«Como Iglesia –dice un comunicado del Consejo– ratificamos nuestro mayor respeto al proceso de institucionalización de las Direcciones en las Unidades Educativas del Área Regular y Alternativa que desde hace cuatro gestiones venimos exigiendo a las autoridades de Gobierno, en el marco de las leyes vigentes en el país».
Seguidamente reclama el derecho que otorgan las normas vigentes a 1.469 Unidades Educativas de todo el territorio nacional, a administrar y dirigir sus obras, derecho que está siendo transgredido por la mencionada Convocatoria.
El Consejo Nacional de Educación Católica se muestra sorprendido por «la actitud contradictoria del Ministerio de Educación que ‘de facto’ desconoce y prescinde del ordenamiento jurídico que sustenta al Convenio Marco Iglesia-Estado», pese a que en reiteradas oportunidades tanto el Presidente como el Vicepresidente de la República aseguraron a la Iglesia que se respetaría dicho Convenio.
Tras señalar otras contradicciones de las autoridades, el comunicado señala que «estas anomalías y falta de respeto a acuerdos vigentes, perjudican la naturaleza y eficacia de los servicios de la Iglesia en zonas de alta exclusión y postergación del campo y las ciudades y también a la ayuda solidaria de Iglesias hermanas que posibilitan este servicio de calidad».
Por lo cual, «de no ser reconsiderada esta situación, nos veríamos en la necesidad de recurrir a las instancias que amparen los derechos constitucionales de los miembros de las Comunidades Educativas a las que servimos».
El comunicado lleva las firmas del presidente de la Comisión Episcopal de Educación, monseñor Luis Sáinz Hinojosa OFM, obispo auxiliar de Cochabamba, y del doctor Eduardo González Saá, secretario del Consejo Nacional de Educación Católica de Bolivia.
