CARACAS, martes, 29 abril 2008 (ZENIT.org).- Los obispos de Venezuela han pedido a través de un comunicado al gobierno del país diálogo, no imposición, en la formulación de la reforma educativa.
Los prelados han hecho escuchar su voz en el contexto de la implementación del Sistema Educativo Bolivariano, un conjunto de iniciativas para el desarrollo de un nuevo diseño curricular que tiene una profunda y decisiva influencia en toda la labor de educación.
El proyecto actual que maneja el gobierno, según los arzobispos y obispos del país, promueve «el exagerado militarismo; la visión parcializada de la historia; la reducción e imposición de los modelos inspiradores presentados»..
El comunicado recuerda que las asociaciones de padres y representantes, universidades y diferentes gremios de educadores, han criticado la iniciativa «porque contradice planteamientos de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación vigentes, y replantea cuestiones ya rechazadas en el Referendo del 2 de diciembre del año 2007».
«Además se pretende imponerlo, como una decisión tomada que hay que llevar a la práctica, sin que se haya producido el proceso participativo plural, indispensable para un tema tan importante», añaden.
Los obispos insisten «en defender, en todo el hecho educativo, la centralidad de la persona, considerada en su integralidad, su necesaria dimensión social y apertura a lo trascendente, superando cualquier forma de individualismo o colectivismo, de imposición laicista o religiosa».
Asimismo reafirman «el derecho y deber de la familia en la misión orientadora de los hijos, así como también recordamos la responsabilidad de la sociedad en esa labor».
Por otra parte, reconocen «el derecho y deber del Estado para garantizar a todos el disfrute de estos derechos que son irrenunciables, y la educación es uno de ellos».
Los obispos reconocen también elementos de progreso en el nuevo diseño curricular, como son la insistencia en los valores de «la responsabilidad social y la solidaridad».
Ante esta situación, los obispos insisten «en la necesidad de un amplio diálogo nacional acerca de los fundamentos teóricos, pedagógicos y filosóficos, que deben ser entendidos a la luz de la Constitución y no interpretados unilateralmente».
Los prelados piden a las autoridades que no «adelanten pasos concretos en la implementación del mismo, y hacer de dominio público toda iniciativa sobre el nuevo currículo y cualquier otro cambio del sistema educativo, de modo que se eviten tantas informaciones parciales, rumores y ansiedades, y dejemos todos de lado las posiciones ambiguas, las ingenuidades y las eventuales agendas ocultas».
«La batalla, como alguno la ha bautizado, de la educación no la debe ganar o perder parcialidad alguna porque los valores y derechos no son objeto de votación. La ganará o perderá el país en la medida en que seamos capaces de aunar esfuerzos y abrir espacios de reflexión e intercambio entre las diferentes instituciones educativas, para descubrir y poner en práctica lo que realmente promueve la inclusión de todos los ciudadanos», concluyen.
