(zenit – 2 oct. 2020).- La Iglesia expresa su solidaridad ante el asesinato del ambientalista José Antonio Teruel y otras tres personas el pasado 27 de septiembre en Honduras,.
El pasado domingo, en un acto criminal múltiple en San Fernando, municipio de Patuca, Olancho, se reportó que el maestro, luchador social y ambientalista, José Antonio Teruel, fue asesinado junto a su esposa Francisca Aracely Zavala, un amigo Marco Tulio Zavala y el comunicador Luis Almendares.
Teruel era conocido como el “amigo de ríos y montañas”, un destacado ambientalista que fue ejecutado por un grupo de asalto que irrumpió en su vivienda con armas de grueso calibre, donde como acontece en estos atentados, las víctimas no tuvieron tiempo para reaccionar, fueron ejecutados en el acto. Según el reporte policial, solo eran dos pistoleros.
Organizaciones eclesiales
El presidente de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), monseñor Gustavo Rodríguez Vega, ha expresado su solidaridad con el pueblo de Honduras a través de un comunicado.
En el documento, la REMAM hace un llamado a las autoridades y exige a los gobiernos de Centroamérica y México “que demuestren con claridad su compromiso por el cuidado de la Casa Común, para bien de todos, especialmente de los pobres, los pueblos originarios y las futuras generaciones” al tiempo que ratifican su ideal de “luchar por los derechos de las comunidades”.
Mientras tanto Caritas Honduras (a través de un comunicado exigió “a las autoridades competentes la investigación exhaustiva y que se realicen las investigaciones que conduzcan a la aclaración de estos asesinatos que claman justicia y que rechazan la impunidad que tiene al pueblo en indefensión” expresaron.
Los miembros de la REMAM además, expresan su deseo de “seguir acompañando al pueblo hondureño en sus anhelos de una sociedad con verdadera democracia, con justicia social, no condenada a la violencia criminal y política, que pueda ver un horizonte de desarrollo humano integral para sus niños y niñas”.
Asedio y muerte para ambientalistas
La crisis climática que vive el mundo es igual de intensa que la violencia que enfrentan las personas y comunidades que defienden los territorios naturales, los bosques, los ríos, el agua, las selvas, la flora y la fauna. Los ambientalistas en Honduras han vivido en carne propia desde el asedio constante por parte de transnacionales hasta el quitarles la vida.
En la mañana del 27 de agosto de 2014, Margarita Murillo fue asesinada mientras sembraba una parcela de la Empresa Asociativa Campesina, en El Planón, municipio de Villanueva en el Departamento de Cortés.
Cuatro meses antes del crimen de Margarita, otro miembro de su organización campesina fue asesinado. Margarita temía por su vida y había denunciado amenazas al grado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le otorgó medidas de protección especial que en la práctica fueron inexistentes y no sirvieron para evitar que le cegaran la vida.
Berta Cáceres era una mujer indígena lenca que, durante los últimos 20 años, trabajó en la defensa del territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993, Berta co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales.
En 2015, Berta recibió el Premio Goldman, también conocido como el “Nobel verde”, en reconocimiento a su lucha en favor de los derechos del pueblo indígena lenca y de la madre tierra.
Bajo su liderazgo el pueblo lenca, logró que la constructora de hidroeléctricas más grande del mundo –la compañía china Synohidro– se retirara del proyecto de construir la presa Agua Zarca en el cauce del río Gualcarque.
El 3 de marzo de 2016, unos desconocidos entraron en su casa en una colonia de la ciudad de La Esperanza, cabecera del suroccidental departamento de Intibucá, y asesinaron a Cáceres, el hecho fue condenado a nivel internacional.
Pronunciamiento en las diócesis
A través de una conferencia de prensa, las diócesis de Juticalpa, Trujillo y La Ceiba que atienden pastoralmente a los departamentos de Olancho, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía y Gracias a Dios, sentaron una posición crítica ante la persecución política y la criminalización que sufren las comunidades que defienden sus territorios y bienes naturales.
Fray Arturo Trinidad Espinal en representación de la diócesis de Juticalpa, dijo que el Papa Francisco les empuja a una defensa del agua y el bosque. “Hemos visto como se han dado concesiones mineras en la biosfera del río Plátano, patrimonio de la humanidad violentando tratados internacionales y derechos de los pueblos”. La diócesis de Juticalpa asegura estar comprometida en la lucha por defender a quienes defienden la casa común, ante un Estado incapaz de garantizar la vida a los más pobres.
En representación de monseñor Miguel Lenihan, obispo de La Ceiba e Islas de la Bahía, el párroco de Jutiapa Víctor Cámara explicó que se sienten unidos a la lucha de Guapinol por defender su territorio, el derecho al agua, la defensa de la casa común frente a todo tipo de proyectos extractivo, que destruyen los parques nacionales atentando contra la vida de la gente.
“Denunciamos el abuso de las empresas que tratan de desarrollar sus proyectos sin tomar en cuenta a las comunidades, no les importa la vida, sino sus inversiones y ganancias”, dijo el sacerdote.
Las diócesis finalizaron haciendo un llamado “a las organizaciones sociales, políticas y religiosas de Honduras a unirse en la defensa de la casa común. No tenemos otra casa. A la comunidad internacional a expresar su protesta y solidaridad sobre el modo injusto y abusivo con que el gobierno de Honduras y empresas extractivas tratan a las personas, organizaciones y comunidades que defienden sus bienes naturales y sus territorios”.
