(ZENIT Noticias / Ciudad del Vaticano, 05.12.2025).- Las decisiones que surgieron del Vaticano a principios de diciembre sugieren que el Papa León XIV está actuando con rapidez para reconstruir la arquitectura financiera de la Santa Sede, corrigiendo lo que muchos expertos consideraban uno de los legados más delicados del difunto Papa Francisco. La señal más visible de este cambio llegó con un decreto que abolió la efímera comisión creada para impulsar la recaudación de fondos del Vaticano, una oficina cuyo origen, composición y mandato habían sido cuestionados desde el principio.
La Commissio de donationibus, establecida en febrero pasado mientras Francisco recibía tratamiento en el Hospital Gemelli, tenía como objetivo lanzar campañas de donaciones específicas y atraer nuevos benefactores para proyectos del Vaticano. Su creación se anunció en un momento en que la salud del Papa era frágil, su movilidad limitada y su círculo íntimo inusualmente activo. La comisión fue aprobada para un período experimental de tres años, pero en la práctica funcionó menos de diez meses.
La decisión de León XIV, firmada formalmente a finales de septiembre pero publicada el 4 de diciembre, desmantela toda la estructura: se revocan sus estatutos, se invalidan sus reglamentos y se destituye a sus miembros. Todos los activos pertenecientes a la oficina serán transferidos a la Santa Sede, y su liquidación será supervisada por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, dirigida por el arzobispo Giordano Piccinotti. El decreto surgió tras meses de revisión por parte del Consejo para la Economía del Vaticano, que estudió el propósito de la comisión, evaluó sus primeras etapas y consultó a expertos externos antes de recomendar una reestructuración completa de la forma en que la Santa Sede recauda fondos.
La comisión suprimida estaba compuesta exclusivamente por funcionarios italianos, ninguno con experiencia profesional especializada en la recaudación de fondos de alto nivel. Su presidente, monseñor Roberto Campisi, se desempeñaba como asesor en la Secretaría de Estado, el mismo departamento que previamente había perdido el control de importantes activos financieros tras una costosa debacle inmobiliaria en Londres. Los observadores notaron la paradoja: una oficina creada para mejorar la transparencia y la confianza de los donantes terminó dirigida por figuras asociadas con errores administrativos pasados. Campisi fue reasignado en septiembre como observador permanente de la Santa Sede ante la UNESCO, un nombramiento que se interpretó ampliamente como un movimiento lateral, ya que sus predecesores del último medio siglo tradicionalmente habían sido elevados al rango episcopal y enviados como nuncios.
Las dudas sobre la credibilidad de la comisión no se limitaban a la política institucional. Los principales donantes, especialmente en Estados Unidos —donde las redes filantrópicas son sólidas y las expectativas de rendición de cuentas son altas— expresaron su malestar por la falta de expertos estadounidenses en la junta. Muchos interpretaron la decisión de Francisco de colocar la comisión bajo la Secretaría de Estado como una forma de restaurar la influencia de una oficina que se había visto reducida tras perder cientos de millones de euros en el caso de Londres.
El decreto de León XIV parece abordar estas preocupaciones de frente. El nuevo papa, conocido por su formación en matemáticas y su preferencia por las estructuras claras, se está posicionando para fortalecer la gobernanza financiera mientras la Santa Sede entra en el Año Jubilar. Fuentes del Vaticano señalan que, si bien León se ha abstenido de repudiar las intenciones de Francisco, ha mostrado disposición a ajustar, refinar o revertir decisiones anteriores cuando su implementación resultó frágil o ambigua.
Ese patrón ya se había manifestado a finales de noviembre, cuando León reevaluó las reformas que regían las principales basílicas romanas y las puso bajo la supervisión regular del Consejo de Economía. A principios de octubre, revocó un rescripto de 2022 que centralizaba todas las cuentas curiales en la APSA y exigía que toda la actividad financiera pasara por el único «banco comercial» del Vaticano, el Instituto para las Obras de Religión. Y pocos días antes de anunciar la supresión de la comisión de recaudación de fondos, León revocó otra decisión administrativa de 2024 relativa a la Diócesis de Roma.
Las señales financieras del Vaticano han sido contradictorias. Un informe reciente destacó un marcado aumento de los ingresos y una reducción sustancial del déficit estructural. Sin embargo, la asociación que representa a los empleados laicos advirtió que algunos aumentos provenían de donaciones puntuales y ganancias ocasionales por inversiones, lo que plantea dudas sobre la estabilidad a largo plazo. Estas preocupaciones subrayan por qué las reformas de León, aunque técnicas, tienen implicaciones más amplias para la credibilidad de las finanzas de la Santa Sede.
En lugar de la comisión que disolvió, el Papa convoca a un nuevo grupo de trabajo encargado de elaborar un modelo de recaudación de fondos más sostenible, transparente y coherente. Los miembros serán propuestos por el Consejo para la Economía y nombrados por el Papa tras la revisión de la Secretaría de Estado. Esta iniciativa refleja el deseo no solo de cerrar un capítulo problemático, sino de sentar las bases para un futuro en el que la participación de los donantes vaya acompañada de una gobernanza sólida.
A medida que 2025 se acerca a su fin, el sistema financiero del Vaticano experimenta una de sus recalibraciones más significativas en años. Las decisiones de León XIV sugieren la intención del pontífice de garantizar que los mecanismos económicos que sustentan el ministerio de la Sede Apostólica sean tan claros y fiables como la misión que deben sostener.
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