(ZENIT Noticias / Bogotá, 30.01.2026).- La Conferencia Episcopal Colombiana emitió esta semana un comunicado formal reafirmando la doctrina cristiana fundamental y exigiendo respeto por las convicciones religiosas, tras las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, que muchos creyentes percibieron como ofensivas y teológicamente imprudentes.
Los comentarios que desencadenaron la reacción se produjeron el 27 de enero durante la ceremonia de reapertura del histórico Hospital San Juan de Dios de Bogotá. En una reflexión espontánea, Petro sugirió que Jesús pudo haber tenido una relación sexual con María Magdalena, añadiendo que Cristo estuvo acompañado por mujeres que lo amaron hasta el final. Las palabras del presidente se difundieron rápidamente en redes sociales y medios nacionales, generando críticas tanto de líderes eclesiásticos como de laicos católicos.
Aunque los obispos evitaron nombrar directamente a Petro en su comunicado inicial, el momento y el contenido dejaron pocas dudas sobre el objetivo de su preocupación.
Para la jerarquía católica colombiana, el asunto va mucho más allá de la opinión personal. En su declaración oficial (COM-CEC-040/26), firmada por la presidencia de la Conferencia Episcopal, los obispos enfatizaron que Jesucristo no puede ser reducido a una figura histórica ni a un ejemplo moral.
“Para quienes siguen las enseñanzas del Hijo de Dios, fundamentadas en la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, su nombre es santo”, escribieron, subrayando que Cristo es “verdadero Dios y verdadero hombre, centro de nuestra fe y esperanza”. Cualquier representación que despoje a Jesús de su identidad divina, advirtieron, distorsiona los fundamentos mismos del cristianismo.
Los obispos también enmarcaron su respuesta en términos legales, recordando al gobierno que el carácter laico de Colombia no autoriza a los funcionarios públicos a reinterpretar la doctrina religiosa.
Citaron la Constitución de 1991, la sentencia de la Corte Constitucional C-817 de 2011 y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 (Ley Estatutaria de Libertad Religiosa), todos los cuales consagran los principios de respeto, no injerencia y protección de las creencias de los ciudadanos.
“La laicidad no significa deslegitimar la fe”, enfatizó el comunicado. Más bien, obliga al Estado a salvaguardar la libertad religiosa y asegurar relaciones armoniosas con las diversas confesiones del país. Desde esa perspectiva, los obispos fueron categóricos: ninguna autoridad pública está llamada a emitir juicios teológicos sobre las convicciones de los creyentes. Por el contrario, el poder público tiene el deber de proteger dichas convicciones.
La intervención refleja una preocupación más amplia dentro de la Iglesia por la desinformación en torno a la figura central del cristianismo. Los líderes eclesiásticos calificaron las declaraciones del presidente de superficiales y descontextualizadas, advirtiendo que tales declaraciones corren el riesgo de confundir a los fieles y trivializar doctrinas consideradas sagradas por millones.
En respuesta, los obispos instaron a los católicos —y a cualquiera que busque comprender a Jesús— a recurrir a las fuentes primarias: los Evangelios y el Catecismo de la Iglesia Católica. Las dudas sobre Cristo, dijeron, deben abordarse mediante un estudio serio, en lugar de especulaciones improvisadas en foros políticos.
Más allá de la doctrina, el episodio pone de relieve una frontera sensible en la vida pública colombiana. Gustavo Petro, exlíder guerrillero convertido en presidente de izquierda, gobierna una nación donde el catolicismo mantiene una influencia cultural a pesar del creciente pluralismo religioso. Sus declaraciones han reavivado las preguntas sobre hasta qué punto pueden los líderes políticos hablar de símbolos religiosos en una democracia constitucional.
La Conferencia Episcopal concluyó su declaración con un llamado al respeto mutuo y a la paz social. Si bien reafirmaron su lealtad a las instituciones y leyes colombianas, los obispos recordaron a las autoridades que la Iglesia ha enseñado constantemente el respeto a los líderes legítimamente constituidos y ha promovido la reconciliación. A cambio, pidieron que se respeten por igual los derechos de los creyentes, en particular la libertad de profesar y compartir su fe como pilar esencial de la convivencia democrática.
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