Luis Argüello, presidente de la Confederación Episcopal Española Foto: EFE

“Graves y falsas”: la respuesta de diócesis de Cádiz ante acusaciones de abuso a su obispo

Mientras se desarrolla el proceso eclesiástico, también surgen interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Las acusaciones aparecieron por primera vez en «El País», un periódico conocido por su constante escrutinio de la Iglesia católica

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(ZENIT Noticias / Madrid, 11.11.2025).- El Vaticano ha iniciado discretamente una investigación canónica contra el obispo Rafael Zornoza de Cádiz y Ceuta, tras las acusaciones de abuso sexual que se remontan a la década de 1990, afirmaciones que el prelado ha negado categóricamente. El caso, sin precedentes en España para un obispo en ejercicio, ha causado gran revuelo en el ámbito eclesiástico, poniendo a prueba la determinación de la Iglesia de buscar la verdad y la transparencia, al tiempo que salvaguarda la presunción de inocencia.

Las acusaciones surgieron este verano, cuando un hombre se presentó ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma, alegando haber sido abusado por Zornoza entre los 14 y los 21 años. En aquel entonces, Zornoza era rector del seminario diocesano de Getafe, una diócesis de reciente creación al sur de Madrid, donde desempeñó un papel fundamental en su formación.

Según fuentes eclesiásticas, el caso ha sido admitido formalmente ante el tribunal de la Nunciatura Apostólica en España. La Diócesis de Cádiz y Ceuta, en un comunicado emitido el 10 de octubre, calificó las acusaciones de «muy graves y totalmente falsas», añadiendo que tenía «plena confianza en la justicia y total disposición a cooperar con ella». El comunicado también subrayó «el debido respeto a la presunción de inocencia que se aplica a todas las personas».

El obispo de 76 años, que lucha contra un cáncer agresivo, ha suspendido su agenda pastoral «para permitir el esclarecimiento de los hechos» y centrarse en su tratamiento. Su renuncia, presentada al Papa Francisco al alcanzar la edad canónica de jubilación en 2024, aún no ha sido aceptada.

Lo que hace que este caso sea particularmente delicado es su naturaleza canónica. A diferencia de los procedimientos civiles —que, según se informa, han prescrito debido a que los supuestos hechos ocurrieron hace unos treinta años—, el proceso vaticano examinará si las acusaciones poseen el grado de «verosimilitud» requerido para proceder a un juicio penal según el derecho canónico.

El arzobispo Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, expresó su pesar y cautela, reconociendo que «el hecho de que la Santa Sede haya iniciado una investigación otorga cierta credibilidad a la acusación». En un discurso pronunciado en Las Palmas, Argüello subrayó que la Iglesia busca ante todo la verdad: «Deseamos conocer la verdad, hacer justicia a cualquier víctima, si se confirma, y ​​acompañar a todas las personas afectadas».

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, se hizo eco de estas palabras. «Esto es un drama», afirmó, describiendo tanto a la presunta víctima como al obispo acusado como «dos hijos de la Iglesia». Manifestó su confianza en la capacidad del sistema canónico para ser exhaustivo e imparcial, señalando que el papa Francisco ha perfeccionado estos procedimientos para garantizar el rigor y la rendición de cuentas.

Mientras se desarrolla el proceso eclesiástico, también surgen interrogantes sobre el papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Las acusaciones aparecieron por primera vez en «El País», un periódico conocido por su constante escrutinio de la Iglesia católica. La publicación ha sido criticada durante mucho tiempo por funcionarios de la Iglesia y analistas de medios por lo que describen como sesgo ideológico y deficiencias metodológicas en sus reportajes sobre casos de abuso. Algunos señalan la inclusión de testimonios demostrablemente falsos en investigaciones anteriores como evidencia de una preocupante falta de rigor.

Aun así, incluso dentro del clero, se reconoce que la Iglesia debe responder con seriedad y transparencia a todas las acusaciones, por antiguas o inverosímiles que parezcan. «La mera existencia del dolor, ya sea de la víctima o de un sacerdote injustamente acusado, nos llama a la verdad y la compasión», señaló el arzobispo Argüello.

Para el obispo Zornoza, una figura otrora conocida por su vigor pastoral, los próximos meses se presentan como algunos de los más difíciles de su vida. Tras haber sido rector, obispo auxiliar de Getafe y, desde 2011, párroco de Cádiz y Ceuta, su legado pende ahora de un hilo, no ante la opinión pública, sino ante el solemne juicio de la Iglesia y la historia.

Si la investigación confirma su inocencia, supondrá una reivindicación del renovado compromiso de la Iglesia con el debido proceso en medio de una cultura de sospecha. De lo contrario, subrayará la firme voluntad del Vaticano de confrontar incluso a sus figuras más destacadas cuando la justicia así lo exige.

En cualquier caso, el caso de Rafael Zornoza marca un punto de inflexión: el momento en que la búsqueda de la verdad por parte de Roma, la conciencia eclesial de España y las heridas del pasado convergen una vez más en la lenta y dolorosa tarea de purificación.

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Redacción Zenit

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