CIUDAD DEL VATICANO, viernes, 17 marzo 2006 (ZENIT.org).- El representante de la Santa Sede ha calificado de «paso positivo», a pesar de sus límites, la creación del Consejo de Derechos Humanos, que sustituirá a la Comisión para este objetivo de Ginebra.
«Es un paso positivo en la promoción de los derechos humanos», ha afirmado monseñor Silvano M. Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Ginebra. Con esta medida, añade, «se trata de ampliar la cada vez más el concepto, partiendo de los derechos de las personas hasta llegar a los derechos de los pueblos».
En declaraciones a «Radio Vaticano» el prelado italiano ha reconocido que «me parece que un Consejo de los Derechos Humanos más fuerte, que dependa directamente de la Asamblea General, y que tenga la capacidad de excluir incluso a países que violen los derechos humanos, podría funcionar y ofrecer una contribución mayor para promover relaciones humanas que se basen cada vez más en los derechos».
Entre los límites del Consejo está el de la falta de capacidad para imponer sanciones ante violaciones de derechos humanos, pues como reconoce monseñor Tomasi «a veces es necesario que la comunidad internacional tome medidas concretas para bloquear violaciones extremas, como las que están teniendo lugar en estos momentos en algunas regiones de África».
«Por tanto, es necesario que se pongan en las manos de la comunidad internacional instrumentos más claros para bloquear esas fuerzas que verdaderamente utilizan su autonomía para violar los derechos», opina.
La creación del Consejo se aprobó el 15 de marzo mediante una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que obtuvo el voto afirmativo de 170 países, cuatro en contra (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall y Palau) y tres abstenciones (Venezuela, Irán y Bielorrusia).
La Comisión de Ginebra había perdido credibilidad pues formaban parte de ella países acusados de violar los derechos humanos.
El nuevo Consejo nacerá en junio y estará formado por 47 miembros, en vez de los 53 que conformaban la Comisión.
Los miembros tendrán que ser escogidos siguiendo criterios geográficos y dando garantías de respeto de los derechos humanos. En caso de violación de los mismos, podrán ser expulsados con el voto de dos tercios de los Estados que compongan el Consejo.
Los Estados Unidos han votado en contra, pues querían que los países miembros fueran elegidos con una mayoría de dos tercios, haciendo que fuera más difícil el acceso a países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Sin embargo, Washington ha prometido que financiará esta nueva institución y que colaborará con ella.
