La Iglesia y los sindicatos de Corea del Sur, en torno a la fecha de su investidura, tras la reelección de la presidenta Juliana Park Geun-Hye urgieron a esta a mantener sus compromisos de campaña sobre el conflicto social
El martes, 19 de febrero –informaba la agencia Eglises d’Asie–, la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia de los obispos católicos de Corea del Sur (CBCK) publicó un comunicado en una conferencia de prensa en Seúl antes de remitirle un informe al equipo de transición presidencial. El padre Vincent Jang Dong-hun, secretario del comité, recordó que la señora Park Geun-Hye había basado su principal argumento de la campaña electoral en su compromiso en realizar reformas en el campo del trabajo, y en particular en ajustar el conflicto social en el seno de la empresa Ssangyong.
Desde 2009, el año en que el fabricante de automóviles despidió a 2.600 trabajadores, la empresa se enfrenta a importantes disturbios internos que no muestran ningún signo de apaciguamiento. Las manifestaciones masivas acompañadas de violentos enfrentamientos con la policía fueron seguidas en los meses siguientes por una serie de suicidios (más de una veintena), que todavía continúan, (los últimos casos se produjeron el pasado diciembre).
Resolver este conflicto debe ser la prioridad absoluta de Juliana Park Geun-Hye, afirmaron los obispos, que luego enumeraron otras «tareas urgentes» a las cuales debería aplicarse la nueva presidenta en el campo social: el recrudecimiento de los suicidios, los despidos abusivos, la discriminación en el seno de las empresas y el acoso sufrido por los militantes y los sindicalistas.
«Después de la elección presidencial del 19 de diciembre, siete sindicalistas se suicidaron, se desesperaron con la idea de que bajo el mandato de Park Geun-Hye no se resolverían sus problemas», declaró durante la conferencia de prensa monseñor Matthias Ri Iong-hoon, obispo de Suwon y presidente de la Comisión Justicia y Paz. «Fueron empujados a la desesperación por los capitalistas que los sacrifican sin consideración en nombre del provecho, y también por un gobierno irresponsable e ignorante, sin contar el silencio y el rechazo de la sociedad que les rodea», comentó el obispo.
Una crítica severa del mundo del trabajo que se une a las declaraciones que ya hiciera el CBCK en vísperas de las elecciones de diciembre. La Iglesia católica comunicó a los fieles sus recomendaciones concernientes al voto, según una tradición hoy bien establecida. Entre los principales problemas sociales evocados de figuraba en primer plano «el asunto de la empresa Ssangyong», sobre el que los obispos dijeron que «los trabajadores habían sido tratados allí, no como seres humanos, sino como simples herramientas».
El documento leído por la Comisión Justicia y Paz a la conferencia de prensa fue remitido al equipo de transición presidencial. «No dejaremos de tomar en consideración la opinión de la Iglesia católica en las medidas y las leyes que vamos a hacer», aseguró Chung Ik-hoon, miembro del comité de transición y director del Proposal Center for People Happiness.
Estas amonestaciones de la Iglesia, cuya influencia es fuerte en Corea del Sur (los cristianos representan cerca del 30 % de la población, de la que un tercio son católicos), se producen mientras la nueva presidenta del país ve su imagen de «dirigente íntegra» puesta en estado lastimoso por los asuntos de corrupción que han afectado a sus allegados políticos próximos.
Paralelamente, la Confederación de los sindicatos de Corea (Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) y otras asociaciones sindicales como Korean Government Employees Union (KGEU) o Korean Metal Workers Union (KMWU), multiplican las huelgas, las manifestaciones de masa –apoyadas abiertamente por la Iglesia- reclamando al nuevo gobierno que respete los compromisos tomados durante la campaña electoral.
Desde finales de diciembre (poco después de la recuperación de los suicidios), algunos militantes empezaron una huelga de hambre para obtener el reconocimiento de los derechos sindicales, definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la reintegración de los empleados despedidos abusivamente y la protección de los trabajadores interinos.
Entre otros compromisos, la hija del antiguo dictador había prometido titularizar masivamente a los millones de interinos, que, por su extrema precaridad, son los primeros en ser afectados por la crisis económica, el paro y el suicidio. Un compromiso que no tardó en toparse con la oposición determinada de los grandes chaebols (conglomerados surcoreanos), y esto a pesar de los llamamientos al orden de la Asamblea nacional.
Según el Korea Times del pasado 6 de febrero, la resistencia de las empresas comenzaría sin embargo a embotarse un poco y algunas de ellas habrían aceptado ver de nuevo las condiciones de trabajo de sus empleados. Por ejemplo, el fabricante de automóviles Hyundai Motors, aunque todavía se niega a titularizar a sus 8.000 empleados precarios (más de 20 % de sus efectivos), habría dado pasos para indemnizar a las familias de los asalariados fallecidos o por enfermedades contraidas en el seno de la empresa.
En cuanto a Ssangyong, pretendería titularizar a algunos de sus interinos. En cambio, ninguna medida se habría tomado con las familias de los numerosos empleados suicidas. Muy preocupado por esta «ausencia de humanidad», el Comité Justicia y Paz de la CBCK comenzó a reunir fondos para sostener financieramente a los allegados de las víctimas.
Traducido del francés por Raquel Anillo
