Luca Volontè
(ZENIT Noticias – La Bussola Quotidiana / Roma, 01.04.2025).- Según un informe, recién publicado, de la American Life League (ALL), una organización provida, el salario de la presidenta y CEO de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, fue de 904.014 dólares en 2022-2023. En Estados Unidos, según la Administración de la Seguridad Social, el aumento salarial medio para los ejecutivos corporativos fue del 5,32% para 2022, mientras que para McGill, en comparación con su compensación de 2021 de 683.697 dólares, el aumento fue del 32% en 2022-2023.
El informe de ALL también incluye una lista de los veinte principales ingresos de los CEO de las filiales de Planned Parenthood: en la parte superior está el CEO de Planned Parenthood Los Ángeles, cuyas 24 instalaciones ganaron 155 millones de dólares en 2022-2023 y cuyo CEO fue recompensado con 875,942 dólares. Se trata de un salto impresionante en la remuneración de Planned Parenthood, una organización formalmente sin ánimo de lucro, pero cuyos directores ganan, de media, más del triple del salario medio de los de organizaciones sin ánimo de lucro similares en cuanto a alcance e «ingresos».
Katie Brown, directora nacional de la American Life League, ha denunciado la escandalosa situación de Planned Parenthood, calificándola de «círculo vicioso» a través del cual «cientos de millones de dólares procedentes de los impuestos se desembolsan a los oligarcas de Planned Parenthood y, a su vez, matan a casi medio millón de estadounidenses no nacidos cada año». Además, el director general de esa «organización sin ánimo de lucro» gana casi un millón de dólares al año. De ahí la petición de que el gobierno federal corte toda financiación directa o indirecta a Planned Parenthood y a los demás negocios abortistas del país.
La recopilación de datos sobre las retribuciones de los distintos directores generales de Planned Parenthood fue impulsada y posteriormente publicada después de que una investigación «piloto» del New York Times sacara a la luz cómo varias filiales estatales del gigante abortista tenían graves problemas financieros y elevadas tasas de rotación de personal, además de prestar una atención sanitaria deficiente a los pacientes. La investigadora principal del informe ALL, Katherine Van Dyke, señaló en una declaración el 20 de marzo de 2025 que el aumento de los beneficios de los directores generales contradice el argumento sobre el declive financiero de la empresa abortista. Según Van Dyke, ahora queda demostrado que «el dinero de los contribuyentes es el verdadero combustible de las ganancias de Planned Parenthood y que los datos financieros de sus propios informes no coinciden con las afirmaciones de la organización sobre sus problemas financieros».
Tras la publicación del artículo del NYTimes, la ex ejecutiva de Planned Parenthood y activista provida durante muchos años, Abby Johnson, declaró al canal de televisión FOX News Digital que, al igual que en las décadas en las que trabajó en Planned Parenthood, el uso por parte de la multinacional de «medicamentos caducados, alta rotación de personal, horribles condiciones de trabajo, personal no cualificado, enormes sumas de dinero que no se utilizan para la atención a los pacientes y condiciones repugnantes de las clínicas» continúa, a pesar de los millones de dólares recibidos de los contribuyentes. Varias filiales de Planned Parenthood (entre ellas Nueva York, Misuri e Illinois) han anunciado el cierre de centros en los últimos meses.
Ha llegado el momento de que los líderes republicanos y la administración Trump evalúen realmente estas cifras que se desprenden del documento de la American Life League y eliminen los reembolsos gubernamentales y cualquier forma de asignación de dinero público a Planned Parenthood: una multinacional dedicada al genocidio de inocentes en el vientre materno y a la difusión de otras prácticas altamente nocivas, como las de la llamada «transición de género».
Hace unas semanas, al hilo de la cada vez más decidida lucha de la administración federal estadounidense contra los cárteles de la droga, la propia American Life League había pedido al presidente Donald Trump que clasificara como grupo terrorista a un cártel que distribuye medicamentos abortivos en Estados Unidos. En una carta al presidente, Katie Brown, tras agradecer a Trump su orden ejecutiva pidiendo al Congreso que designe a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, pedía medidas duras contra quienes envían los peligrosos fármacos abortivos a través del sistema postal estadounidense, explicando que «redes secretas de narcotraficantes están distribuyendo intencionada y secretamente estos fármacos en estados donde los legisladores han promulgado leyes provida. Están explotando criminalmente el sistema postal estadounidense para subvertir la ley».
La principal de estas redes terroristas de distribución de píldoras abortivas es Las Libres, que, según su sitio web, tiene su sede en México y ofrece píldoras abortivas gratuitas a mujeres que no pueden permitírselas, llevan embarazadas al menos cuatro semanas y viven en Puerto Rico y en los siguientes estados: Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental.
Brown también señala en su carta que estos intercambios de píldoras abortivas «exponen sin sentido a las mujeres a riesgos innecesarios y, lo que es peor, acaban con la vida de millones de ciudadanos estadounidenses no nacidos».
Traducción del original en lengua italiana realizado por el director editorial de ZENIT.
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