(ZENIT Noticias / San Juan, 17.02.2026).- Puerto Rico ha dado un paso trascendental en el tratamiento legal de la vida no nacida al enmendar su Código Penal para reconocer explícitamente como ser humano a un niño «concebido en cualquier etapa de la gestación» a efectos del derecho penal. La medida, firmada el 12 de febrero de 2026 por la gobernadora Jenniffer González-Colón, no altera las regulaciones del aborto en el territorio. Sin embargo, su redacción ha transformado de inmediato el panorama legal y político al incorporar el concepto de personalidad fetal en las leyes de homicidio de la isla.
El nuevo estatuto, el Proyecto de Ley del Senado 923 (SB923), modifica el Artículo 92 del Código Penal para aclarar que el término «ser humano» incluye a un niño en el vientre materno en cualquier momento del embarazo. La reforma está directamente relacionada con la anterior «Ley Keishla Rodríguez», llamada así en honor a una mujer embarazada asesinada en abril de 2021 por su expareja, el boxeador Félix Verdejo. Verdejo fue declarado culpable y condenado a dos cadenas perpetuas. Ese caso se convirtió en un catalizador de los esfuerzos legislativos para garantizar que la violencia contra una mujer embarazada que resulta en la muerte de su hijo no nacido se considere como si involucrara a dos víctimas.
Según la formulación del gobernador, el homicidio intencional y consciente de una mujer embarazada que resulta en la muerte del feto en cualquier etapa de la gestación constituye asesinato en primer grado. El objetivo, según el comunicado de prensa oficial, es armonizar las disposiciones civiles y penales afirmando la humanidad del no nacido.
Esta reforma se basa en una medida legislativa previa adoptada el 20 de diciembre de 2025, cuando el gobernador González firmó el Proyecto de Ley Senatorial 504 (SB504), que modifica el Código Civil para definir a todos los seres humanos, incluidos aquellos concebidos en cualquier fase de la gestación, como «personas naturales». Esta ley anterior otorgaba a los no nacidos derechos sucesorios, permitiéndoles ser nombrados beneficiarios o herederos. Declaraba explícitamente que no afectaba el derecho legal de la mujer al aborto.
En conjunto, las medidas de diciembre y febrero establecen una arquitectura legal que reconoce a los no nacidos como seres humanos y los incluye expresamente en la protección penal en casos de homicidio. Para quienes apoyan la medida, esta se presenta como una cuestión de coherencia. La declaración del gobierno enfatizó la necesidad de coherencia entre las normas civiles y penales para reconocer al feto como ser humano.
Comunicado de Prensa | Gobernadora convierte en ley medida que reconoce al concebido no nacido como ser humano pic.twitter.com/gKgn6wZwAp
— Jenniffer González (@Jenniffer) February 12, 2026
Los defensores de la vida han celebrado esta medida como histórica. La organización Susan B. Anthony Pro-Life America describió la ley como un hito que afirma que «toda vida humana tiene valor y merece protección». Kristan Hawkins, presidenta de Estudiantes por la Vida, celebró lo que calificó de una gran victoria, argumentando que la medida refleja el consenso científico de que la vida comienza en la concepción. El veterano activista Frank Pavone comentó que el lenguaje legal moldea la comprensión cultural, sugiriendo que reconocer a los no nacidos como seres humanos alterará el marco del debate público. Grupos internacionales pro vida también se han pronunciado. La organización mexicana UNNA afirmó que la reforma eleva el estatus jurídico del no nacido a un nivel de plena protección contra actos de violencia, consolidando una visión legislativa centrada en la dignidad humana desde la concepción.
Los opositores ven el asunto de otra manera. Rosa Seguí Cordero, portavoz de la Campaña Nacional por el Aborto Gratuito, Seguro y Accesible de Puerto Rico, declaró a Associated Press que, en efecto, se había otorgado personalidad jurídica a un cigoto, argumentando que los derechos de las mujeres se habían visto mermados en el proceso. Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, criticó el proceso legislativo, afirmando que la medida carecía de un análisis suficiente y dejaba preocupantes ambigüedades en el ámbito de los derechos civiles.
El contexto político no es casual. Puerto Rico, un territorio no incorporado de Estados Unidos con su propia constitución y sistema legal, está gobernado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), afiliado al Partido Republicano de Estados Unidos. El PNP actualmente cuenta con mayoría legislativa, lo que proporciona la vía institucional para estas reformas. Si bien los estatutos no restringen directamente el acceso al aborto, los críticos argumentan que integrar la personalidad del feto en las categorías legales fundamentales podría sentar las bases para futuros desafíos.
Desde una perspectiva jurisprudencial, este avance es significativo porque el derecho penal tiene un peso simbólico que va más allá de su aplicación inmediata. Al redefinir el concepto de «ser humano» en el Artículo 92 y vincularlo con las disposiciones sobre homicidio en primer grado del Artículo 93, la legislatura ha ampliado el alcance conceptual de la vida protegida. Incluso sin modificar las leyes sobre el aborto, esta medida sitúa la vida no nacida dentro del vocabulario moral de la ley de homicidios.
El debate que se desarrolla en Puerto Rico refleja una tensión más amplia, visible en las jurisdicciones estadounidenses, tras la recalibración de la jurisprudencia federal sobre el aborto en los últimos años. Algunos estados y territorios han implementado restricciones directas al aborto; otros se han centrado en medidas graduales, como las leyes de homicidio fetal o las definiciones de personalidad civil. El enfoque de Puerto Rico combina ajustes simbólicos y técnicos, manteniendo formalmente el marco vigente sobre el aborto.
Queda por ver si la reforma se limitará a los casos de violencia contra mujeres embarazadas o influirá en futuros litigios e iniciativas legislativas. Quienes la apoyan la presentan como una honestidad jurídica alineada con la comprensión científica del desarrollo humano. Los opositores advierten sobre una erosión gradual de los derechos reproductivos debido al efecto acumulativo del lenguaje legal.
Lo que es indiscutible es que Puerto Rico ha profundizado la cuestión de la personalidad del no nacido en su ordenamiento jurídico. Al hacerlo, no solo ha enmendado una ley, sino que ha intensificado un debate que se extiende mucho más allá de las costas de la isla.
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