(ZENIT Noticias / San Juan de Puerto Rico, 30.12.2025).- Puerto Rico promulgó dos leyes que podrían transformar la concepción del nonato en el marco legal de la isla, reavivando un antiguo y polémico debate sobre la vida, los derechos y el alcance del estado. Con su firma, la gobernadora Jenniffer González Colón aprobó dos medidas que, en conjunto, amplían el reconocimiento legal de los nonatos tanto en el derecho civil como en el penal, a la vez que insiste en que las leyes vigentes sobre el aborto permanezcan formalmente intactas.
En el centro del cambio legislativo se encuentra el Proyecto de Ley Senatorial 504, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La medida revisa disposiciones clave del Código Civil para establecer explícitamente que todo ser humano se considera persona natural, definición que ahora incluye al ser humano concebido en el vientre materno en cualquier etapa del embarazo. En la práctica, el nonato, el nasciturus, adquiere personalidad jurídica desde la concepción, siempre que dicho reconocimiento sea favorable y aplicable.
Los partidarios describen el cambio como una adaptación, ya necesaria, del derecho civil a lo que denominan la realidad biológica. Rivera Schatz enmarcó la reforma como un fortalecimiento de las protecciones para quienes no pueden expresarse por sí mismos, un mensaje que resonó más allá de la isla. El Comité Nacional por el Derecho a la Vida en Washington elogió la ley como un hito, argumentando que Puerto Rico había reconocido formalmente la dignidad inherente de la vida no nacida e incorporado ese principio en su legislación civil.
Sin embargo, la reforma se produjo en medio de una fuerte resistencia. La ley intenta anticiparse a tales temores mediante una cláusula de salvaguardia. Especifica que el reconocimiento de derechos favorables al no nacido no restringe el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo bajo la ley vigente. El aborto, enfatiza el texto, sigue regido por las leyes penales ya vigentes. Aun así, los escépticos argumentan que el lenguaje legal, una vez probado en los tribunales, a menudo evoluciona de maneras que los legisladores no pueden predecir por completo.
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