforma económica de la Santa Sede le distrae del trabajo que está llevando adelante con sus colaboradores y con el apoyo de toda la Iglesia. Estas palabras pronunciadas por el Pontífice en el ángelus del domingo pasado supusieron su primera intervención explícita sobre los últimos acontecimientos en el Vaticano que han ocupado titulares y primeras páginas de los periódicos. Se refería así a la detención de monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y Francesca Chaouqui acusados de robar documentos y filtrarlos a la prensa.
Y en este línea de proseguir las reformas y hacerlo con transparencia y buscando siempre la verdad, la autoridad judicial vaticana ha abierto una investigación en relación con la difusión de otro documento, esta vez relacionado con el APSA, órgano vaticano competente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica. Así lo ha indicado este miércoles en un comunicado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi. Tal y como explica la nota “en los últimos días han aparecido en agencias y medios de comunicación artículos que refieren parcialmente y sin precisión al contenido de un documento confidencial, planteando la hipótesis de que en el pasado el APSA habría podido ser utilizada para una actividad financiera ilícita”.
Por lo tanto, la autoridad judicial vaticana ha abierto una investigación en relación con la difusión de dicho documento. Finalmente, se precisa que este órgano vaticano “siempre ha colaborado con los órganos competentes, no está bajo investigación y sigue desempeñando la propia actividad en el respeto de la normativa vigente”.
Ya el pasado 4 de noviembre, la Santa Sede anunció que la Oficina del Promotor de Justicia ante el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, “tras un informe de la Autoridad de Información Financiera el pasado mes de febrero de 2015, inició las investigaciones relativas a operaciones de compraventa de títulos y transacciones atribuibles al señor Gianpietro Nattino”.
Y es que según reveló la agencia Reuters, Nattino –presidente de Banca FINNAT Euroamérica SpA, un banco italiano privado de gestión familiar– es sospechoso de utilizar a la Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) para blanquear dinero. El padre Lombardi informó ese mismo día a los periodistas que la misma Oficina “ha pedido la colaboración de la Autoridad judiciaria italiana y suiza mediante cartas rogatorias enviadas por vía diplomática el 7 de agosto de 2015”.
Por su parte, la Congregación para la Evangelización de los pueblos, ha publicado también hoy un comunicado en el que confirma que acoge todas las reformas administrativas previstas por la Secretaría para la economía y somete a ésta todos los balances del dicasterio. Por tanto, asegura el comunicado, “resultan inadmisibles ciertas insinuaciones hechas por partes de algunos medios que difunden noticias que se corresponden con la verdad”.
De este modo, explican que la totalidad de los inmuebles de las propiedades de la Congregación donadas para las misiones, se alquilan a precio de mercado; hay excepciones por razones de situaciones de pobreza. Estas propiedades se alquilan en el cumplimiento de la ley italiana. También aseguran que los ingresos por alquiler de estas propiedades, que pagan regularmente los impuestos en Italia, están destinados principalmente al mantenimiento de la Congregación, la Pontificia Universidad Urbaniana, el Pontificio Colegio Urbaniano, Instituciones misioneras y jóvenes Iglesias en tierras de misión.
