Oficina de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española presentó su primer informe Foto: Conferencia Episcopal Española

Iglesia española da a conocer datos sobre persecución anticristiana. Investigación independiente confirma indiferencia de gobierno de izquierda

La controversia se centra no solo en el número de ataques, sino también en si el sistema español identifica adecuadamente a las comunidades religiosas atacadas. Organizaciones de la sociedad civil argumentan que, sin una categoría específica para los delitos de odio anticristiano, las autoridades no pueden evaluar con precisión la magnitud del problema ni diseñar una respuesta eficaz.

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(ZENIT Noticias / Madrid, 19.11.2026).- España se enfrenta a un nuevo escrutinio sobre cómo registra la hostilidad hacia los cristianos, después de que un nuevo informe de la Conferencia Episcopal documentara 131 incidentes que podrían implicar violaciones de la libertad religiosa en 2025, mientras que organizaciones europeas de monitoreo argumentan que el odio anticristiano permanece prácticamente invisible en las estadísticas oficiales del gobierno.

La controversia se centra no solo en el número de ataques, sino también en si el sistema español identifica adecuadamente a las comunidades religiosas atacadas. Organizaciones de la sociedad civil argumentan que, sin una categoría específica para los delitos de odio anticristiano, las autoridades no pueden evaluar con precisión la magnitud del problema ni diseñar una respuesta eficaz.

La Oficina de Libertad Religiosa de la Conferencia Episcopal Española presentó su primer informe sobre estos incidentes el 19 de noviembre, durante la asamblea plenaria episcopal. El documento, elaborado principalmente a partir de informes de prensa e información proporcionada por algunas diócesis, registró 131 incidentes el año pasado, si bien sus autores reconocieron que las cifras aún están incompletas, ya que no todas las diócesis han facilitado información.

Los incidentes más comunes fueron los robos, que representaron 56 casos. El informe también identificó 12 casos de vandalismo, 11 casos de presunta difamación por ejercer la libertad de expresión y nueve incidentes relacionados con amenazas, ataques a lugares de culto o profanación de tumbas e imágenes religiosas. Se registraron siete casos de agresiones físicas y siete de profanación de sagrarios, mientras que seis incidentes correspondieron a presunta difamación por expresión artística. No se registraron asesinatos ni incendios provocados.

Las cifras son considerablemente inferiores a los 173 incidentes reportados por el Observatorio Español de Libertad Religiosa y de Conciencia durante el mismo año, lo que pone de manifiesto las dificultades para recopilar datos fiables cuando los mecanismos de denuncia y las clasificaciones difieren.

El padre Rafael Vázquez, oficial de la Conferencia Episcopal, calificó el informe de significativo, aunque no exhaustivo, y afirmó que la Iglesia debe prestar mayor atención a los delitos que a menudo no se denuncian. Reconoció la reticencia que existe en algunos círculos católicos a presentar denuncias y pidió mayor sensibilización y formación para los funcionarios diocesanos sobre cómo denunciar incidentes y seguir los procedimientos recomendados por las autoridades.

La iniciativa de los obispos surge en medio de las críticas del Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa (OIDAC), que argumenta que las estadísticas oficiales españolas sobre delitos de odio distinguen entre incidentes antisemitas y antimusulmanes, pero carecen de una categoría específica para los delitos dirigidos contra cristianos.

El OIDAC registró 2.465 delitos de odio anticristianos en toda Europa en 2025, en comparación con 2.211 en 2024 y 2.444 en 2023. Francia, el Reino Unido y Alemania registraron las cifras más altas. Resulta especialmente preocupante el aumento de los ataques contra personas, que pasaron de 274 a 395 en un año, aproximadamente un 44 %. Solo en Francia se registró un aumento del 70 % en los delitos contra personas, mientras que los ataques físicos contra el clero y otros miembros del personal eclesiástico se cuadruplicaron.

El informe de la organización también documenta restricciones a la libertad religiosa que van más allá de la violencia física, incluyendo casos relacionados con el culto público, la evangelización, los símbolos religiosos, la libertad de expresión, la autonomía de la Iglesia, la objeción de conciencia, los derechos parentales y la educación religiosa. Asimismo, expresa especial preocupación por la discriminación contra los cristianos por sus convicciones sobre el matrimonio, la sexualidad y la protección de la vida no nacida, así como por los procesos penales derivados de la oración pacífica y la expresión religiosa.

La controversia en torno al marco estadístico español se ve reforzada por las cifras presentadas a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) por organizaciones de la sociedad civil. Su informe de 2025 registra 188 incidentes de odio en España, denunciados por organizaciones no gubernamentales, de los cuales 113 —alrededor del 60%— fueron clasificados como anticristianos. El mismo conjunto de datos incluye 23 incidentes antisemitas y 26 antimusulmanes. Ocho de cada diez ataques anticristianos tuvieron como objetivo propiedades, incluyendo iglesias, imágenes religiosas y monumentos, si bien también se documentaron agresiones, intimidación y amenazas contra sacerdotes y comunidades cristianas.

Por su parte, las cifras oficiales españolas citadas por el Observatorio de la Libertad Religiosa y de Conciencia enumeran 69 incidentes antisemitas, 35 antimusulmanes y 75 casos categorizados de forma general como relacionados con creencias o prácticas religiosas, sin especificar cuántos tuvieron como objetivo a cristianos.

La presidenta del observatorio, María García, argumenta que esta omisión crea un criterio de reconocimiento desigual. Si las autoridades identifican el antisemitismo y la islamofobia por separado, afirma, la hostilidad anticristiana también debería registrarse en una categoría propia, sin quedar subsumida en una clasificación religiosa general. El objetivo, insiste, no es un trato preferencial, sino la igualdad de visibilidad y protección.

El debate ha adquirido una dimensión europea tras una resolución del Parlamento Europeo que solicita la creación de un coordinador dedicado a combatir el odio anticristiano, similar a las organizaciones existentes que abordan el antisemitismo y la hostilidad antimusulmana. La resolución citaba la magnitud de la persecución mundial contra los cristianos, que se estima afecta a más de 380 millones de personas.

Los obispos españoles no han llegado a calificar formalmente los incidentes en el país como «cristianofobia». Vázquez afirmó que el término se aplica claramente si se entiende como hostilidad o ataques dirigidos contra personas por ser cristianas, pero declinó respaldar una interpretación más amplia que implique un fenómeno ideológico coordinado. La Real Academia Española ha incorporado recientemente el término a su diccionario, definiéndolo como aversión al cristianismo, a los cristianos o a lo cristiano.

La distinción entre documentar la hostilidad y determinar sus causas ideológicas sigue siendo importante. El robo, el vandalismo, las amenazas, la discriminación y la violencia no necesariamente comparten el mismo motivo, y una información precisa debe evitar confundir la delincuencia común con los ataques por motivos religiosos. Sin embargo, la ausencia de una categoría específica puede dificultar la identificación de patrones desde un principio.

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Redacción Zenit

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