Enrique Villegas
(ZENIT Noticias / Tegucigalpa, 01.09.2023).- Aunque el veto se ha conocido con retraso, el 29 de julio de 2023 la presidente de Honduras, Xiomara Castro, vetó la ley de “educación integral” que preveía la ideología de género en las escuelas públicas.
Este veto marcó una sorprendente victoria para los padres que se habían organizado y levantado en contra de los ataques coordinados y bien financiados del sindicato internacional del aborto, el gobierno de Biden y sus aliados que abogan por una visión distorsionada de la sexualidad.
En primer lugar, los padres se organizaron en una organización llamada «Por nuestros hijos» y llevaron a cabo masivas manifestaciones en siete de las ciudades más importantes de Honduras a favor de la vida, con la participación de alrededor de 50,000 personas a mediados de julio.
Los padres de familia contaron con el respaldo de líderes religiosos, incluyendo obispos católicos, sacerdotes, religiosos y pastores evangélicos, quienes apoyaron activamente las protestas públicas en contraste con el silencio de los líderes religiosos en otros países cuando los movimientos pro-familia buscaron su apoyo.
Pero el reto fue convencer a la presidenta Xiomara Castro debido a que sus posturas no son pro vida ni pro familia. Las masivas multitudes surtieron el efecto de convencimiento: resultaba políticamente más conveniente aliarse con los padres en esta lucha. De hecho, la presidenta Castro fue contra la mayoría de su propio partido, que es el gobernante, cuyos miembros habían votado a favor de la ley cuando se aprobó en la legislatura el 8 de marzo.
Este veto también puso de manifiesto un contraste entre la administración Biden y la presidenta Castro. La ayuda exterior de Estados Unidos a Honduras y otros países ha sido utilizada para promover la educación sexual, el aborto y la ideología de género, una agenda que la presidenta había sido cortejada para apoyar desde el inicio de su mandato, incluso con la presencia de Kamala Harris en su toma de posesión.
Desde el principio, la «Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo en Adolescentes» enfrentó una seria oposición en Honduras. Esta ley se convirtió en un ejemplo de los intentos en toda América Latina de promover la «educación sexual integral», una etiqueta que suele disfrazar un programa de adoctrinamiento forzoso en la ideología de género.
La ley habría requerido que desde el primer día de escuela, se enseñara a los niños que su sexo biológico no era relevante y que podían identificarse como desearan. También se les habría inculcado la idea de que el sexo era principalmente una fuente de placer. Además, promovía la idea de que los niños podían tener relaciones sexuales sin restricciones, fomentando el uso de anticonceptivos y el aborto sin el consentimiento de los padres.
Esta ley, presentada como una medida para proteger a las niñas hondureñas, en realidad no era una iniciativa local, sino que fue introducida por el sindicato internacional del aborto y promovida con financiamiento y propaganda para crear la ilusión de un consenso social.