ASUNCIÓN, miércoles 1 febrero 2012 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) expresa, en un comunicado de fecha 27 de enero, su “preocupación por la situación de tensión, conflicto y conatos de violencia existente en el Alto Paraná en relación con la propiedad y la tenencia de la tierra”.
En primer lugar, los obispos paraguayos constatan que “el problema de la tierra y la necesidad de una Reforma Agraria tendiente al Desarrollo Rural son de antigua data en el Paraguay y, hasta el presente, no ha encontrado respuestas satisfactorias de las instituciones responsables”.
Recuerdan el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en el que se afirma que la búsqueda y edificación del bien común es responsabilidad de todas las personas y de todos los actores sociales, pero es sobre todo competencia del Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política (Cfr. CDSI, 168). En este sentido, la Iglesia sostiene que la correcta conciliación de los bienes particulares de grupos e individuos es una de las funciones más delicadas del poder público. (Cfr. CDSI, 169)
El conflicto por las tierras en la zona del Alto Paraná, afirma el comunicado, “refleja la confrontación de intereses de sectores particulares que requieren de la decidida acción de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para la conciliación, la pacificación y la búsqueda de soluciones justas y equitativas, enmarcadas en el ordenamiento jurídico de la República”.
Los pastores subrayan que “Dios creó la tierra y todo lo que ella contiene para el uso de todos los hombres y los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa. La Iglesia habla en ese sentido del destino universal de los bienes”.
Y vuelven a citar la Doctrina Social de la Iglesia: «Si bien es verdad que todos los hombres nacen con el derecho al uso de los bienes, no lo es menos que, para asegurar un ejercicio justo y ordenado, son necesarias intervenciones normativas… fruto de un ordenamiento jurídico que determine y especifique tal ejercicio.» (CDSI, 173). La propiedad privada no es un derecho absoluto. Ella está subordinada al uso común. (Cfr. CDSI, 177).
Por todo lo anterior, exponen que “es necesario y urgente que los poderes públicos asuman su responsabilidad en ordenar el caos existente sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en el país”.
Para lo que “es imperativo la elaboración de un catastro nacional de tierras, que posibilitará la recuperación de las tierras malhabidas y mal adjudicadas, y la adecuada titulación de las propiedades”.
Señalan, así mismo, que se debe propiciar una política de Desarrollo Rural Integral, que requiere apoyo técnico, crediticio, infraestructura, salud, educación, fuentes de trabajo, industrialización del agro, para posibilitar el arraigo de las familias rurales.
Los obispos se manifiestan “conscientes que el problema es complejo y la solución demanda la acción coordinada de los Poderes del Estado para el logro del bien común, en orden a la construcción de un Estado Social de Derecho, tal como reza nuestra Constitución Nacional”.
Y concluyen afirmando: “La paz es siempre fruto del diálogo, de la justicia, la equidad y el desarrollo integral como oportunidad para todos los habitantes del suelo patrio”.
