(ZENIT Noticias / Madrid, 21.01.2026).- La llamada “resignificación” del Valle de los Caídos dejó de ser una consigna política para convertirse en un proceso administrativo con consecuencias concretas el 24 de abril de 2025, cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el concurso internacional de proyectos para el Memorial de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial.
Desde ese momento, el conjunto monumental enclavado en la sierra madrileña pasó a ocupar un lugar central en el discurso del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez, no solo como proyecto cultural, sino como símbolo recurrente en el debate político nacional.
Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no se encuentra en la publicación oficial del concurso, sino en un documento previo que hasta ahora había permanecido fuera del foco público.
El 21 de enero, el diario El Debate dio a conocer dos misivas fechadas el 4 y el 5 de marzo de 2025, es decir, unas seis semanas antes de que el Ejecutivo anunciara formalmente el inicio del proceso. Bajo el título “Términos del acuerdo acerca de las intervenciones que recogerá la licitación del concurso internacional de ideas para la resignificación del Valle de Cuelgamuros”, el texto establece el marco que el Gobierno considera suficiente para legitimar su actuación en el interior de la basílica.
La relevancia del documento no reside únicamente en su contenido, sino en sus firmantes. En él figuran la rúbrica del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Existen dos copias del acuerdo, ambas selladas por el propio arzobispo y registradas tanto en el ministerio como en la secretaría del arzobispado madrileño. Para el Ejecutivo, este aval eclesiástico es la llave que permite avanzar en un terreno tradicionalmente protegido por los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que reconocen la inviolabilidad de los lugares de culto y la competencia exclusiva de la Iglesia sobre los espacios sacralizados.
El texto firmado introduce una distinción espacial que ha pasado prácticamente desapercibida en las explicaciones públicas del Gobierno. Según el acuerdo, solo se conservará como espacio estrictamente destinado al culto “la zona que ocupa el altar y las bancadas adyacentes”, una formulación imprecisa que no delimita cuántas bancadas ni hasta dónde se extiende ese ámbito protegido. Esta ambigüedad abre la puerta a intervenciones de carácter artístico y museográfico en amplias áreas del interior de la basílica.
El segundo punto del documento va aún más lejos al afirmar que el vestíbulo, el atrio, la nave considerada “desocupada” y la cúpula no están destinados al culto y, por tanto, pueden ser objeto de modificaciones. Entre esos espacios se incluye la Capilla del Santísimo, lo que supone, en términos canónicos y litúrgicos, un salto cualitativo en la discusión. También queda potencialmente afectada la gran cúpula que corona el altar mayor, un mosaico de dimensiones monumentales compuesto por más de seis millones de teselas, cuyo valor artístico y religioso es difícil de exagerar. En la práctica, el acuerdo permitiría al Gobierno intervenir incluso en el entorno inmediato del sagrario.
Pese a ello, el relato oficial del Ejecutivo ha insistido en que las actuaciones previstas se concentran en el exterior del conjunto. Esa narrativa se reforzó el 11 de diciembre de 2025, cuando el secretario general de Agenda Urbana, Iñaki Carnicero, presentó el proyecto ganador del concurso, titulado La Base y la Cruz. En esa comparecencia, Carnicero explicó que la propuesta contempla una “grieta” destinada a romper la axialidad del monumento y conducir a un espacio circular abierto al cielo, desde el cual se accedería al interior de la basílica. La descripción contrasta con el propio acuerdo firmado, que establece que el acceso al espacio de culto debe ser independiente y realizarse por la entrada principal, garantizando así la separación entre el uso litúrgico y los recorridos museográficos.
Otro aspecto significativo del documento es la referencia a la presencia de la Iglesia católica en el jurado del concurso. El texto aseguraba la participación de un representante eclesial, pero finalmente esa presencia quedó diluida. El sacerdote Daniel Escobar, inicialmente señalado para ese cometido, actuó solo como asesor externo, mientras que el jurado fue presidido por el propio Carnicero. De facto, la Iglesia no tuvo voto en la decisión final del proyecto seleccionado.
Hasta la fecha, estas misivas son el único respaldo documental conocido en el que una autoridad eclesiástica española da luz verde al proceso de resignificación en los términos planteados por el Gobierno. Desde el arzobispado de Madrid se sostiene ahora que, tras la elección del proyecto ganador, se ha entrado en una “segunda fase” en la que será necesario armonizar la iniciativa con la Santa Sede y con la comunidad benedictina que custodia el lugar. Al mismo tiempo, se subraya el papel del cardenal José Cobo como interlocutor en el diálogo con el Ejecutivo.
La cuestión de fondo, sin embargo, sigue abierta. Más allá del debate político y cultural, lo que está en juego es la interpretación práctica de los acuerdos Iglesia-Estado y el alcance real de la inviolabilidad de un templo católico. En Cuelgamuros, el conflicto ya no se limita al significado histórico del monumento, sino que alcanza el corazón mismo de la basílica, allí donde la piedra, el arte y la liturgia se entrelazan desde hace más de medio siglo.
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