(ZENIT Noticias / Madrid, 28.01.2026).- España ha superado otro umbral preocupante en su corta historia con la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido.
Cifras oficiales recientemente publicadas muestran que 426 personas pusieron fin a su vida mediante el suicidio asistido o la eutanasia aprobados por el estado en 2021, un aumento del 27,54 % con respecto a 2023, cuando se registraron 334 muertes. En comparación con 2022, el primer año completo tras la legalización, el aumento es aún mayor: casi el 48 %.
Detrás de estos porcentajes se encuentra una práctica en rápida expansión que está transformando la medicina del final de la vida en España y colocando al país en el centro de un debate internacional más amplio sobre el alcance de las leyes de muerte asistida.
A diferencia de muchas jurisdicciones, España no impone un requisito de pronóstico de seis o doce meses para ser elegible. Los pacientes no necesitan padecer una enfermedad terminal. En cambio, la ley permite la muerte asistida para quienes experimentan lo que las autoridades definen como enfermedades «graves e incurables» o «sufrimiento crónico grave», un marco que ha abierto la puerta a una amplia gama de diagnósticos. En 2024, los trastornos neurológicos fueron la afección subyacente más común entre los solicitantes, con 302 casos. El cáncer les siguió de cerca, con 276 personas que solicitaron la muerte asistida. Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias representaron gran parte del resto.
Otro indicador revelador es el proceso de apelaciones. En 2023, se denegaron inicialmente 188 solicitudes; 78 solicitantes apelaron, y más del 40 % de esas apelaciones (32 casos) fueron anuladas, lo que permitió que se procediera a la eutanasia. En 2024, se rechazaron 157 solicitudes en primera instancia. Setenta y cinco personas apelaron, y 20 de ellas, o el 26,67 %, finalmente recibieron la autorización.
Estas cifras sugieren un sistema en marcha, donde las garantías iniciales se revisan y revierten con frecuencia, lo que plantea dudas sobre cuán restrictivo es realmente el proceso.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad español ha explorado nuevas ampliaciones. Según Diario Médico, las autoridades consideraron revisar el Manual de Buenas Prácticas para la Eutanasia en 2024 para incluir explícitamente las enfermedades mentales. Un borrador de propuesta establecía que la ley española de eutanasia «no excluye las enfermedades mentales», lo que podría permitir que las personas con trastornos psiquiátricos soliciten la muerte asistida en igualdad de condiciones que los pacientes cuyo sufrimiento se deriva de una enfermedad física.
Aunque aún no se ha promulgado ningún cambio definitivo, la mera consideración refleja una tendencia internacional más amplia: una vez legalizada la muerte asistida, los criterios de elegibilidad tienden a ampliarse.
Esta tendencia ya se observa en otros lugares.
En Victoria, Australia, los legisladores modificaron recientemente su marco de muerte asistida tan solo seis años después de su entrada en vigor en junio de 2019. Anteriormente, el acceso estaba limitado a personas con una expectativa de vida de seis meses o menos, o doce meses para enfermedades neurodegenerativas. La ley revisada ahora duplica ese plazo a doce meses para todas las afecciones, ampliando sustancialmente el grupo de pacientes elegibles.
Canadá ofrece un ejemplo aún más claro. Allí, la eutanasia es legal en todo el país, y crece la preocupación por el creciente alcance del programa. Los médicos han argumentado públicamente que la eutanasia para recién nacidos con discapacidades «podría ser un tratamiento adecuado». En representación del Colegio de Médicos de Quebec ante una comisión parlamentaria, el Dr. Louis Roy recomendó previamente permitir la eutanasia para bebés con «deformidades graves» o «síndromes médicos muy graves». El Colegio reafirmó esta postura en agosto de 2025.
Mientras tanto, el debate se intensifica en el Reino Unido. Un proyecto de ley sobre suicidio asistido para Inglaterra y Gales, formalmente denominado Proyecto de Ley para Adultos con Enfermedades Terminales (Fin de la Vida), se encuentra actualmente en trámite en la Cámara de los Lores. La legislación permitiría el suicidio asistido para adultos con una esperanza de vida de seis meses o menos.
Durante su segunda lectura, el 67% de los parlamentarios que intervinieron se opusieron al proyecto de ley, y muchos señalaron la rápida expansión de los regímenes de muerte asistida en el extranjero como una advertencia.
Catherine Robinson, portavoz de Right To Life UK, citó las últimas cifras de España como evidencia de lo que puede suceder tras la legalización.
“Este drástico aumento en el número de personas en España que terminan su vida mediante eutanasia o suicidio asistido es increíblemente preocupante y profundamente triste”, declaró. “Donde se legaliza el suicidio asistido o la eutanasia, las cifras tienden a aumentar año tras año, junto con las peticiones de ampliar aún más los requisitos para acceder a la ayuda”.
Advirtió que Inglaterra y Gales podrían enfrentar una trayectoria similar si el proyecto de ley se convierte en ley.
Para los líderes católicos y los especialistas en ética, estos avances abordan cuestiones fundamentales sobre la dignidad humana, la responsabilidad médica y el papel del Estado en las decisiones de vida o muerte. La Iglesia ha enseñado sistemáticamente que la eutanasia y el suicidio asistido son moralmente inaceptables, priorizando en su lugar los cuidados paliativos y el acompañamiento a quienes sufren.
La experiencia de España se erige ahora como uno de los casos de estudio más impactantes de Europa: un país donde la muerte asistida ha pasado rápidamente de la legalización a la normalización, y donde los límites siguen cambiando.
Lo que comenzó como una excepción en torno al sufrimiento extremo se está convirtiendo cada vez más en parte de la política sanitaria habitual. Y a medida que legisladores de todos los continentes observan a España y modelos similares, el debate ya no se limita a las decisiones sobre el final de la vida. Se centra en cómo las sociedades definen la atención, la vulnerabilidad y el valor de la vida humana.
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