(ZENIT Noticias / Managua, 17.12.2025).- En las fronteras de Nicaragua, se ha trazado una nueva línea, poco difundida en gran medida. No solo las armas, los drones o el equipo sensible corren el riesgo de ser confiscados, sino también las propias palabras impresas. Entre ellas, la Biblia.
A los viajeros que se dirigen a Managua desde la vecina Costa Rica se les advierte, antes de abordar los autobuses, que libros, revistas, periódicos e incluso textos religiosos podrían no estar permitidos en el país. Avisos colocados en las terminales de autobuses y avisos distribuidos por las compañías regionales de transporte instan a los pasajeros a dejar estos artículos para evitar problemas en la frontera. Según varios operadores de transporte, la restricción se ha aplicado discretamente durante varios meses.
Para los defensores de los derechos humanos, la prohibición no es una decisión administrativa aislada, sino un elemento más de un patrón más amplio de control estatal. Christian Solidarity Worldwide, una organización con sede en el Reino Unido que vigila la libertad de religión o creencias, ha denunciado la medida como parte de la sostenida campaña de Nicaragua contra la vida religiosa independiente y la libertad de expresión. La organización ha instado a las autoridades del país a revertir la política de inmediato, advirtiendo que la prohibición de los textos sagrados indica una creciente hostilidad hacia la autonomía espiritual. La mecánica de la prohibición es engañosamente simple. Las empresas de transporte que operan rutas desde Costa Rica y Honduras hasta Nicaragua han actualizado sus listas de artículos prohibidos, colocando Biblias y otros materiales impresos junto a drones, cámaras y ciertos bienes de consumo. Representantes de varias operadoras regionales de autobuses han confirmado que la política no tiene su origen en las propias empresas, sino en las autoridades nicaragüenses, que mantienen una amplia discreción en los cruces fronterizos.
El simbolismo, sin embargo, no es nada simple. En un país donde el cristianismo sigue estando arraigado en la vida familiar y la memoria cultural, restringir la entrada de textos religiosos tiene un peso que va más allá de la logística. Los críticos argumentan que controlar el acceso a los libros, especialmente a los sagrados, es una forma de reducir el espacio moral e intelectual en el que los ciudadanos pueden operar, sobre todo en un momento en que las iglesias han sido de las pocas instituciones restantes capaces de movilizar voces independientes.
Esta última restricción se produce en un contexto sombrío. Desde 2018, Nicaragua ha sido testigo de un retroceso sistemático de las libertades civiles. Miles de organizaciones independientes de la sociedad civil han perdido su personalidad jurídica, incluyendo más de mil grupos religiosos. El clero y los líderes laicos han enfrentado vigilancia, acoso y detención, mientras que los eventos religiosos públicos y las procesiones han sido severamente restringidos o directamente prohibidos a menos que estén alineados con la aprobación oficial.
La presión no se ha limitado a las iglesias. Los medios de comunicación independientes se han visto presionados mediante medidas regulatorias y económicas, incluyendo restricciones a la importación de tinta y papel. Uno de los periódicos más consolidados del país se vio obligado a cerrar tras décadas de publicación, un episodio que los analistas ahora consideran precursor de controles más amplios sobre el material impreso.
Desde esta perspectiva, la prohibición de la Biblia parece menos una anomalía y más una extensión de una estrategia existente: limitar la circulación, reducir la visibilidad y fragmentar a las comunidades que operan al margen de las estructuras estatales. Los textos religiosos, después de todo, no son meros objetos devocionales; son vehículos de memoria, identidad y lenguaje moral que resisten una fácil domesticación.
Christian Solidarity Worldwide ha instado a la comunidad internacional a prestar mucha atención, advirtiendo que las pequeñas medidas técnicas a menudo indican ambiciones mayores. Sus representantes han hecho un llamamiento a formas creativas de apoyo a la sociedad civil nicaragüense, tanto dentro del país como entre las comunidades en el exilio, argumentando que el silencio solo acelera la erosión de las libertades fundamentales.
Por ahora, la restricción sigue vigente, aplicada discretamente en los controles fronterizos y reflejada en las cautelosas recomendaciones de las empresas de transporte. No hay anuncios dramáticos ni decretos oficiales de amplia difusión. En cambio, existe una creciente sensación de que en Nicaragua, incluso el acto de cruzar la frontera con un libro se ha vuelto político.
En una nación donde la fe ha ofrecido consuelo durante mucho tiempo en medio de las dificultades, el esfuerzo por regular qué palabras pueden ingresar al país plantea una pregunta inquietante: ¿qué significa para un estado temerle a un libro?
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