SANTIAGO DE CHILE, 19 julio (ZENIT.org).- El arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia Episcopal Chilena, monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, se reunió con el subsecretario General de Gobierno, Claudio Huepe, para solicitarle formalmente que acoja el pedido realizado por Juan Pablo II con motivo del Jubileo del años 2000 para conceder la reducción de penas a algunos reclusos en el país.
Según señaló el prelado, en declaraciones publicadas por la agencia de noticias AICA, Huepe indicó que el gobierno es favorable a esta petición de la Iglesia, pero solicitó al episcopado dirigirse al Congreso para asegurar el consenso necesario y proceder con la decisión.
«Valoramos la opinión de la Iglesia de tomar la iniciativa, de tomar contacto con los distintos grupos políticos para buscar una solución, y que esta propuesta sea también asumida por los partidos de gobierno y oposición», indicó Huepe.
«Una vez que la Iglesia realice las gestiones, se verá la respuesta de los parlamentarios y a lo mejor la solución podría llegar después de estas elecciones», señaló el funcionario, al referirse a las elecciones municipales que se realizarán dentro de tres meses. La idea de la Iglesia llega al gobierno en momentos en que el hacinamiento penal es una de las principales preocupaciones de las autoridades, ya que las cárceles chilenas poseen una sobrepoblación del 40 por ciento.
El titular de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que el Poder Ejecutivo sólo está estudiando el conceder algún beneficio a reos de muy bajo nivel delictivo con el propósito de que, en caso de que la iniciativa prospere, «no se afecte en absoluto la seguridad ciudadana».
El director nacional de Gendarmería, Hugo Espinoza, explicó que las estadísticas del servicio carcelario indican que cerca de cuatro mil personas califican en la categoría de reclusos de baja peligrosidad. «El gobierno a partir de ese universo debe realizar un estudio pormenorizado para determinar quiénes se quedan recluidos, salen libres o reciben una rebaja de su condena».
Para otorgar un beneficio penal a los cuatro mil reclusos de baja peligrosidad se estudian tres alternativas: rebajar las condenas en dos o tres años a los reos por delitos menores (propuesta apoyada por la Iglesia); cambiar la pena, que consiste en conmutar el presidio por algunas sanciones en el medio libre como trabajo en beneficio de la comunidad o
restricción horaria; indultar caso por caso, método que consiste en que el Gobierno deje en libertad a los reclusos de baja peligrosidad mediante el indulto individual.
