10 mar 2001 (ZENIT.org).- Estados Unidos ha publicado recientemente sus informes sobre el desarrollo del año 2000 en las áreas de derechos humanos y droga. El primero, dado a conocer el 26 de febrero por la Oficina del Departamento de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, es la última edición de una serie que empezó en 1977 con el primer informe del país sobre derechos humanos.
Desde entonces, el objetivo de los informes se ha ampliado, y en 1998 el Congreso estipuló que se debería publicar también un informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo, que se suele dar a conocer en septiembre.
En su revisión de la situación del año pasado, el Departamento de Estado señaló un número de elementos positivos: la votación en Yugoslavia, que despojó del cargo a Slobodan Milosevic; el progreso en Nigeria; un acuerdo de paz firmado entre Etiopía y Eritrea; la elección, por primera vez en la historia moderna de México, de un candidato de un partido de oposición como presidente: Vicente Fox.
Hubo sin embargo algunas tendencias negativas. El Departamento de Estado señaló a China por el empeoramiento, el año pasado, de su ya pobre nivel en materia de derechos humanos. Burma y Corea del Norte fueron también objeto de críticas por la supresión de los disidentes. Mientras que, en Afganistán, «los talibanes continuaron estando entre los mayores violadores de derechos humanos», según el informe. Otros países mencionados como especialmente represivos fueron Cuba, Bielorrusia y Turkmenistán.
En el campo de la libertad religiosa, el Departamento de Estado se refirió al informe del pasado septiembre en la materia e indicó que todavía hay represión religiosa y discriminación en todo el mundo. Las más graves, según este informe, se darían en Burma, China, Irán, Irak y Sudán.
Se ha observado un desarrollo más positivo en la protección de la infancia.
El año pasado, más de 50 países ratificaron la Convención de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (Convención 182), la aprobación internacional más rápida de una convención en los 81 años de historia de la organización.
En el campo del tráfico de personas, el Departamento de Estado constató que es «un problema global que está aumentando rápidamente y afecta a países y familias de cada continente». Las mujeres y los niños son especialmente vulnerables al tráfico humano. Este abuso ha crecido significativamente en los últimos años y es una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales internacionales, debido, en parte, a su bajo riesgo y alto beneficio, indica el informe. El número de afectados es difícil de calcular y las estimaciones fidedignas «van de las 700.000 a los dos millones de personas objeto de tráfico en el mundo cada año».
Detalles de algunos países
En el examen pormenorizado de cada país, el departamento de Estado acusó al Gobierno chino de «numerosas violaciones graves». El informe afirma que se ha intensificado la represión contra la religión y que miles de instituciones religiosas no registradas han sido cerradas o destruidas. En el caso del movimiento Falung Gong, cientos de sus dirigentes fueron encarcelados y miles de seguidores están detenidos o fueron sentenciados a la reeducación mediante campos de trabajo, o internados en instituciones mentales.
En cuanto a Vietnam, el informe afirma que su «nivel de derechos humanos sigue siendo bajo» y aunque se han registrado avances en algunas áreas, «persisten problemas serios». Vietnam fue denunciado por seguir reprimiendo libertades políticas y religiosas fundamentales y, añade el informe, el poder judicial no es independiente. Según el departamento de Estado, el Gobierno «restringe significativamente la libertad de expresión, de prensa, de reunión y de asociación».
Cuba fue también criticada con dureza y catalogada en el nivel bajo de derechos humanos. El informe indica que los derechos civiles y políticos fundamentales no se respetan y que las condiciones en las prisiones son nefastas. En cuanto a la religión, el Gobierno permitió la entrada al país de dos nuevos sacerdotes como profesores en un seminario, y se autorizó a otros dos a reemplazar a dos presbíteros cuyos visados no fueron renovados.
Sin embargo, el informe observa que las solicitudes de muchos sacerdotes y trabajadores religiosos siguen pendientes y que algunos visados se emitieron por periodos de sólo tres o seis meses.
Además de criticar a los países que tienen relaciones difíciles con Estados Unidos, el informe anual también indica fallos en los derechos humanos en aquellos considerados aliados. Por ejemplo, en Colombia, donde el Gobierno estadounidense autorizó un paquete de medidas de 1,3 mil millones de dólares para luchar contra el tráfico de droga, el Departamento de Estado constata que muchos han criticado al Gobierno de aquél país por su falta de esfuerzo en combatir las violaciones a los derechos humanos de los grupos paramilitares.
El informe afirma que las fuerzas armadas y la policía cometieron serias violaciones de los derechos humanos en el año estudiado. Y en general el Gobierno fue acusado de un nivel bajo de derechos humanos.
El Departamento de Estado se mostró igualmente crítico con algunos aspectos del trato del gobierno de Israel a sus grupos minoritarios. El informe afirma que la policía empleó excesiva violencia para reprimir las protestas y que en varias ocasiones la policía no protegió vidas y propiedades árabes de los ataques de ciudadanos judíos.
Asimismo el documento denuncia poco progreso en la reducción de la discriminación legal y social contra los ciudadanos cristianos, musulmanes y drusos de Israel, que constituyen más del 20% de la población.
Reacciones al informe
Algunos países no han acogido favorablemente el informe, como por ejemplo China y Vietnam, que han acusado a Estados Unidos de interferir en sus asuntos. De hecho, China emitió un informe propio sobre la situación de los derechos humanos en Estados Unidos, en el que critica cuestiones como el trato a las minorías étnicas y el número de asaltos a mano armada.
En respuesta, un editorial del «Washington Post» (5 marzo) comentaba que «casi todas las fuentes del documento chino eran estadounidenses». «Cuando los ciudadanos chinos puedan deplorar públicamente sus propios problemas -seguía el editorial- las críticas de su Gobierno a los demás tendrán más peso».
La guerra a la droga
El segundo informe emitido por el Departamento de Estado llegó el 1 de marzo con la publicación del estudio anual de certificación de drogas. El presidente Bush declaró que México, Colombia y otros 18 países productores de droga están cooperando en el esfuerzo de suprimir las drogas, lo cual habilita al Gobierno a seguir ayudando a estos países. Sólo Myanmar y Afghanistán fueron denunciados por su falta de cooperación, y por lo tanto no pueden ser objeto de ayuda.
El informe declara que el logro más notable del año fue mantener todo el área andina de plantaciones de coca lejos de una expansión significativa.
Las reducciones espectaculares en dos de los mayores países cultivadores de coca, Perú y Bolivia, fueron compensadas con un 11% de aumento de cultivos en Colombia. Otro importante logro registrado fue la virtual eliminación de amapolas productoras de opio en Paquistán.
Las reacciones anteriores de otros países a este examen de la cooperación estadounidense en la guerra contra la droga han sido muy hostiles. El «New York Times» (2 marzo) citaba al presidente Fox de México, «que calificó el proceso de farsa».
Sin embargo, según «Los Angeles Times» (2 de marzo) Rand Beers, jefe de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Ejecución de la Ley, del Departamento de Estado, defendió la
Certificación. «Antes del plazo del 1 de marzo para la certificación de cada año, hemos visto países que introducen legislación, aprueban leyes, erradican cultivos de droga y capturan magnates de la droga en paradero desconocido», dijo.
Claramente estos informes están realizados desde la perspectiva estadounidense. Pero son fuente de información útil para personas y grupos que trabajan en estos campos.
