Respondiendo a las preguntas de los periodistas presentes este martes en la Sala de prensa de la Santa Sede, después de la presentación de los dos motu proprio del papa Francisco que permitirán procesos sobre nulidad matrimonial con tiempos más breves, fueron abordados varios temas como la retroactividad de los procesos en curso.
Presentaron los motu proprio seis miembros de la Comisión especial para la reforma del proceso matrimonial católico, instituida por el Santo Padre para facilitar y eliminar burocracia, sin perder el rigor necesario, tres de los cuales miembros de los principales tribunales de la Santa Sede: de la Doctrina de la Fe, de la Signatura Apostólica, y de la Rota Romana.
Uno los puntos principales, es que no se trata de estudiar como anular un matrimonio, puesto que la Iglesia defiende la indisolubilidad del vínculo conyugal, sino en juzgar los casos en los que se considera que el matrimonio fue nulo por causas diversas, como la coerción.
Sobre la retroactividad, los conferencistas indicaron que las nuevas normas –las cuales prevén entre otros factores que la primera sentencia sea definitiva si no hubiera apelo– se aplicarán para las sentencias posteriores al 8 de diciembre, fecha en que entran en vigor las nuevas normas. O sea que las modificaciones promulgadas con los dos ‘motu proprio’ del papa Francisco no serán retroactivas.
Al responder por qué no fue necesario esperar el próximo sínodo de octubre sobre la familia para realizar esta reforma, el cardenal Francesco Cocopalmerio, presidente del Pontificio Consejo de los Textos Legislativos indicó que ya en el sínodo pasado quedó absolutamente claro que la reforma en estos puntos ha sido solicitados por los obispos.
Por lo que se refiere a la preparación de los obispos para poder ser jueces en los procesos de nulidad, fue señalado que habrá una formación permanente. Además la reforma comienza a entrar en vigor recién en diciembre, lo que supone un tiempo de preparación. “”Es una inversión y será necesario implementar y la formación hará el resto, indicó el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Mons. Luis Ladaria Ferrer, S.J.
Por su parte el exarca apostólico de Atenas, Dimitros Salachas, siempre respondiendo a las preguntas de la prensa, añadió que el obispo pasa a ser juez pero no está solo, hay una sinodalidad diocesana. “Ay del obispo que quiere hacer todo sólo” dijo, reconociendo que este problema se presenta también en las Iglesias de oriente. Precisó que las personas involucradas tendrán experiencia y aseveró que “más que jueces deberán ser médicos”. Además hay otros temas que habrá que resolver, como los idiomas y las traducciones por ejemplo en griego moderno.
Sobre los motivos evidentes que pueden acortar los procesos, el cardenal Cocopalmeiro indicó por ejemplo circunstancias fácilmente documentables, como la esterilidad conocida antes del matrimonio y no indicada al cónyuge, o poseer una enfermedad transmisible no dada a conocer antes de la boda.
El prelado auditor de la Rota Romana, Mons. Alejandro W. Bunge, respondió que cambian 21 cánones, pero que existen todos los demás. Partiendo de los hechos más evidentes y probándolos, los procesos serán más breves, dijo. Indicó por ejemplo la falta evidente de la fe, lo que puede llevar al error sobre el consenso.
En este tema, el decano de la Rota Romana, Mons. Pio Vito Pinto, intervino para recordar que el papa emérito Benedicto XVI había levantado el problema de la nulidad de un sacramento en el que falta la fe, el cual difícilmente puede ser considerado verdadero.
Sobre los costos de las causas de nulidad añadió que el santo padre Francisco ha sido muy claro: ‘la gratuidad tiene que ser una regla’, porque es un deber de justicia. Si bien si bien reconoció que será necesario un cierto tiempo para implementarla. Indicó por ejemplo que se debería instituir un fondo destinado a los abogados de manera que el proceso sea gratuito y ellos puedan ser pagados razonablemente. Precisó que hoy en día entre el 70 y el 80 por ciento de las causas son gratuitas.
Por lo que se refiere a los tiempos actuales de los procesos, se indicó que no deberían superar un año en primera instancia y no más de seis e apelo, si bien en realidad suelen ser dos y en apelo a veces llega a diez años. Ahora debería ser uno si no hay apelo y no superar dos años si lo hubiera.
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