(ZENIT Noticias / Washington, 29.01.2024).- Más de un año después de la histórica decisión del falló sobre el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que revocó Roe v. Wade, los estados han comenzado a publicar datos reveladores sobre cómo este cambio ha afectado los esfuerzos para proteger a los bebés no nacidos.
Hasta el momento, 32 estados han informado sobre 424,242 abortos legales en 2022, marcando una disminución estimada de 31,951 abortos en comparación con 2021. Este conjunto abarca diversas leyes estatales que protegen la vida desde la concepción, al detectarse un latido del corazón o después del primer trimestre.
A pesar de este descenso, algunos estados han promulgado nuevas leyes que promueven el aborto con financiamiento público y crean otras protecciones legales para hacerlo más accesible.
Estados a favor del asesinato de bebés como California, Nuevo México y Nueva York, que a menudo atraen a mujeres de otros estados para obtener abortos, aún no han informado los totales de 2022. Sin embargo, estados como Colorado, Illinois, Kansas y Washington han proporcionado información valiosa sobre el impacto de los viajes interestatales en las estadísticas de abortos.
Los datos de 2022 muestran una disminución del 8% en la tasa de abortos en los 32 estados. Esto sugiere que menos mujeres eligieron el aborto en esos estados, incluso con la opción de viajar a otro lugar para obtenerlo.
Estos hallazgos iniciales coinciden con un estudio del Instituto de Economía Laboral que reveló que los estados con leyes provida experimentaron un aumento de 32,000 nacimientos debido al impacto de dichas leyes.
Como era de esperar, en cada estado que implementó leyes de latido cardíaco o de concepción, los abortos disminuyeron. En contraste, en aquellos estados que permitieron el aborto hasta las 15 semanas o después, los abortos aumentaron, siendo Vermont la única excepción que registró una disminución en los totales de abortos, ya que permite abortos en cualquier momento del embarazo.
Texas lidera con la disminución más significativa, reportando 33,572 abortos menos, seguido por otros nueve estados que informaron una reducción de 1,500 abortos o más.
A pesar de que Florida implementó un límite de 15 semanas en julio de 2022, los abortos aumentaron en 2,700. Esto se debe probablemente a que Alabama, Georgia y otros estados del sur aplicaron leyes mucho más protectoras.
La debilidad de la ley de límite de 15 semanas llevó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a firmar la Ley de Protección del Latido Cardíaco en 2023.
Kansas, a pesar de su historial de aprobar leyes provida, aún permite abortos hasta las 22 semanas y experimentó un aumento de más de 4,000 abortos, impulsado en gran medida por residentes de Oklahoma y Texas que viajaron a Kansas. Esto demuestra el impacto directo que un derecho constitucional al aborto puede tener en un estado, impidiéndole aprobar leyes fuertes para proteger a los no nacidos.
Contrario a las narrativas mediáticas, los informes estatales de 2022 también destacan la importancia de las leyes provida para proteger la salud tanto de los niños no nacidos como de sus madres.
Pensilvania, que permite el aborto hasta las 24 semanas, informó 469 complicaciones por aborto, un aumento del 45% respecto a 2021. La mayoría de estas complicaciones estuvieron relacionadas con restos de tejido fetal en el útero después de abortos incompletos, siendo más comunes en abortos químicos.
En cambio, Arizona, que tenía un gobernador provida en 2022 que buscaba aplicar nuevas leyes provida después de la caída de Roe v. Wade, experimentó una disminución significativa en el número de abortos debido a condiciones médicas maternas. Arizona también informó solo ocho complicaciones por aborto en comparación con las más de 400 reportadas en Pensilvania.
A pesar del éxito de las leyes provida para reducir los abortos en ciertos estados, existen obstáculos para que estas leyes salven eficazmente las vidas no nacidas y protejan la salud de las mujeres.
El principal desafío es la falta de cumplimiento de la ley por parte de la administración Biden y el apoyo de gobernadores activistas proaborto. La administración Biden está llevando a cabo abortos ilegales en instalaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos en estados provida y trasladando a miembros del servicio por todo el país para realizar abortos electivos.
Los estados proaborto también están desafiando abiertamente las leyes federales y estatales al enviar píldoras de aborto químico por correo a estados provida y proporcionar cobertura legal para abortistas dudosos.
Afortunadamente, hay dos casos importantes pendientes en la Corte Suprema de EE. UU. que pueden abordar estos problemas. El primero determinará si la Administración de Alimentos y Medicamentos puede anteponer la política a la ciencia y permitir que las mujeres reciban peligrosas píldoras de aborto químico por correo sin ver a un médico para una ecografía o evaluación de salud.
El otro caso implica un intento de la administración Biden de utilizar una ley antigua que simplemente requiere que los hospitales examinen a todos los pacientes que se presenten en una sala de emergencias para obligar a los estados provida a realizar abortos innecesarios. Afortunadamente, la ley deja claro que tanto las mujeres embarazadas como sus hijos no nacidos deben ser examinados y, por lo tanto, no se puede usar como mandato para realizar abortos supuestamente salvadores.
Los datos estatales sobre el aborto demuestran que las leyes provida funcionan, y la industria del aborto lo está comprendiendo. Ahora es el momento crítico para garantizar que la promesa de la decisión Dobbs se cumpla plenamente, haciendo cumplir las leyes federales existentes que prohíben los abortos por correo.
