(ZENIT Noticias / Jalandhar, India, 22.01.2026).- Cuando la hermana Ranit Pallassery decidió salir a la luz pública este enero, hizo más que revelar su rostro en televisión. En un país donde la ley suele proteger a las sobrevivientes de violación manteniendo oculta su identidad, su decisión marcó una ruptura deliberada con el silencio, una ruptura que, según ella, fue impuesta no solo por el miedo y el estigma, sino por la propia Iglesia.
Pallassery, ex superiora general de las Misioneras de Jesús, una congregación diocesana con sede en la diócesis de Jalandhar, en el norte de la India, acusó al obispo Franco Mulakkal de violarla repetidamente durante sus visitas a su convento en Kuravilangad, Kerala, entre 2014 y 2016. La cifra que cita —13 agresiones en dos años— se ha convertido en un símbolo de su caso, pero para Pallassery la herida más profunda reside en lo que vino después: años de inacción institucional, retrasos legales y aislamiento personal.
En enero de 2022, un tribunal de distrito de Kottayam absolvió a Mulakkal de todos los cargos, dictaminando que la fiscalía no había podido probar la violación y sugiriendo que los encuentros parecían consensuales. El veredicto sorprendió a muchos observadores, sobre todo dado el desequilibrio de poder inherente a la relación entre un obispo y una religiosa bajo su autoridad. Poco después del fallo, el Vaticano aceptó la renuncia de Mulakkal como obispo de Jalandhar. Conservó su título episcopal y continúa dirigiendo retiros espirituales, un resultado que Pallassery considera un doloroso símbolo de responsabilidades pendientes.
Pallassery, que ahora tiene 51 años, insiste en que la percepción pública malinterpreta su silencio desde el veredicto como una rendición. «La gente piensa que nos hemos rendido», dijo en una entrevista televisada emitida el 10 de enero. «Seguimos vivos y seguimos luchando». Tanto ella como el gobierno del estado de Kerala han apelado la absolución ante el Tribunal Superior de Kerala; sin embargo, cuatro años después, el tribunal no ha iniciado las audiencias de fondo.
Su decisión de hablar abiertamente estuvo condicionada no solo por su propio caso estancado, sino por una reflexión social más amplia. A finales de 2025, una reconocida actriz india perdió un caso de violación muy seguido, a pesar de denunciar el delito de inmediato y soportar un largo juicio. Pallassery afirmó que, al observar ese desenlace, cristalizó una dura verdad: ni siquiera la prominencia y la denuncia inmediata garantizan la justicia. Para ella, permanecer en el anonimato ya no la sentía protectora, sino cómplice.
Lo que distingue la historia de Pallassery en el debate global sobre los abusos clericales no es solo la acusación en sí, sino su insistencia en que la Iglesia tuvo múltiples oportunidades de intervenir discreta y pastoralmente, y se negó a hacerlo. Relata haber escrito a obispos, cardenales, al nuncio apostólico en India, a varios dicasterios vaticanos e incluso al papa Francisco antes de su muerte. Según su testimonio, nadie respondió. El silencio, argumenta, no le dejó otra opción que acudir a las autoridades civiles en 2018, sobre todo después de que Mulakkal supuestamente presentara una denuncia policial contra su hermano en lo que ella describe como un intento de intimidación.
El coste personal de esa decisión ha sido muy alto. De las cinco monjas que inicialmente la apoyaron en una protesta pública que condujo al arresto de Mulakkal en septiembre de 2018, tres han abandonado la vida religiosa, incapaces de soportar la presión de ser etiquetadas como «antieclesiásticas». Pallassery y las dos hermanas restantes siguen viviendo en el mismo convento donde ocurrieron las presuntas agresiones, bajo protección policial las 24 horas. Sus movimientos fuera del convento requieren la aprobación de un acompañante, una realidad que pone de relieve cómo la seguridad puede tener un precio para la libertad.
Económicamente, sobreviven con poco. Hasta finales de 2023, la congregación proporcionaba a cada una una modesta asignación mensual de 5.000 rupias (unos 50 dólares estadounidenses). Este apoyo se suspendió después de que las hermanas rechazaran las solicitudes de exclaustración, un estatus canónico que las habría obligado a vivir fuera de la comunidad. En cambio, se las han arreglado para ganarse la vida austeramente con la sastrería, el bordado, la huerta, una pequeña explotación avícola y donaciones de la sociedad civil.
A mediados de enero, tras las entrevistas públicas de Pallassery, el gobierno de Kerala emitió cartillas de racionamiento para ayudar a las hermanas a acceder a cereales subvencionados y nombró a un fiscal especial para que presentara su apelación. Para Pallassery, estos gestos contrastan marcadamente con lo que ella describe como abandono eclesial. Ha reconocido la protección policial y la intervención estatal como salvavidas durante un período en el que sentía que el liderazgo de la Iglesia se había distanciado.
Quienes la apoyan argumentan que su caso expone un punto ciego estructural tanto en la Iglesia como en la sociedad: la dificultad de reconocer el abuso cuando se encubre de autoridad, lenguaje religioso y expectativas de obediencia. La teóloga Kochurani Abraham ha descrito la decisión de Pallassery de hablar como un «golpe relámpago» contra el arraigado poder clerical, planteando preguntas incómodas sobre la credibilidad, el consentimiento y la autopreservación institucional.
La propia Pallassery enmarca su lucha en términos espirituales, no ideológicos. Ha declarado repetidamente que no tiene intención de abandonar su congregación ni su vocación. Cree que hacerlo permitiría a la institución borrar su presencia —y su reivindicación— como monja que busca justicia dentro de la Iglesia, no contra ella. La terapia, la oración y la meditación la han ayudado a reinterpretar la vergüenza que una vez cargó como una responsabilidad indebida, un cambio psicológico que describe como esencial para recuperar su voz.
Su apelación ante el Tribunal Superior de Kerala enfatiza un punto que a menudo se pasa por alto en los debates judiciales: la relación fiduciaria entre un obispo y una monja. Estas relaciones, argumenta, complican inherentemente el consentimiento y ayudan a explicar las demoras en la denuncia de abusos, una perspectiva cada vez más reconocida en otras jurisdicciones, pero que aún no está firmemente arraigada en la jurisprudencia india.
Sigue siendo incierto si los tribunales finalmente revocarán la absolución de Mulakkal. Lo que ya está claro es que Pallassery ha redefinido lo que significa la supervivencia en un contexto donde la justicia avanza con lentitud y las instituciones se resisten al escrutinio. Al negarse a desaparecer —social, legal o espiritualmente—, ha obligado tanto a la Iglesia como al Estado a afrontar una pregunta que va mucho más allá de su propio caso: quién soporta la carga del silencio y quién se beneficia de él.
“No cometí ningún delito”, ha dicho. “¿Por qué debería esconderme?”. Para una institución construida sobre el testimonio moral, su desafío resuena mucho más allá de los muros de un convento en Kerala, llegando a la esencia de cómo se entienden la autoridad, la rendición de cuentas y la dignidad humana en la Iglesia actual.
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